El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, afirmó ayer que "van a ser 114 conscriptos los que van a dejar la Brigada" Motorizada N° 24 "Huamachuco" del Ejército, en Putre, Región de Arica y Parinacota, debido al fallecimiento de Franco Vargas (19), durante una marcha de entrenamiento en la que sufrió un paro cardíaco, según la autopsia del Servicio Médico Legal (SML). A esto se suma que 45 jóvenes fueron internados por un cuadro viral y dos se provocaron autolesiones.

La autoridad señaló en radio Cooperativa que los soldados conscriptos para dejar la institución argumentaron "distintas causas, como médicas, económicas y por el shock que les ha producido esta desgracia", mientras realizaban el servicio militar, algunos de forma voluntaria, como Vargas.

"Tenemos que seguir lo que la legalidad nos obliga, que son los sumarios que se están haciendo, que se pasa a Justicia militar", agregó Eidelstein, aunque, como ocurrió con el resultado de la autopsia, "si las familias no quedan conformes, tienen todo el derecho de acudir a la Justicia civil para seguir los procesos y nosotros, en ese caso, por supuesto que los apoyaríamos".

La mamá de la víctima, Romy Vargas, se reunió ayer con la ministra de Defensa, Maya Fernández. Tras la cita, Vargas dijo a Mega que "quiero que se investigue lo más pronto y que paguen esos tipos, porque mi hijo suplicó por su vida y este tipo (el uniformado a cargo) lo golpeó y lo dejó morir como cualquier cosa".

Fernández, en tanto, señaló tras el comité político que, "dada la gravedad de los hechos, como Ministerio hemos adoptado todas las medidas que están dentro de las facultades que nos otorga la Ley. Hay investigaciones sumarias en curso, hay una investigación penal ante la Fiscalía Militar, hemos oficiado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe la presentación de acciones penales y, además, hemos solicitado a la Corte Suprema que designe a un ministro en visita de Corte de Apelaciones para conocer de estos hechos".

El subsecretario para las FF.AA. agregó que "el tema de fondo es que lo que pasó no es normal, no es un fenómeno de la naturaleza que uno no puede hacer nada contra eso, esto no es normal y tiene causas por las cuales se produjo, es muy importante investigar esas causas, no solo para tomar las medidas, para cambiar los protocolos, cambiar los procedimientos, sino que si hay causas, también cuáles son los responsables".

El Servicio Médico Legal indicó a La Tercera que "a la autopsia (de Vargas) no entró nadie externo, solo personal del SML. (...) Se hizo la autopsia normal, con todos los protocolos internos de realización. Se aplica el Protocolo de Minnesota cuando es solicitado por la Fiscalía. En este caso no se solicitó", agregó el organismo respecto a las convenciones en caso de eventuales torturas.

Ayer se retomó de manera semipresencial el juicio contra el clan de Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua en el norte de Chile, en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Arica, con 38 imputados que son acusados como autores de delitos de homicidio calificado, secuestros, porte de armas y tráfico de drogas, entre otros delitos.

La sala del tribunal penal retomó el proceso suspendido luego de que la Corte Suprema ordenara la realización de una audiencia de factibilidad técnica, en que se resolviera la forma de desarrollar la audiencia debido a las complejidades respecto al resguardo de la seguridad de los imputados y los intervinientes.

Luego de ese trámite se resolvió finalmente realizar el juicio oral de manera semipresencial, con los jueces y defensores penales públicos en la sala, y con los acusados, fiscal y abogado querellante vía telemática.

Hubo resguardos especiales de parte del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, cuyos funcionarios revisaron más temprano el tribunal junto a los perros antiexplosivos.

Sobre la posibilidad de que se vuelvan a presentar acciones legales que dilaten el proceso, el fiscal de Arica y Parinacota, Mario Carrera, dijo que "esperamos que no porque entendemos que ya la corte resolvió y el tribunal ya fijó todas las garantías".

Además confió en que durante las jornadas que dure esta etapa se tenga "una audiencia normal y que podamos, todos los intervinientes, ya empezar a trabajar en este juicio".

La indagatoria se inició en enero de 2022 e incluyó tres grandes operativos en Cerro Chuño. Para 11 de los 38 miembros de Los Gallegos que el Ministerio Público llevó a juicio solicita presidio perpetuo. Para los restantes está solicitando penas que suman más de 200 años de cárcel.