La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) inició ayer peritajes en un domicilio de la comuna de Villa Alemana, luego de que Hugo Bustamante, conocido como el "asesino del tambor" y condenado por el crimen de Ámbar Cornejo, confesara otros dos homicidios

Según publicó Ciper, Bustamante dio a conocer su vinculación con otros dos asesinatos ocurridos en 1996: el de Elena Hinojosa y Eduardo Páez, desaparecidos desde entonces. Esto lo informó a Gendarmería y posteriormente fue puesto en conocimiento del Ministerio Público.

Los peritajes son realizados por la unidad especializada de la PDI y Labocar de Carabineros en el domicilio de calle Covadonga 641, mismo lugar donde fue encontrada Ámbar Cornejo.

El subprefecto Víctor Salazar, jefe de la BH Valparaíso, explicó que las diligencias son "de orden investigativo, esto por información y antecedentes que aportó Gendarmería y personal de prensa, motivo por el cual el Ministerio Público nos solicitó como Brigada de Homicidios que realizáramos diligencias".

Actualmente Bustamente cumple condena de presidio perpetuo calificado por el homicidio con violación de Ámbar, además de otra sentencia a 27 años por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.

Este caso se registró a mediados del 2020 y generó gran conmoción tras conocerse que la muchacha de 16 años fue desmembrada y enterrada en su propia casa. Lo anterior, con ayuda de la madre de la víctima, Denisse Llanos.

Pero este no fue el primer caso. Bustamante se hizo conocido por el doble homicidio de su pareja y el hijo de ella, Verónica Vásquez (49 años) y Eugenio Honorato (9), en 2005, cuyos cuerpos los escondió en un tambor. Entonces fue condenado a 27 años de cárcel, pero obtuvo la libertad tras 11 años preso.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, designó al jefe del Ministerio Público en Atacama, Alexis Rogat, para encabezar una investigación penal dentro de dicha institución por la polémica liberación bajo fianza de cinco miembros del Tren de Aragua acusados de secuestro, resuelta por el Juzgado de Garantía de Los Vilos el lunes pasado con severas críticas hacia el trabajo del ente persecutor.

Se informó que "la investigación se da inicio por una denuncia interpuesta por el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Los Vilos, Patricio Jory, en contra del abogado asistente de esa fiscalía, Luis Alejandro Soto Pérez, por hechos eventualmente constitutivos de delito ocurridos en la audiencia".

La cuestionada decisión fue dictada por la jueza Daniella Pinto, luego de que la defensa de los imputados ofreciera pagar una caución de cinco millones de pesos por cada uno a cambio de la adopción del arresto domiciliario, firma mensual y arraigo.

La magistrada concedió la rebaja y la sustentó en que el Ministerio Público no aportó mayores antecedentes respecto de la peligrosidad de los sujetos, fustigando directamente el actuar "impresentable" del fiscal Jory, así como del abogado asistente, quien no conocía "cabalmente" la causa.

También se generó un manto de duda debido a que el Ministerio Público no apeló en la misma audiencia contra el fallo, incrementando la polémica ya que, aunque la Corte de Apelaciones de La Serena accedió a revertirlo el miércoles, hasta el momento no se ha dado con el paradero de todos los involucrados: solo dos se han entregado, uno el jueves y otro ayer.

Poco antes de que se publicara la apertura de una investigación penal, el fiscal Valencia alertó en radio Agricultura que el abogado Soto pudo "haber sido víctima de amenazas".

Mea culpa

Paralelamente, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se hizo cargo de los errores que cometió la Fiscalía de Los Vilos, la cual envió al abogado asistente Luis Soto en su representación a la audiencia de revisión de medidas cautelares en este caso.

"La Fiscalía Regional de Coquimbo ha dispuesto la realización de una investigación administrativa en la Fiscalía de Los Vilos ante lo ocurrido en la audiencia de revisión de medidas cautelares en una causa de imputados por secuestro en dicha localidad", dijo Cooper.

"Junto con esa medida administrativa para ver qué ocurrió al interior de la Fiscalía, y que nos hacemos cargo, tomamos decisiones rápidas respecto a la causa misma", afirmó el persecutor.

"Ese mismo día se procedió a presentar un recurso de apelación ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, recurso que fue acogido y que revocó la decisión judicial inicial", argumentó el fiscal regional.

Sobre el tema, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo ayer que "esos errores no son permisibles. Errores de esta naturaleza pueden afectar severamente la seguridad del país, la confianza del país, las instituciones y por lo tanto tienen que ser asumidos como errores graves y respecto a los cuales las instituciones tienen que abrir investigaciones y aplicar sanciones si corresponden", sentenció la autoridad.