Los efectivos de carabineros interceptaron un contrabando de 68 kilos de clorhidrato de cocaína, destruyeron seis laboratorios y capturaron por lo menos al nueve traficantes armados hasta los dientes en la operación rastrillo más tenaz gigantesca y efectiva llevada a cabo en todo el territorio de Arica.
La seguridad ciudadana es un derecho fundamental que todos merecemos. Sin embargo, en Antofagasta, la realidad parece distar mucho de este ideal, lo mismo que en varias comunas del país. Los recientes testimonios de dirigentes vecinales, compartidos durante un encuentro organizado por El Mercurio de Antofagasta, pintan un panorama desafiante, marcado por robos de vehículos, asaltos, encerronas y tráfico de drogas.
Una de las mayores preocupaciones expresadas por los líderes vecinales es la falta de apoyo por parte de la gestión municipal del alcalde Jonathan Velásquez. La ausencia de operativos de limpieza, iluminación adecuada, espacios de recreación y sedes sociales agrava aún más la situación, dejando a los residentes vulnerables ante la delincuencia y la inseguridad. Según datos recopilados por las juntas de vecinos, se estima que el 70% de las luminarias en la ciudad están en mal estado, lo que contribuye al aumento de la sensación de inseguridad durante la noche.
La escasez de presencia policial en las distintas poblaciones también es motivo de preocupación. Los llamados de auxilio de la comunidad parecen caer en oídos sordos, dejando a los ciudadanos a merced de la criminalidad. Datos oficiales revelan que, en los últimos seis meses, los tiempos de respuesta de Carabineros a llamadas de emergencia han aumentado en un 30%, lo que evidencia la falta de recursos y personal para atender adecuadamente las demandas de seguridad de la ciudadanía.
Ante esta realidad desafiante, es imperativo que la comunidad y las autoridades municipales trabajen en conjunto para encontrar soluciones efectivas. Es hora de dejar a un lado las diferencias y unir esfuerzos en pos de un objetivo común: garantizar la seguridad y el bienestar de todos los residentes de Antofagasta.
La Asociación de Productores de Salitre verificó una nueva junta general para continuar con la gestiones para la aprobación de la prórroga de la misma. Presidió el presidente de la asociación Jorge Jones y asistieron casi la totalidad de los asociados. También se continuó la discusión de las fases de la nueva asociación.
La seguridad de las personas es una prioridad que responde al bien común, y que el Gobierno instala como parte de sus metas más ambiciosas. Más allá de la percepción de inseguridad que muchos vecinos y vecinas siente cada día en nuestros barrios y calles, lo cierto es que hemos comenzado un camino sin retorno en materia de abordar la delincuencia que se ha instalado en nuestro país, en donde el perfil delictivo tiene asociado nuevos componentes como la organización, el uso de las armas de fuego, el narcotráfico y otras asociaciones que configuran un riesgo distinto.
Una respuesta efectiva es poder contar por primera vez en nuestro país, con la Estrategia Nacional de Seguridad, que aborda esta preocupación de un modo integral e intersectorial. Esta estrategia está construida bajo cinco ejes, fortalecer las instituciones, partiendo por las policías, impulsar una política contra el crimen organizado y de control de armas, intervenir los territorios con planes concretos, reforzar integralmente la prevención y alcanzar acuerdos de Estado en seguridad.
Por lo tanto, hemos fortalecido a nuestras policías y para ello contamos con 51 iniciativas aprobadas que fortalecen el combate contra delincuencia, y la entrega de mayores recursos para dotar de mayor infraestructura y tecnología a Carabineros y PDI, y también gendarmería, porque el circuito delictivo se aborda en todas sus etapas.
En ese contexto, la Ley 21.575 que aborda la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, es un aliciente para el trabajo que se realiza a través de las distintas instancias como el Gabinete Pro Seguridad, que pronto tendremos expresión regional, y las mesas de Crimen Organizado y su derivado Técnico, que ha permitido reforzar integralmente la persecución e investigación, cuyos resultados poco a poco comenzarán a transformar la sensación de inseguridad a más seguridad en todo el territorio, desde los barrios a la frontera.
Lo que ayer parecía ser un desafío de complejidades, hoy en el trabajo que hemos abordado intersectorialmente cada día nos hace más sentido que en la seguridad todos tienen algo que aportar, desde el rol legislativo pasando por la generación de la política pública, y la aplicación de la justicia.
En términos de cifras en la región, observamos la efectividad de un plan que es parte de uno de los ejes de la estrategia que tiene que ver con el componente territorial, en donde hemos llegado a reducir en un 33,3% de víctimas de homicidios durante los tres primeros meses del año, comparativamente al año anterior en el mismo periodo. De estas víctimas, el 42,9% estarían asociados a crimen organizado, y 42,9% de las víctimas fallecieron por armas de fuego.
El plan Calles Sin Violencia sumó recursos a nuestra región, provenientes del Ministerio del Interior, para reforzar la labor del Ministerio Público en persecución penal, y los resultados son un aliciente obteniendo 18 detenidos asociados a 16 casos de homicidios, que representan el 57,15 de los casos investigados. Este plan, es palpado en las calles a través de los controles preventivos que en algunos casos de convierten en detenciones que nos permiten detener el accionar delictivo de personas con antecedentes y con la intensión de delinquir.
En materia de control preventivo, Carabineros nos presenta una cifra superior a los 95 mil controles y fiscalizaciones, que representa el 16,5% del total nacional.
El combate al crimen organizado no es de izquierda ni de derecha, es de todo el país. Con esa visión, seguiremos actuando para derrotar al narcotráfico y la delincuencia. Chile avanza con más seguridad, y eso lo hace trabajando todos juntos.