Tribunal decreta prisión preventiva a Daniel Agusto por fraude al fisco en el caso Comdes
JUSTICIA. Juez dio un plazo de 24 horas para que el exalcalde de Calama y exdelegado presidencial se presente en el Centro de Detención Preventiva. "No reconozco ninguno de los hechos imputados", señaló por redes sociales la exautoridad.
"Yo no tengo ningún inconveniente y voy a cumplir todo lo que usted estime pertinente y lo que el tribunal estime pertinente", con estas palabras recibió el exalcalde de Calama y exdelegado presidencial regional, Daniel Agusto, la medida cautelar de prisión preventiva decretada ayer en el Tribunal de Garantía de Calama por el delito de fraude al fisco y negociación incompatible en calidad de autor, en el denominado caso Comdes, donde se investiga la adquisición de un inmueble particular con fondos de la salud primaria, mientras Agusto ejercía como alcalde de Calama.
Luego de tres horas en el que se expusieron los antecedentes de los hechos a investigar, el juez de Garantía, Juan Pablo Gómez y accediendo a una petición del Ministerio Público, dispuso para el imputado la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga, además de arraigo nacional para el caso que no se presente ante el CDP.
Además, como el ahora imputado participó de esta audiencia de manera telemática, el juez entregó un plazo de 24 horas (desde las 15.30 horas de ayer), para que Agusto se presentará en le Centro de Detención Preventiva (CDP) más cercano a su dirección.
Si bien desde la Fiscalía se solicitó el arresto inmediato por el peligro de fuga o desacato, Daniel Agusto manifestó que ello no ocurrirá y que obedecerá a lo que se estableció como medida cautelar.
En tanto se estableció arraigo nacional y un plazo de 90 días para la investigación de este hecho.
Antecedentes
Según expusieron los fiscales Gabriel Zepeda y Cristián Aguilar en la audiencia de ayer, fue en junio de 2017 que la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) de Calama suscribió con el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) un convenio por $255 millones , el cual tenía por finalidad contribuir al fortalecimiento de la educación municipal.
Fue así como se creó un comité integrado por los exdirectivos de Comdes, Gregorio Rodríguez Jaure, Jubitza Tapia Pérez, Carlos Brito y María Calderón Calderón (todos formalizados en causa separada), habría definido que tales recursos serían empleados en la construcción de una clínica dental, disponiendo para estos fines la compra de una vivienda perteneciente a una sucesión hereditaria que integra, entre otros, la imputada Jubitza Tapia, prima de Daniel Agusto, y la madre de aquella, quien es tía con el exalcalde.
En reunión posterior, y ante la imposibilidad de usar los fondos ofertados por la entidad bancaria, los imputados habrían acordado financiar la compra del inmueble con fondos destinados a la salud primaria de la comuna, conocidos como "Fondos Pér Capita".
Es así que, no contando el proyecto de la Clínica Dental con la aprobación de las respectivas seremis o la intendencia, posteriormente se propone la creación de un "Centro de Integración Educacional", pero manteniendo la decisión de comprar el inmueble particular de vinculado a la prima hermana del ex alcalde, el cual termina siendo adquirido en la suma de $190 millones en enero de 2018, aún cuando la tasación de dicho lugar era de $150 millones.
Participación exalcalde
Con respecto al imputado Daniel Agusto, la Fiscalía sostuvo que, al momento de los hechos, éste ostentaba la función de alcalde de Calama y presidente de la Comdes, calidad en la que tuvo conocimiento del contrato de compraventa de la casa, en el cual interviene su familiar y que fue pagado con fondos de la salud municipal.
De esta manera -se indicó- Agusto habría desatendido obligaciones del artículo 61 de la Ley N° 18.883, como ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su dependencia, como también las obligaciones funcionarias del artículo 58 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el cual indica que el alcalde debe observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la Ley N° 18.575 y demás disposiciones especiales.
En este sentdo se indicó que pese a que la adquisición fue objetada por Contraloría, al no cumplir con lo que establece la ley, el jefe comunal no evitó que se concretará el contrato.
