"Si lo que el ministro quiere es bajar
La ministra Jasna Pavlich Núñez, presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, es enfática: si el ministro de Justicia, Luis Cordero, "quiere es bajar las prisiones preventivas, lo que hay que hacer es modificar la ley".
En esta entrevista, la ministra Pavlich aborda la situación actual de las cárceles de la región, un tema que resalta luego de un crudo informe emitido por la fiscal judicial de su corte sobre el centro penitenciario de Tocopilla, en donde expuso las serias deficiencias sanitarias, hacinamiento y seguridad - entre otros- con las que deben vivir la población recluida en el lugar.
Además, comenta que la cantidad de causas en general ha aumentado, y también su complejidad. "Pero hasta el momento no ha significado que tengamos problemas serios y reales en la seguridad (durante las audiencias)".
En todo caso, Pavlich recalca que están trabajando en la prevención.
¿Vamos para allá? ¿Que se agrave la seguridad en las audiencias?
- No lo tenemos claro, pero sí tenemos que pensar que podría ser. Porque hoy en día estamos viendo en el país una delincuencia a la que no estábamos acostumbrados.
Más allá de esperar que pase, mejor prevenirlo.
- Sí, mejor prevenir antes que curar, o que lamentar algún hecho grave.
Modificar la ley
¿Qué opina sobre los comentarios del ministro Cordero?
- Los jueces aplicamos la ley. Eso significa que nosotros no hacemos las normas. Las normas sobre cautelares, específicamente en cuanto a la prisión preventiva, traen ciertos parámetros que el juez tiene que analizar al momento de decidir si corresponde la cautelar de prisión preventiva que solicita la fiscalía, porque el juez no decide por sí, qué cautelar aplica, sino que en base a lo que el ente persecutor solicita. Entonces, evalúa los parámetros que dice en relación con la gravedad del delito, la prognosis de pena, la concurrencia de dos o más personas, a modo de ejemplo más o menos fácil de entender. Si se da alguno de esos parámetros, el juez tiene que decretar la prisión preventiva. Si el ministro de Justicia estima que no debería haber tanta prisión preventiva, debería instar en el Poder Legislativo la modificación de las normas. Si lo que él quiere es bajar las prisiones preventivas, lo que hay que hacer es modificar la ley.
Grave situación de cárceles
Con respecto a las cárceles, este informe que hizo la fiscal judicial en Tocopilla, demuestra que es gravísima la situación. ¿Cómo se extrapola esto a las cárceles de la región? ¿Se respondió tarde?
- La situación de las cárceles lleva tiempo, porque aquí en la región la única cárcel que responde a parámetros modernos es el Nudo Uribe. Las demás cárceles de la región, vale decir, Taltal, Tocopilla, Calama y el centro de cumplimiento femenino de esta ciudad, son cárceles que tienen décadas de antigüedad. Por lo tanto son pequeñas, lo que implica que fácilmente tienen sobrepoblación y no tienen tampoco la cantidad de personal para trabajar reinserción con los penados. Hay cárceles que realmente tienen una infraestructura que es realmente vulneradora de derechos, como el centro de cumplimiento femenino de esta ciudad, en que las personas privadas de libertad no disponen de adecuados servicios higiénicos, ni en cantidad ni en calidad. Y con el agravante que ellas son encerradas a una hora determinada de la tarde y dentro de las celdas no tienen servicios higiénicos, por lo tanto deben hacer sus necesidades fisiológicas en un tarro.
¿Y sabe de qué ha sido el proyecto para modernizar este centro?
- De conformidad, lo que se conversó con la seremi de Justicia, hace un poco tiempo atrás, existe un proyecto porque se habrían adjudicado fondos del Fndr. Pero ese tipo de construcción demoraría varios años.
Esta situación se arrastra hace largo tiempo. Esta corte, a través de las visitas de los fiscales judiciales, y también de los presidentes de la Corte de Apelaciones que se hacen regularmente, ha manifestado la problemática que afecta en este caso al centro de cumplimiento femenino. Pero no ha habido una respuesta de parte de Gendarmería lo suficientemente rápida.
Tribunal de San Pedro
Con respecto a este proyecto del Tribunal de San Pedro de Atacama, ¿en qué estado se encuentra?
- El Poder Judicial tiene la inquietud y la ocupación de lograr la creación y la instalación de un juzgado mixto en San Pedro de Atacama desde el año 2016. Se hicieron ya los estudios, la factibilidad existe, la Defensoría y la Fiscalía también han demostrado el interés en que pueda hacerse. Pero lamentablemente no hemos logrado avanzar más allá porque la creación de un tribunal es materia de ley propuesta por el Ejecutivo, y allí hemos encontrado algunos problemas. Estamos tratando de superarlos, porque de verdad la creación de un tribunal en San Pedro es imperiosa por la cantidad de población.
¿Van a llegar casos especiales allá?
- Este tribunal va a tener competencias comunes: penal, civil, laboral y de familia. Fundamentalmente lo que llegaría es la droga que ingresa por la frontera, y que hoy en día la asume Calama.
Calama tiene su complejidad delictiva, que no está referida a los problemas que ocurren en la frontera o que podrían ser conocidos por San Pedro de Atacama, y eso permitiría descongestionar un poco los tribunales de Calama, considerando que ellos también tienen una población que no es de dimensiones despreciables. Tiene su buena cantidad de población a la que atender.
Hay que considerar que el Tribunal de San Pedro atendería a los grupos étnicos que habitan en ese sector, y que les permitiría a los pueblos más alejados un acceso a la justicia mucho más rápido que ir a Calama, que es lo que deben hacer hoy día.
¿Qué otra urgencia tiene la corte ahora en este periodo?
- Como proyecto, el Tribunal de Mejillones, que actualmente funciona en un local arrendado. Que, si bien se ha adaptado, no responde a un tribunal digno para atender a las personas, porque aún no dispone de ascensor. Por ejemplo, para las personas con movilidad reducida, no hay posibilidad de subir al segundo piso, donde hay una sala de audiencia, necesariamente tiene que quedarse abajo. También implica que el personal está en espacios de tamaño reducido, sin las comodidades que implicaría un edificio que responda a los actuales parámetros que tiene un juzgado de las dimensiones de Mejillones.