Lamentablemente, hablar hoy de inmigración es -para muchos- algo negativo, pues el fenómeno que recorre el mundo se está vinculando con el aumento en los delitos, en especial aquellos de alto impacto social.

El último informe del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), de marzo pasado, entrega datos en torno al arribo de extranjeros y los datos no pueden sorprender para el caso de la Región de Antofagasta. El territorio cuenta con la segunda cantidad de migrantes (6,7%), tras la Región Metropolitana (57,8%), según reporta un análisis.

En el período entre el 2013 y 2023 se solicitaron un total de 190.104 residencias temporales por extranjeros que declararon residir en la región de Antofagasta. El último año se solicitaron 7.955 residencias temporales, lo que representa un aumento del 24 % con respecto del año anterior, dice el informe.

De acuerdo al reporte del Sermig, la población de migrantes internacionales en la región en 2022 ascendía a 109.439. Una cifra que registra una sostenida alza desde 2018, cuando se reportaban 87.166 extranjeros en la región.

Las cifras pueden impresionar, pero no son inéditas. A inicios de siglo pasado, de acuerdo a datos oficiales, la población de extranjeros rondó el 30%, lo que confirma que Antofagasta ha sido siempre un territorio atractivo para las poblaciones de todo el mundo. Eso no podría negarse.

Y las razones que explican lo anterior se vinculan con la oferta de empleo aquí existente: En efecto, de las 190.104 solicitudes de residencia temporal en la región entre 2013 y 2023, el tramo de edad más prevalente corresponde a 18-29 años (42,3 %).

En momentos en que la seguridad se alza -con justificadas razones- en la preocupación principal de los chilenos, es aconsejable observar el fenómeno migratorio con calma y no caer en las caricaturas o lecturas fáciles, pero sí aprender a gestionar un fenómeno que -guste o no- está lejos de haber llegado a su final.

En la vibrante Región de Antofagasta, el costo económico del delito no es una estadística preocupante, sino un verdadero impuesto oculto que socava el desarrollo regional y la calidad de vida de sus habitantes. Este costo "defensivo" que se invierte para contrarrestar o prevenir el delito desvía recursos cruciales que podrían ser utilizados en áreas que mejorarían la calidad de vida de la ciudadanía, tales como la educación, la salud y el desarrollo urbano.

En términos del Índice de Progreso Genuino (IPG), que ajusta el Producto Interno Bruto (PIB) para reflejar factores que no corresponden al crecimiento económico real, el gasto defensivo se destaca como una resta clara del verdadero progreso económico.

En Antofagasta, el gasto en seguridad es alarmante. Datos recientes indican que el gasto privado y público en medidas de seguridad ha aumentado considerablemente. Las familias invierten hasta un 10% de sus ingresos en sistemas de seguridad para sus hogares, mientras que el gasto público en seguridad y justicia se ha incrementado en un 20% en los últimos cinco años, todo lo cual alcanza a cifras que superan los $ 196 mil millones de pesos para el año 2023. Estos aumentos, aunque reflejan una respuesta comprensible al miedo al delito, no necesariamente se traducen en un entorno más seguro ni en un desarrollo sostenible.

El impacto de estos gastos va más allá de los costos financieros directos. El "impuesto" del delito afecta la inversión económica y disuade a las empresas de expandirse o establecerse en la región, lo que a su vez afecta el empleo y la economía local. Más preocupante aún, estos gastos en seguridad privan a otros sectores críticos de fondos esenciales. Por ejemplo, la inversión en programas educativos que podrían ayudar a prevenir el delito desde sus raíces es frecuentemente vista como secundaria frente a las necesidades inmediatas de seguridad.

Es crucial que Antofagasta encuentre un equilibrio más estratégico y sostenible entre el gasto en seguridad y las inversiones en desarrollo social y económico. Si bien la seguridad es indispensable, las estrategias deben ser holísticas e incluir mejoras en educación, oportunidades económicas y cohesión social. Estas áreas, si se fortalecen, podrían reducir significativamente la necesidad de gastos defensivos al abordar las causas subyacentes de la delincuencia.

Para lograr un cambio real, es esencial que los líderes de Antofagasta consideren el delito y sus costos asociados no solo como un problema de seguridad, sino como un desafío económico y social integral. Solo entonces el IPG de la región reflejará un verdadero progreso hacia el bienestar y la sustentabilidad económica, transformando el "impuesto" del delito en una oportunidad para el crecimiento y la prosperidad.

Entre las ideas fuerza del ethos neoliberal la idea de emprendimiento es, quizá, una de las que mayor vuelo alcanzo. Reiterada hasta el cansancio en medios de comunicación, academia, foro y un cuanto hay. Esta idea de transformar a todos en empresarios a tenido consecuencias inesperadas, externalidades impensadas dicen los siúticos en sus análisis.

Uno de las expresiones más curiosas de este fenómeno es como la idea de emprender se trasladó a áreas en que jamás, en sus inicios, siquiera se pensó. El emprendimiento en la política.

Basta que, en cualquier partido, movimiento u otra forma de organización, aparezca alguien que piensa tiene características de líder, normalmente su abuelita o mama en su momento lo sugieren, para que este comience a buscar un par de seguidores que serán los entusiastas amplificadores de las extraordinarias virtudes del carismático en ciernes.

Lograda esta primera etapa que ya está conceptualizada como la construcción de un lote o fracción, la idea es escalar dentro de la estructura política que sirve de sopa primordial y desde allí empezar a visualizar que sector del estado requiere de los servicios de este líder que a estas alturas ya tiene fracción con nombre. Desde allí se inician las negociaciones con otros lotes, ojalá interesados en otros servicios, y así se avanza en la búsqueda de sociedades que permitan asumir el máximo de áreas del cuerpo estatal.

En la cumbre ya se inician tratativas con bloques que desde otros partidos y movimientos van estructurando una empresa intersectorial con capacidades de asumir el máximo del aparato estatal.

Estos seis u ocho líderes más sus respectivos séquitos que alcanzan el número de treinta y algo, dependiendo de la región, ya están en condiciones de abordar la tarea de salir a buscar votos ya han generado jingles, impreso palomas, contratado volanteo, y organizado puerta a puerta. Sé generan los discursos necesarios y se sale en búsqueda de incautos. Una vez alcanzado el éxito ya se habrá conseguido empleo para los líderes y seguidores y cobrará sentido el emprendimiento firmando contratos por unos 4 años normalmente.

Hubo un momento en que en el país y la ciudad estas tareas se alcanzaban a través de la política, con ideas y proyectos que se debatían de cara a la gente no con el objeto de buscarse una pega si no para darle conducción a proyectos de País y ciudad que buscaban el bien común, una idea de futuro que no se agotara en como estar más seguros, sino que mejores.

Esa forma de ser ciudadanos sufrió un profundo desprestigio a un grado tal que hoy preferimos jugar a ver que grupo se queda con las pegas y muestra el gato sin exigir ni mínimamente que generen una idea, aunque sea básica de ciudad región y país. Somos finalmente neoliberales hasta en la política.