Reacciones
Una vez conocida la medida cautelar diferentes autoridades y políticos entregaron su opinión al respecto, uno de ellos es el senador de la Federación Regionalista Verde Social (FRSV), Esteban Velásquez, quien es uno de los querellantes de la causa.
"El tribunal, el juzgado de garantía, acoge la solicitud de formalización del Ministerio y probablemente considera tan serios los cargos, las acusaciones, los delitos en cuestión, que confiere la detención o la prisión preventiva por riesgo de fuga y peligro para la sociedad. Nos parece que son presentaciones y actuaciones contundentes del tribunal, lo que hace es que la comunidad comience a adquirir confianza nuevamente en que sí las instituciones pueden funcionar de manera adecuada cuando persiguen casos de corrupción".
En tanto, el senador independiente, Pedro Araya comentó que, "sin perjuicio de que aún restan algunas diligencias en el marco de la investigación, por el caso del ex alcalde de Calama, Daniel Agusto, quiero valorar el trabajo, serio y riguroso, que realiza la Fiscalía, donde, una vez más, demuestra que nadie está por sobre la ley, independiente de su posición social, económica o política".
Agregó que, "en este sentido, espero además que Chile Vamos recapacite, respecto a los candidatos que apoyan y llevarán a las elecciones de este año. A su vez, sería interesante que esta coalición, sobre todo Renovación Nacional, condenen, con la misma fuerza que lo han hecho en otras oportunidades, este caso en particular".
Finalmente, la exconcejala de Calama y una de las que presentó la denuncia cuando era concejal, Carolina Latorre, dijo tras conocer la medida cautelar que, "cuando se está en un cargo público y se administran las platas de todos los ciudadanos se debe hacer la pega bien con la mayor eficiencia, trasparencia y por sobre todo que las instituciones funcionen.
Añadió que, "lo ocurrido, el día de hoy (ayer) con la formalización y la prisión preventiva del exalcalde Daniel Augusto, como ciudadanos nos tiene expectantes por conocer la verdad de los hechos. Creo que esa es la única forma de recomponer la confianza municipal y con nuestras instituciones en general para poder mirar al futuro. Tenemos mucho que avanzar y todo parte desde la confianza, seguridad y la justicia", puntualizó Latorre.
Alcaldes en prisión preventiva
Daniel Agusto es el segundo alcalde de Calama al que se le decretó prisión preventiva, aunque en este caso, fue cuando Agusto ya no ejercía el cargo.
El primer alcalde de esta comuna que estuvo en prisión fue Edwin Rowe (PRSD), quien estuvo detenido en dos oportunidades. El primero fue en 2001, mientras estaba en ejercicio por tres causas y luego, en 2012 al igual que Agusto, por fraude al fisco y negociación incompatible. Rowe fue alcalde de Calama desde el 26 de septiembre de 1992 hasta el 17 de marzo de 2003
A nivel regional hay otros dos ediles a los que se le dictó prisión preventiva, Daniel Adaro y Karen Rojo, ambos exalcaldes de la comuna de Antofagasta.
Agusto: "Esto no es justicia"
En horas de la tarde de ayer Daniel Agusto se refirió a su formalización a través de redes sociales donde señaló: "Se ha concretado la injusticia más grande dentro de esta persecución escandalosa que he sufrido, Después de 6 años el Ministerio Público decide comunicarme estos argumentos sin objetividad, vulnerando todas mis garantías constitucionales y sin haber podido acceder a la carpeta investigativa, y en audiencia de hoy (ayer) el Juez, lamentablemente sin pruebas, confunde el conocimiento que yo tenía de un proyecto de clínica, con que sabía de la compra de la casa, cosa que no fue así", escribió. Agregó que, "reitero y enfatizo nuevamente con mucha fuerza, no reconozco ninguno de los hechos imputados, pues no tuve ninguna participación ni conocimiento en la compra de esa propiedad. Defenderé con todo y todos lo medios legales mi inocencia en el plazo de investigación decretado, por último como otro descriterio y tremenda injusticia más, no tiene ninguna explicación que hayan decretado la medida cautelar más gravosa, en circunstancias que para los autores decretaron solo arraigo", puntualizó.