Una presentación realizada por la Fundación Pivotes a la comisión de Medio Ambiente del Senado, donde se discute en primer trámite constitucional el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia, advierte varias imperfecciones en la iniciativa, que es impulsada por el Gobierno para reducir la burocracia y acotar los tiempos de tramitación de grandes proyectos. Un primer aspecto advertido por el centro de estudios ligado al expresidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, es que el proyecto no cumple con establecer un marco mínimo de certezas para que los empresarios vuelvan a confiar en una tramitación ambiental sin dilaciones excesivas ni influencias políticas directas, como ocurre hoy con el rol que juegan el Comité de Ministros y la Comisión de Evaluación Ambiental.

La idea es buena, plantea Pivotes, pero la iniciativa legal queda corta, le faltan ambición y medidas concretas efectivas para recuperar el tranco de la inversión perdido desde 2019 y sin recuperación visible, al menos en la Región de Valparaíso. Sobra decir que es en esta zona donde los conflictos ambientales se han agudizado, debido a que el actual sistema no ofrece salidas adecuadas, ni para las comunidades inquietas por la perspectiva de un gran proyecto ni para el inversionista que trata de instalar una nueva empresa.

La sugerencia que hace Fundación Pivotes es simple y ahorraría tiempo a los emprendedores y las comunidades involucradas, ya que plantea separar en dos etapas la tramitación ambiental. La primera, más política, incluye la participación ciudadana y de autoridades establecer la viabilidad de un proyecto, bajo la exigencia de que se obtengan términos de referencia claros y vinculantes. La segunda es eminentemente técnica y debe establecer las mitigaciones y compensaciones necesarias para que la iniciativa cumpla con el doble objetivo de ser un aporte económico y un riesgo acotado para el medio ambiente. Si el Gobierno quiere transformar el tímido proyecto en trámite en una legislación robusta que sea capaz de acelerar la inversión, especialmente en la Región de Valparaíso, debe apostar a simplificar el proceso y lograr desde temprano definiciones vinculantes que den certezas a todas las partes.

La industria del turismo y la gastronomía promueven la sustentabilidad en sus respectivas actividades, que están intrínsecamente vinculadas. El cuidado del medioambiente es una política permanente de ambos sectores, porque de su preservación depende en gran medida también el desarrollo de estos rubros.

Cuando se discutió en su momento el proyecto de ley que regulaba y prohibía el uso de plásticos de un sólo uso en los establecimientos de comida, participamos de ese debate legislativo, entendiendo que era una medida necesaria, donde hicimos nuestros aportes desde la experiencia, con un enfoque de largo plazo.

Lamentablemente, durante la tramitación de la iniciativa se hizo un cambio a la normativa propuesta, donde se modificó la palabra `plástico´ por `elementos´ de un solo uso, lo que significó una diferencia sustantiva en el contenido y los alcances del proyecto, con efectos que pueden terminar siendo muy perjudiciales para el sector gastronómico, especialmente para la mayoría de las pymes que forman parte de esa industria, que desde agosto próximo deberán aplicar esa restricción al interior de los locales.

Y es que al prohibirse los elementos de un sólo uso, se incluyó también a utensilios compostables, reciclables y biodegradables, lo que obligará a los restaurantes a implementar medidas para comenzar a usar utensilios reutilizables, con lo cual aumentará significativamente el consumo de agua, en un contexto de sequía que en nada contribuye a enfrentar ese problema que tiene el país.

Además, obligará a las empresas a realizar inversiones y adecuaciones en sus locales para cumplir con la ley, lo que para muchas empresas de menor tamaño no será viable, porque no cuentan con los recursos para hacer esos ajustes o tendrán que endeudarse para concretarlo, cuando ni siquiera se han podido recuperar aún de los efectos provocados por la pandemia.

La norma presenta también algunas inconsistencias, ya que por una parte busca resguardar el medioambiente de elementos contaminantes, como el plástico, pero al mismo tiempo afectará al medioambiente al incrementar el consumo del recurso hídrico. A su vez, la ley prohíbe el uso de estos elementos al interior de los locales de comida, pero no así para el servicio de delivery, lo que resulta incomprensible, ya que se establece una distinción inexplicable a dos servicios complementarios que pueden ser ofrecidos por el mismo restaurante.

Dado el impacto que generará esta restricción una vez que entre en vigor, hacemos un urgente llamado al gobierno y congresistas a reformular la ley de plásticos de un sólo uso, de manera que únicamente queden prohibido utensilios de ese material y no de otros que no son dañinos para el medioambiente.