La Cámara Nacional de Comercio (CNC) entregó una nueva versión de su encuesta semestral de victimización del comercio, y en ella se informa de un resultado desfavorable para Antofagasta, que figura entre las tres ciudades en las cuales, durante el segundo semestre del año pasado, se registraron los mayores aumentos de delitos contra los comerciantes; junto con Santiago y Temuco.

En nuestra ciudad, el 59,8% de los comerciantes informaron haber sido víctimas de al menos un delito en el segundo semestre del año pasado, lo que representa siete puntos porcentuales más que en el primer semestre. Seis de cada diez comerciantes fueron afectados por la delincuencia.

La encuesta indaga en varias materias respecto del accionar de los delincuentes y de los comerciantes. Destaco algunos puntos: el delito de mayor ocurrencia es el hurto y, en segundo lugar, aparece el daño material a los locales. Quienes son víctimas de delitos, lo son en su mayoría más de una vez, con un promedio de ¡19,8 veces!

Esta encuesta también reveló que un 42,3% de los establecimientos reporta la presencia de comercio ilegal en las cercanías de sus negocios, condición que tendría cierta influencia en los niveles de victimización. El 74,3% de los negocios que reportan presencia de comercio ilegal en las cercanías fue víctima de algún delito o falta, mientras que entre aquellos que no tienen comercio ambulante a su alrededor, un 55,6% fueron víctimas de algún delito

Algo que resulta muy complejo es que el 62,4% de aquellos que fueron victimizados no lo denunció, indicando el 73,1% que no confían en la eficacia de la denuncia. Esto se ratifica con que, de quienes hicieron una denuncia, el 81,4% no obtuvo un buen resultado. Digo que esta baja cantidad de denuncias es complicada por cuanto, según la información de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, el año pasado Antofagasta ocupó el segundo lugar nacional en la tasa de delitos de mayor connotación social, con 2.997 casos por cada cien mil habitantes, sabiendo ahora, por la encuesta de la CNC, que menos del 40% de los comerciantes hacen la denuncia, la cifra del ministerio estaría muy por debajo de la realidad.

Antofagasta aún puede hacer mucho por mejorar si al control delictual se sumara de forma efectiva un actor relevante en el tema y que hoy está casi ausente. Los municipios en el país juegan un rol importante en materia de seguridad, pero en Antofagasta está labor no se está realizando de manera eficaz. Según cifras también del Ministerio del Interior, Antofagasta es la región en la que los municipios dedican menos personal a materias de seguridad, con 9 personas por cada cien mil habitantes, mientras que el promedio del país es de 35,5, ¡cuatro veces más que Antofagasta!

A propósito de lo sucedido con el abogado Luis Hermosilla se ha abierto un intenso debate respecto a cierta urgencia por tener la capacidad para revisar los datos personales de quienes estén bajo escrutinio o investigación. Esto incluye las conversaciones privadas, correos, llamadas, contactos por WhatsApp, entre otros.

Sabemos que esto es normal y permitido en toda democracia, pero siempre imponiendo límites y cautelas. Habitualmente, esto se ejecuta cuando hay una solicitud-generalmente del Ministerio Público- al Poder Judicial, que es la única instancia que puede autorizar una medida de fuerza como la comentada.

Casos como indagaciones de terrorismo, narcotráfico y otros, son intensos en este tipo de acciones, pero siempre considerando el ordenamiento legal y nunca pasando a llevar la legislación.

La existencia o incluso la sospecha efectiva de que se está en presencia de la comisión de delitos, no puede hacer que los agentes del Estado pasen por sobre los marcos reguladores básicos de una sociedad democrática.

Eso debe mantenerse y cuidarse si riesgo de que el Estado, con todo su poder, o personeros del mismo, acometan en contra de las personas en una suerte de vigilancia permanente y discrecional.

Aquello atenta contra las libertades más elementales. Esto no significa que el aparato estatal, en especial, las policías y el gobierno dejen de hacer su labor. Más aún, deben perfeccionarla y dotarla de mejores elementos y tecnología, pero deben también someterse al escrutinio de un poder independiente, como es el judicial.

El mundo ha entrado en un momento en que la vigilancia sigue ganando espacios y aceptación ciudadana y política (sólo veamos lo que ocurre con las redes sociales), sin embargo observemos con criterio, transparencia y largo plazo, donde cada uno de los actores haga su labor y genere su propio enfoque, con el fin de construir marcos amplios de respeto por el individuo y el bienestar de la sociedad en su conjunto.