La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó ayer que Chile tiene 28 mil órdenes de expulsión pendientes y reconoció que no se tiene "ningún control de donde están, no sabemos nada de ellos".

La jefa de gabinete participó en una reunión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que evalúa posibles deficiencias en la inteligencia del Estado para afrontar el crimen organizado. En su intervención señaló que "Chile tiene acumuladas 28 mil órdenes de expulsión (…) Además el número expulsado no es un número fijo, se van decretando nuevas expulsiones".

En ese sentido señaló que "esto tiene una dinámica, no es un stock, es un flujo, entonces van entrando nuevos expulsados, van expulsándose personas, pero el ritmo hoy día está lejos de ser suficiente para expulsar a todos los expulsados del año e ir acortando el stock acumulado anterior, que no es de este Gobierno, es acumulado por la historia de la historia".

"Hay 28 mil personas en Chile que están con orden de expulsión, algunos de ellos hace ocho años, y están circulando por el territorio nacional. Mientras no se ejecute esa expulsión no tenemos ningún control de dónde están, no sabemos nada de ellos", concluyó la ministra.

Tras lo informado, el diputado Rubén Oyarzo (IND) dijo que citará al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, "para que venga a dar las explicaciones correspondientes y cuáles son las medidas que se están tomando". Agregó que espera que en su Cuenta Pública de mañana el Presidente Gabriel Boric " nos dé cuáles son los mecanismos para que de una vez por todas solucionemos el problema de los pasos no habilitados y las migraciones".

Por su parte la senadora RN Paulina Núñez dijo que hay "una falta de diligencia" del Gobierno por no saber "dónde están esas personas ni tener ningún grado de control sobre ellas (...) Si el Gobierno no tiene idea de quiénes están en Chile con orden de expulsión, difícilmente van a hacer su trabajo, que es forzar la salida de estos personajes, que regresen a su país y no sigan estando acá, en especial aquellos que eventualmente terminan cometiendo delitos".

La Contraloría General de la República ofició ayer a los ministerios del Trabajo y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) para que entreguen información sobre un spot publicitario difundido por la Subsecretaría de Previsión Social y que defiende la reforma de pensiones.

Luego que La Segunda dio a conocer que el spot de la campaña "Mejores pensiones para Chile" tuvo un costo de $47 millones, un grupo de diputados de Chile Vamos solicitó a la Contraloría que investigue el uso de recursos públicos, pues cuestionaron que se apunte a un proyecto que está en tramitación. "Es ilegal y arbitrario", señaló el jefe de banca de la UDI, Juan Antonio Coloma.

La Contraloría le solicitó al Gobierno entregar los antecedentes sobre esta pieza audiovisual, desarrollada por la agencia CyberCenter, que tiene un contrato por $430 millones con el Ejecutivo para realizar spots como el de las pensiones.

Sobre el oficio la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se preguntó en radio ADN que "cómo no va a tener derecho el Gobierno a contrarrestar esa ofensiva comunicacional de las AFP con la reforma de pensiones (...) Todo esto siempre está sujeto a la Contraloría y las normas y la jurisprudencia. Estos son proyectos que están sometidos a la aprobación del Congreso, que todavía no son leyes, eso lo dice el spot. Entonces, aquí no tenemos ni arrepentimiento, ni que pedir disculpas".