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Contraloría confirma irregularidades en Seremi de Cultura y remite antecedentes a la Fiscalía

INVESTIGACIÓN. Ente contralor detectó falta de justificación que respaldara el trato directo con proveedor, además del no cobro de multas por parte de la secretaría regional.
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Diversas irregularidades detectó la Contraloría Regional de Antofagasta en la seremi de las Culturas, debido a la contratación de los servicios al proveedor N.M.T. y su productora audiovisual y de publicidad, además de la profesional M.O.S., pareja de este último.

El objetivo del ente contralor fue revisar si se efectuaron supervisiones respecto a los servicios prestados; si se fundamentaban los tratos directos y asignaciones directas de recursos; si fueron revisadas las rendiciones de cuentas asociadas a los recursos, y si están acreditados debidamente los pagos efectuados por la seremi.

Denuncia original

Cabe indicar que las contrataciones quedaron plasmadas en una denuncia por acoso laboral presentada por la exjefa de gabinete del seremi del ramo, Claudio Lagos (FREVS), donde la otrora funcionaria asegura que recibió menoscabos del titular de la cartera, tras levantar los antecedentes de las eventuales irregularidades al senador Esteban Velásquez y a la presidenta nacional del partido, Flavia Torrealba.

En concreto, los antecedentes del documento explican que se investigaron las contrataciones de N.M.T., mediante tratos directos entre 2022 y 2023, para programas municipales de cultura, por un total de $9 millones; y la contratación por honorarios de M.O.S., pareja de N.M.T.

"Finalmente, se agrega en la denuncia, acusaciones de menoscabo laboral por parte de la autoridad de la entidad", en relación al seremi Lagos.

Resultados

En el informe final, la Contraloría advierte debilidades en la supervisión de la seremi sobre los servicios prestados por N.M.T., manifestando que, si bien existen tres actas de supervisión de la coordinación de ciudadanía cultural de esa entidad, "estas se enfocan en el desarrollo de las jornadas participativas, y no hacen alusión a la verificación del cumplimiento de los objetivos de la iniciativa para los cuales fueron entregados los recursos".

En esa línea, se agrega también que "para la compra a través del trato directo no se evidencian instancias de supervisión respecto de la ejecución de las prestaciones, advirtiendo solamente la emisión de un acta de recepción conforme de bienes y servicios por cada factura presentada por el proveedor".

En el siguiente punto, el ente contralor verifica que las resoluciones que aprobaron los tratos directos no estaban fundamentadas, como tampoco se acreditaron las motivaciones invocadas en aquellas.

La Contraloría Regional constata que tanto en la resolución que aprueba el convenio de colaboración con N.M. y en el respectivo convenio "no se mencionan los fundamentos que justifiquen la asignación directa del proyecto a dicha institución privada por parte de la Seremi, como tampoco se aportaron otros antecedentes que acrediten los motivos de esa elección".

La multa

Quizás el resultado más llamativo es la verificación que los informes entregados por el proveedor para cumplir con el trato directo fueron entregados posterior a la fecha acordada, "sin que esa entidad haya cursado multas por ese incumplimiento, que debieron alcanzar la suma de $1.800.000 en consideración al tope estipulado en el acuerdo contractual".

Por esto, la CRR mandata a la seremi a "acreditar el cobro y recaudación de las multas por la suma antes indicada, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe final, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. En caso de que lo anterior no ocurra, esta Contraloría Regional adoptará las medidas que en derecho correspondan".

En lo sucesivo a lo anterior, la CRR instruyó a la seremi "controlar la ejecución de los contratos y, en caso de detectar incumplimientos, iniciar oportunamente los cobros de las multas por incumplimientos y retrasos que sean determinadas, en base a las disposiciones que regulan tales adquisiciones".

Honorarios

Respecto a M.O.S. la Contraloría advierte la falta de acreditación de su prestación de servicios a honorarios, cuyo costo total fue de $2.681.991. "Así entonces, corresponde que la seremi remita los antecedentes de respaldo que den cuenta de las labores desarrolladas por la aludida servidora, en virtud del contrato a honorarios por la suma antes indicada, debiendo dar cuenta documentada de ello, en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción de este informe final, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. En caso de que lo anterior no ocurra, esta Contraloría Regional adoptará las medidas que en derecho correspondan.

El informe cierra con que "esta Contraloría Regional pondrá en conocimiento de la Fiscalía Local de Antofagasta del Ministerio Público el presente informe final de investigación especial para los fines a que haya lugar".

Consultado por el informe, el seremi Lagos declinó emitir comentarios para este artículo "puesto que hay una investigación en curso", según informaron desde su equipo de prensa. Desde la institución señalaron, además, que M.O. S. "no presta funciones" en la secretaría regional.

Hoy revisan cautelares de Paz Fuica

JUDICIAL. Actualmente la concejala está con arresto domiciliario.
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El Juzgado de Garantía revisará hoy a las 10 horas las medidas cautelares de la concejala Paz Fuica, actualmente con arresto domiciliario en medio de las investigaciones por fraude al fisco en el "Caso Convenios".

La audiencia se desarrollará luego de que la oficina de órdenes judiciales de la Tercera Comisaría de Carabineros informara al tribunal que la edil habría incumplido, al menos en tres ocasiones, la medida cautelar, al no responder los llamados de los funcionarios policiales.

Estos antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía, quienes solicitaron la revisión de las medidas preventivas.

La concejala Fuica ya había estado en prisión preventiva, luego de ser detenida en enero de este año en la arista de Democracia Viva, causa que incluye también a sus excompañeros de partido Daniel Andrade, representante de la fundación, y al exseremi de Vivienda Carlos Contreras.

En marzo, Fuica dejó el centro penitenciario luego de que se cambiara la cautelar a arresto domiciliario.