Cristián Venegas M.

En abril pasado la Sociedad de Femento Fabril (Sofofa), gremio que representa a 4 mil empresas del sector industrial chileno, designó como su secretario general a Rodrigo Yáñez, quien fue ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales en el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

El abogado antofagastino, de visita en la región, se refirió al proyecto de ley del Gobierno que buscará implementar las negociaciones colectivas ramales en el país. Así como a los permisos sectoriales y a la Reforma a la Ley 19.300.

¿Qué se entiende por una negociación multinivel o ramal?

-Lo que busca es la negociación colectiva a nivel de sectores económicos, del retail, minería, y en el fondo el detalle de cómo lo está pensando el Gobierno todavía no lo sabemos, pero lo que nos preocupa es la rigidez y la conflictividad que se puede generar entre trabajadores y empresarios, porque la unidad donde conviven los intereses, las realidades y las sensibilidades, es la empresa. Entonces, cuando se lleva esto a un nivel que se combina tan centralizadamente, una central o una agrupación de sindicatos, se pierde la conexión entre el empleador y el trabajador en esa unidad más inmediata que es la empresa.

Además en Chile existe un sistema laboral que va avanzando a ser cada vez menos flexible y en los países donde existen negociaciones ramales, se negocian aspectos o acuerdos de flexibilidad y eso en Chile no existe porque es un sistema, además de legalista, que avanza en un sentido de ir rigidizando la relación laboral y concibiendo un trabajado únicamente sujeto a jornada o en que se pueda marcar tarjeta.

¿Cuáles son las mayores preocupaciones de Sofofa sobre esta modalidad?

-Lo que nos preocupa es justamente la fuerza laboral que van a necesitar las empresa en el futuro y eso tiene una serie de amenazas o desafíos, uno es el crecimiento de la población, la incorporación de la mujer que todavía sigue siendo terriblemente baja. Incluso si lo llevamos a la informalidad, el trabajo informal está en su nivel más alto en la historia, que es de un 30%.

Lo otro es la brecha que se está generando justamente en conocimiento para esos trabajos del futuro, producto de la automatización y como se genera esa reconversión, y muchas veces esas reconversiones, se van a producir hacia trabajos que requieren una flexibilidad y compatibilizar intereses de los trabajadores distintos a los de trabajadores sujetos exclusivamente a una jornada.

Entonces, volviendo al tema de la negociación multinivel, nos preocupa justamente eso, que se avance en rigidizar la relación, en alejar al trabajador del empleador para efecto de conversar de los intereses recíprocos que se tienen.

En tercer lugar, como en esto se negocian aspectos como el sueldo mínimo, las empresas grandes no van a tener, probablemente, un problema con ese tipo de discusiones, pero como se abarcan sectores económicos completos, el tema es como los trabajadores de empresas medianas o pequeñas, o aquellos trabajadores que no van a quererse estar en un sistema tan rígido, pueden preferir la informalidad y hoy, en el contexto de inseguridad y crimen organizado que tenemos, son pilares importante de ese tipo de negocios y eso es algo que hoy en día nos preocupa y lo que tenemos que avanzar es hacia formalizar más el empleo, que va a requerir reglas de mayor flexibilidad, de pensar fuera de la caja y no de hace 100 años atrás.

¿Qué escenarios se podrían dar bajo esta forma de negociar?

-Es difícil intentar forzar y equiparar las realidades que tienen distintas empresas, distintos trabajadores y en distintas partes del país, la sociedad es cada vez más diversa en Chile y, por lo tanto, los trabajadores son diversos y existe un tema generacional, de los resultados de distintas empresas que no son todos iguales y un escenario donde el sistema laboral es rígido.

En ese contexto, se genera una suma que puede hacer a nuestro mercado laboral extremadamente lento, para poder reaccionar y adaptarse y eso es un habilitador muy importante del crecimiento.

Acelerar inversiones

¿Cuál es la posición de Sofofa de los permisos sectoriales?

-Celebramos y valoramos que hoy sea una prioridad en la Agenda del Gobierno, y de la Agenda Económica. Sofofa y los distintos gremios de la CPC (Confederación de la Producción y del Comercio) están muy alineados con apoyar el destrabar iniciativas importantes de inversión y hemos participado en los gabinetes procrecimiento.

En esto creo que hay que ser muy claros: el sector privado necesita que estos proyectos, y en particular el de Permisos Sectoriales, se apruebe con una Ventanilla Única y que tenga dientes y cuando digo dientes, quiero decir una institucionalidad donde los distintos servicios respondan, cuando se vislumbre que existe un cuello de botella o retrato no justificado en los avances de los permisos, resguardando efectivamente los distintos temas que cada servicio cubre, sea ambiental u otro.

¿Respecto de la Reforma a la Ley 19.300 (sobre bases generales del medio ambiente)?

-En el caso de la Ley 19.300, si bien el principio va en la misma línea, nos preocupan algunos aspectos que de no ser corregidos, consideramos que van a generar un efecto contrario al que se busca. Por ejemplo, la valoración de la dinámica de la carga de la prueba, las atribuciones que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, la alineación del Consejo de Ministros, lo que puede, no necesariamente significar reponer el Consejo de Ministros, pero sí recoger sensibilidades distintas a las estrictamente ambientales y eso tiene que ver con sostenibilidad y una perspectiva de desarrollo que nos preocupa mucho que quede en manos exclusivamente del MMA.

Por lo tanto, la incorporación de una visión técnica en esto es muy bienvenida, pero efectivamente esto se tiene que generar también en términos de gobernanza, incentivos, algo que permita que de manera temprana, por ejemplo a través de la participación ciudadana temprana, que el inversionista tenga la información necesaria para decidir si avanzar o no con un proyecto. Hoy en día el problema que tenemos, es que el sistema exige, a nivel de detalles, un nivel de inversión por parte de los titulares de los proyectos demasiado alto, para tener que esperar cuatro años y que les terminen diciendo que no.

Entonces debe existir un alineamiento de incentivos, como existen en otras partes, donde el titular presenta un proyecto, se activa una participación ciudadana, que permite que los incentivos estén puestos y que no se castigue a las empresas que apuestan por iniciar la tramitación de un proyecto.