Han comenzado a conocerse mayores detalles de los objetivos que pretendía la organización denominada el Tren de Aragua, megabanda criminal venezolana que ha pretendido instalarse en Chile, tal cual ya lo ha hecho en Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y Estados Unidos, en particular desde el año 2020.

En las últimas horas, hemos sido testigos del juicio realizado en el país, el cual desvela las intrincadas redes del crimen organizado, además de arrojar luz sobre los esfuerzos de las autoridades para lidiar con estos grupos. El caso contra Los Gallegos, el brazo operativo del Tren de Aragua, en la región de Arica, tiene ribetes que incluso parecen ficción.

La Fiscalía de Arica ha presentado un relato minucioso de cómo esta organización, desde su detección inicial en marzo de 2022 hasta su desarticulación en junio del mismo año, buscó expandir su influencia sobre la región. Las fases de exploración, penetración y consolidación delineadas por el fiscal nos sumergen en la meticulosa planificación de un grupo decidido a tomar el control absoluto, sin importar el costo humano o moral.

El testimonio revela una saga de violencia y corrupción, donde el tráfico de drogas, los homicidios, los secuestros y otras atrocidades eran solo las ramificaciones de una raíz mucho más profunda de codicia y poder. La estrategia de Los Gallegos, según se argumenta, estaba basada en el miedo y la coerción, elementos fundamentales en la conquista de territorio en el oscuro universo del crimen organizado.

En última instancia, este caso nos recuerda la importancia de la colaboración entre las autoridades y la comunidad en la lucha contra el crimen organizado. No es este el final de nada, sino un síntoma inequívoco de que el Estado debe prepararse para esta realidad.

En octubre de 2022 el Presidente Boric visitó nuestra ciudad y anunció a través de una radio "instruí que este mes, en octubre, se tiene que pintar todo el casco histórico y que no haya problema con las licitaciones; hay que mover todos los recursos para que se pinte todo el centro", asimismo en el marco de dicha visita el Gobierno comprometió, a través del Subsecretario del Interior y del Subsecretario de Obras Públicas, el mejoramiento inmediato de las instalaciones de Carabineros de Chile en La Negra, una petición que había formulado de manera reiterada el General Gonzalo Castro, como conocedor de la zona y como policía comprometido con la tarea de combatir el narcotráfico en la región, petición que como diputado hemos acompañado desde el primer minuto.

Han pasado casi dos años de los compromisos asumidos, los que naturalmente con el entusiasmo desbordante de la primera etapa de gobierno, se pretendieron materializar en tiempo récord, pero que la porfiada realidad se encargó de evidenciar como un desafío de gestión importante, y aquí estamos, con el centro sin pintar y La Negra en las mismas abusivas condiciones de octubre de 2022.

No se trata de apuntar responsabilidades, sino que de renovar la urgencia de poder mejorar las condiciones en las que prestan servicios los carabineros en La Negra, definitivamente en condiciones de una precariedad inexcusable, sin embargo puedo dar fe de los esfuerzos de los seremis de Obras Públicas y del propio Gobierno Regional por sacar adelante esta inversión.

Han existido innumerables obstáculos, extensos tiempos muertos e indefiniciones, todas lamentables y reales condicionantes, que a la fecha impiden contar con un espacio digno y adecuado para los funcionarios y funcionarias que se encargan de cumplir con la normativa de la Ley 20.000, con la especial particularidad que se trata del principal punto de incautaciones de drogas del país, tarea que se realiza todo el tiempo en condiciones climáticas extremas, las que caracterizan el desierto, intenso frío e intenso calor. Una mención especial para el equipo canino que apoya estas tareas, y que tampoco dispone de un canil de condiciones adecuadas.

Resulta evidente que el tremendo esfuerzo que lideran la Fiscalía Regional de Antofagasta, la Segunda Zona de Carabineros y la Región Policial de la PDI, constituidas como una barrera de contención para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico, requieren una activación y coordinación elemental por quienes estamos en el espacio de toma de decisiones sobre los recursos e inversiones publicas, que se ponga a disposición de concretar una mejora sustancial en el principal punto de combate al narcotráfico, como muestra de valoración del trabajo de fiscales y policías, pero también como una demostración de las capacidades del aparato público regional.