El arqueólogo inglés señor McAllister ha descubierto en sus excavaciones en Jerusalén la antigua ciudad de los tiempos de Melquisedec, encontrándose en ella interesantísimos restos de casas y otros artefactos árabes, bizantinos, romanos y un verdadero tesoro de alfarería de gran valor arqueológico.
Anunciamos que en Calama se establecería el Destacamento de Montaña Número 1, compuesta de las siguientes unidades: Batallón de Andinos y Grupo de Montaña Número 1. Ayer el ministro de la Guerra, general Brieba comunicó telegráficamente al comandante general de armas de Antofagasta que vendrían en los próximos días de junio a instalar definitivamente el Destacamento de Montaña.
El triple asesinato de Carabineros en la comuna de Cañete, ubicada es la región de Biobío, ha conmocionado e impacto a todo el país. Estamos frente a terroristas y por tanto al fracaso de las medidas hasta ahora adoptadas. Tras el anuncio del presidente Boric de decretar duelo nacional y asegurar que no habrá impunidad con los responsables del vil y cruel atentado, diversas instituciones se han hecho cargo de las acciones concretas que les corresponden. El Congreso Nacional no es la excepción, obviamente le corresponde, pero llega tarde.
Hoy la realidad se impone, y desde el presidente de la República, pasando por la ministra vocera y la hoy presidenta de la cámara de diputadas y diputados el cambio de opinión, y esperamos de actuar, es evidente y los chilenos lo saben. Esto debe traducirse en acciones concretas, en poner discusión inmediata a proyectos de ley en los que venimos insistiendo hace meses e incluso años para que se transformen en mejores herramientas para enfrentar el terrorismo y el crimen organizado, la oposición siempre ha estado disponible a avanzar en estos temas y tenemos pleno entendimiento desde hace años de la urgencia de contar con una Ley de Inteligencia, moderna y actualizada, y una ley que regule las Reglas del Uso de la Fuerza, es decir, de la Fuerza Legítima del Estado. Sobre esta última se avanzará, al parecer, esta semana en el Congreso Nacional.
Hoy no tenemos dudas en qué tenemos que ocupar todas las capacidades del Estado para enfrentar la crisis de inseguridad. Pero para lograrlo, se requiere también de una conducción política y estratégica fuerte que entregue las herramientas necesarias y el respaldo político a nuestros funcionarios de las Fuerzas Armadas, y de Orden y Seguridad. En abril del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley para regular las reglas de Uso de la Fuerza para policías y militares con grandes falencias técnicas, discriminaciones arbitrarias y derechamente con artículos que resultan ser un retroceso a las garantías funcionarias que logramos con la Ley Nain-Retamal.
No podemos perder más tiempo ni quedarnos en las trincheras ideológicas, urge un cambio de enfoque en las reglas de Uso de la Fuerza del gobierno donde su objetivo este centrado en legitimar el actuar del personal, dotarlos de herramientas, eximentes y certezas jurídicas, junto con una justicia especializada.
Para salir de la crisis de inseguridad, el gobierno debe entender que nuestras policías y militares son verdaderos chilenos y leales funcionarios públicos que están dispuestos a dar la vida por protegernos a nosotros, y que lo mínimo que podemos hacer como políticos es entregarles certezas y garantías para el cumplimiento de su función.
Hoy las condolencia y el acompañamiento a las familias de los nuevos mártires y a la institución de Carabineros de Chile es el mínimo de humanidad que todo chileno debe mostrar ante tan dolorosos hechos, pero no basta con eso para quienes toman decisiones. Aquí se requiere acción y medidas concretas. Avanzar en esas leyes es una de ellas.
Los alevosos asesinatos en Cañete del cabo primero Misael Vidal Cid (30 años, casado, un hijo de tres años), el también cabo Sergio Arévalo Lobo (34 años, casado, una hija de un año) y el sargento primero Carlos Cisterna Navarro (43 años, un hijo de 6 años), pueden y debieran ser un punto de inflexión respecto a la necesidad urgente de recuperar los espacios de convivencia y combatir al crimen organizado con todas las facultades de la Ley.
Los crímenes no sólo enlutaron a un país completo precisamente en el día del 97° aniversario institucional de Carabineros, sino que ponen de manifiesto la situación cada vez más difícil del Estado frente a la violencia y el terrorismo, además de la alarmante indefensión del cuerpo uniformado en términos objetivos, legales y morales.
Con menor o mayor sorpresa, el país está dándose cuenta de que estos grupos tienen un poder de fuego superior a todo lo antes conocido, lo mismo que un nivel de ensañamiento inquietante.
Si son capaces de atentar concertadamente contra tres funcionarios armados, qué pueden esperar los ciudadanos comunes y corrientes.
Si nos acostumbramos al asesinato de carabineros sin que nadie pierda su cargo o se vea obligado a extremar recursos para que ello no vuelva a ocurrir, estamos cediendo cada vez más espacio a la derrota institucional. Porque hasta ahora, estos hechos solo prueban el sucesivo fracaso de las políticas de seguridad de varias administraciones de gobierno. A esta altura, los fraseos para calmar los ánimos quedan solo en declaraciones, que -para muchos- resultan palabras vacías si parte de las propias autoridades tuvieron juicios muy severos en contra de la policía uniformada o siguen alabando la violencia como medio legítimo para alcanzar el poder.
La primera y más importante tarea del estado es brindar y garantizar seguridad, porque en caso contrario solo queda el caos y la anarquía.