A veces cuesta entender que las situaciones deban llegar al límite para tomar medidas planteadas con antelación y que tienden a dar mayor seguridad a la población y reponer el estado de derecho en aquellos lugares en los que campea el crimen organizado. Hace tiempo que se presentó la posibilidad de recurrir a la Fuerzas Armadas para reforzar la cantidad de agentes del Estado involucrados en regresar la paz a una población que hoy se siente presa de la delincuencia.

La iniciativa provino de sectores de centroderecha, quienes la veían como una fórmula viable en medio de un clima delictual creciente. Proteger infraestructura crítica se expuso como una de las tareas inmediatas que podrían atender las FF. AA., pero no hubo el consenso y muchos directivos, autoridades de centroizquierda e izquierda se negaban rotundamente a la posibilidad.

Problema ideológico lo definían sus opositores, al explicar que desde esos sectores siempre habrá una negativa a sacar uniformados a la calle, recordando que en muchas ocasiones se hizo para reprimir las demandas de la sociedad civil.

No obstante, con el pasar de los días y la escalada delictual, la iniciativa ya no se ve tan descabellada y autoridades han salido de ese sector de oposición se han sumado a la idea de recurrir a las Fuerzas Armadas. Y lo han hecho públicamente creando tensión en su bloque político y en la relación con el gobierno de Gabriel Boric.

Ahora se plantea lo mismo que al principio: serían de gran utilidad para resguardar la infraestructura crítica y permitir que las policías y el Ministerio Público se dediquen al trabajo de represión y persecución de los distintos delitos que han proliferado en el último tiempo, incluso se está hablando de una nueva criminalidad.

Es efectivo que las FF. AA. no están para esas labores y menos para estar en las calles. No obstante, en un estado de crisis y de peligro social, todos tienen que sumar para retomar la tranquilidad en el país.

El 8 de marzo pasado se conoció la noticia de la muerte por suicidio de Katherine Yoma Valdivia, profesora de ingles en la Escuela D-68 José Papic Rendic de Antofagasta. Según el Colegio de Profesores y Profesoras: "la profesora se habría quitado la vida tras no superar cuadros de ansiedad, depresión y miedo ocasionados por los ataques y amenazas por parte de una de sus alumnas".

Una muerte evitable si se hubieran tomado oportunamente las acciones de protección y cumplimiento de protocolos de convivencia del propio establecimiento. En septiembre del año 2023 la docente denunció la situación públicamente señalando que una estudiante y su padre la acosaban incluso amenazando de muerte e hizo presente la falta de apoyo por parte del propio establecimiento.

Una vez más, las autoridades escolares equivocaron el camino desestimando tomar medidas que pudieran afectar a el o los agresores. La estudiante suspendida continuó asistiendo al colegio al igual que su padre porque tiene una hija en segundo básico.

Al parecer, según lo denunció Katherine Yoma en esa oportunidad y refrendado por su hermana Karina en su funeral, la familia agresora habría tenido protección de la inspectora de la unidad educativa quien es mamá del padre agresor y abuela de la estudiante.

La inacción de las autoridades escolares, de los sostenedores y de la comunidad en general son una clara demostración de cuan normalizado están los hechos de violencia. Siempre aparecen buenas excusas para justificarla o para ignorarla. En esta lógica, la conformación y funcionamiento de los equipos de convivencia escolar no aparecen como prioritario.

La convivencia escolar termina siendo un conjunto de documentos que se apilan en los estantes y con encargados de convivencia que copan su jornada en labores administrativas y atención de conflictos. No hay espacio ni incentivos para hacer gestión de convivencia basada en diagnóstico y planificación con la participación de todos los estamentos de la comunidad.

Crear buenos climas de convivencia es clave para desarrollar en el estudiantado la capacidad de aprender a vivir en comunidad y aprender a ser ciudadanos/as. Si compartimos, estamos aprendiendo a ser generosos; si maltratamos, estamos aprendiendo a ser abusadores.

En ese sentido, también deberíamos repensar el rol de los apoderados en los colegios, dado que hoy pareciera que existe una suerte de "clientelismo" que les otorga tácitamente permiso para hacer y deshacer, porque pagan mensualidad, o porque la asistencia de su hija/o lleva subvención al establecimiento.

Docentes desmotivados, tensionados o con su salud mental afectada que desarrollan su labor en un clima hostil están lejos de ser un aporte significativo para lograr el objetivo de la educación: alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de los estudiantes, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas (Ley General de Educación año 2009).

El suicidio de Katherine Yoma es una alarma que no puede ni debe ser tratada como un caso particular. La violencia que día a día viven miles de docentes en Chile debe ser encarada con sentido pedagógico y cuando son constitutivos de delito tienen que ser denunciados a la justicia. Hoy nos falta Katherine Yoma, trabajemos para que no falte nadie más.

La trágica partida de Ana Camila Rojas Farías (Q.E.P.D), la joven operadora de camión CAEX de la División Radomiro Tomic de Codelco, nos obliga a reflexionar sobre la seguridad en minería. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Son interrogantes que se nos vienen a la mente y espero de todo corazón que todas las investigaciones al respecto permitan esclarecer lo antes posible las causas de este fatal suceso que esperamos no vuelva a ocurrir.

Mientras conmemorábamos un año más del Día Internacional de la Mujer, Ana Camila nos deja, abriendo una herida en todos que, sin duda, dejará una huella indeleble en la minería y en Calama. Es, precisamente esta actividad, la principal de Chile, donde a diario se teje una trama de historias marcadas por la dureza del trabajo y la fragilidad de la vida con un accidente fatal.

La minería ha sido tradicionalmente considerada un terreno masculino, pero la presencia de mujeres en este sector ha ido en aumento. Cada accidente laboral tiene un rostro, una historia y una familia que llora su pérdida, esta vez Ana Camila. Detrás de las estadísticas, es necesario recordar que cada trabajador(a) que pierde la vida en la minería deja un vacío en su entorno. Humanizar estas tragedias es esencial para despertar la empatía y exigir cambios.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción recordamos que la seguridad y salud laboral es considerada como el primer pilar de sostenibilidad y las empresas, las autoridades, los trabajadores tenemos la responsabilidad de garantizar un entorno laboral seguro.

Es necesario un cambio fundamental en la forma en que se aborda la seguridad laboral en la minería, con un enfoque renovado en la prevención de accidentes y la protección de la vida humana sobre cualquier otra consideración.