El sistema de televigilancia, que se mantiene desde hace unos dos años fuera de operaciones en la ciudad, se ha posicionado como factor de debate en medio de la expansión delictual y crisis de seguridad.

Según fuentes vinculadas a investigaciones policiales, el sistema de cámaras de televigilancia controlado desde la Central de Comunicaciones (Cenco) de Carabineros permanece sin funcionamiento desde hace unos dos años. Este sistema de monitoreo, que consistía en unas 35 cámaras, operaba con recursos del municipio destinados a la gobernación regional de la época. Esta entidad se encargaba de su mantención y también operación en dependencias de Cenco, mediante la labor de cuatro funcionarios de civil. La mayoría personal en retiro de Carabineros.

Katherine López (UDI), exgobernadora de la provincia de Antofagasta durante 2018 y 2020, detalla que la importancia en el empleo de las cámaras de televigilancia radica en que otorgan una cobertura de cuatros cuadras de extensión. Debido a este alcance, según comenta, el empleo de uno de estos dispositivos puede abarcar la labor de ocho carabineros en rondas de vigilancia en estos sectores, que podrían hoy destinarse a otras funciones. "Una de las dificultades que se le ha presentado a Carabineros para actuar con rapidez, eficiencia y prevención de los delitos consiste justamente en la falta de cámaras. Varias veces fui a ver esos procedimientos en la sala de operaciones. Se prevenía y detenía delitos infraganti. Era una secuencia de cámaras principalmente en el centro".

"Hoy lo más importante y lo principal es tener voluntad política, para que el municipio trabaje en colaboración con la Delegación Presidencial, para que desde ahí surja la coordinación para generar los recursos y la gestión para administrar estas cámaras. En la parte más operativa sería necesario además buscar un alternativa para ampliar la sala de Cenco, porque ya con la cantidad de Carabineros a cargo de la central de llamadas, más el personal a cargo de las cámaras, el espacio ya estaba bien al límite cuando estaban en operación", dice López, quien agrega que a $100 millones ascendía la inversión anual para la operación de las cámaras.

Cien cámaras

El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz (Ind), plantea que el municipio presentó un proyecto para la habilitación de un sistema de televigilancìa, que abarca 100 cámaras por una inversión de $2.800 millones. Sin embargo este deberá licitarse nuevamente por dificultades surgidas con las bases del proceso. "Es un proyecto que por supuesto apoyamos, porque es muy relevante que se pueda brindar seguridad a la comunidad", comenta Díaz sobre una iniciativa que permitiría a Cenco acceder a los registros de esa red de vigilancia.

"Con respecto a las cámaras existentes, lo mínimo es que el plan de mantención debe extenderse. No puede haber descuido en estos temas, sobre todo frente a la grave crisis de seguridad que enfrentamos. Es por eso que yo he planteado esa crítica. Hay que escuchar bien que la ciudadanía está pidiendo que resolvamos los temas asociados a seguridad. Ahí debería ponerse el foco y el acento respecto de aumentar las mantenciones de lo que ya existen", apunta Díaz.

Pronta habilitación

La diputada Yovana Ahumada (Ind-exPDG) opina que debe agilizarse la puesta en marcha de este sistema de seguridad. "Para mí no es posible que cuando en el país estamos viviendo una crisis en materia de seguridad y la ciudadanía exige un mayor despliegue policial, en Antofagasta un recurso tan importante para apoyar la labor de Carabineros como son las cámara de televigilancia, no estén funcionando".

"Me parece increíble que cuando se entregan fondos públicos, sean sólo para la compra, pero ¿qué pasa con la mantención de las mismas para mantenerlas operativas? Aquí el alcalde debe explicar que pasó, porque claramente los antofagastinos hoy nos sentimos más vulnerables y los delincuentes más empoderados. Necesitamos que vuelvan a funcionar cuanto antes, porque esas imágenes se convierten en elementos probatorios de muchos delitos", dice Ahumada. Mientras que el diputado Jaime Araya (Ind-PPD), manifiesta que debe considerarse la omisión en la pérdida de funcionamiento de estos dispositivos. "En plena crisis de seguridad, con ejecuciones, homicidios, casa de tortura y una creciente industria de lavado de activos, tenemos autoridades que no entienden la gravedad del problema, que no se inmutan por los dramas que viven los habitantes de la ciudad y están pendientes de cualquier cosa en vez de trabajar para lo que fueron designadas", dice Araya al enumerar algunos de recientes casos policiales en la ciudad de Antofagasta.

"Que sacamos con aprobar leyes, entregar recursos, si hay quienes no se remecen con nada. Esto es un fracaso de la política, porque nos hemos permitido tener burócratas sentados en lugares de toma de decisión. Es hora que los partidos políticos respondan por las personas que instalaron en la región. Se necesita un gobierno claro en la importancia de la gestión pública, ojalá exista una orden clara del nivel central. Ojalá esto no sea como la promesa de pintar el centro de la ciudad", añade.

Nuevo sistema

La delegada presidencial regional, Karen Behrens, afirmó que el proyecto de nuevas cámaras también los ha involucrado como entidad. "Como Delegación, quisimos plantear una acción que involucrara tecnología de última generación, con cámaras de televigilancia con inteligencia artificial, que considera a las tres capitales provinciales, con 279 puntos de cámaras con reconocimiento facial mediante un sistema biométrico, y pórticos lectores de patentes en las rutas de ingreso y salida de Antofagasta, Calama y Tocopilla, que van a estar absolutamente vigiladas por este sistema. Lo que es importante para el control, la fiscalización y para las investigaciones de crimen organizado. Este proyecto, que tiene un costo aproximado de 20 mil millones de pesos, está en estos momentos, en formulación y revisión por parte del Gobierno Regional", explica.