El Juzgado de Garantía de Antofagasta, decidió mantener la medida cautelar de prisión preventiva del exseremi del Minvu, Carlos Contreras y el fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, ambos formalizados por tres delitos de fraude al fisco en esta arista del caso Convenios.

En la audiencia, el magistrado Andrés Santelices rechazó las peticiones de las defensas, al considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El juez al resolver consideró que no habían variado los antecedentes expuestos al Juzgado de Garantía al dictar la privación de libertad de los imputados, en la audiencia de formalización del 15 de diciembre del año pasado, y que la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó siete días después.

"(...) no hay ningún elemento que permita establecer desde ya que aquellos que se habían visto en su oportunidad al momento de disponerse la prisión preventiva, y aquellos que tenía a la vista la Corte de Apelaciones al momento de resolver acerca de la apelación de este recurso y aquellos aportados en esta audiencia sean suficientes para modificar la medida cautelar, por lo que se dispone a mantener la prisión preventiva del señor Contreras y señor Andrade", indicó, el juez Santelices en la audiencia.

En esta caso se investigan eventuales irregularidades en el traspaso de $426 millones desde la seremi del Minvu de Antofagasta a Fundación Democracia Viva (DV).

Audiencia

La audiencia de la revisión de la medida cautelar de Contreras y Andrade se prolongó por más de cinco horas, en la cual las defensas de ambas partes expusieron una serie de antecedentes.

La audiencia partió con los argumentos de la abogada representante de Carlos Contreras, Paula Olivares, los cuales estuvieron relacionados a declaraciones conocidas previamente en la prensa, por parte de Contreras.

En este sentido, Olivares descartó que el exseremi del Minvu haya intervenido en el proceso previo para poder incluir en la nómina de fundaciones, a Democracia Viva (DV).

La abogada sostuvo que al ingresar Contreras el 2022 a la seremi, los funcionarios le habrían manifestado su preocupación porque aun se estaban ejecutando presupuestos del año 2021, correspondientes a $2 mil millones y que prontamente tendría que empezar a ejecutar presupuestos establecidos para el año 2022, consistentes en $ 5 mil millones más otorgados al Programa de Asentamientos Precarios (PAP).

"Es decir, los convenios que eran altísimos iban a pasar de 24 a 74 convenios. En este contexto previo y porque muchas de las fundaciones que ya estaban trabajando contaban con problemas de rendición, es que nuestro representado decide buscar a otros entes que puedan ser colaboradores en este sentido. Es así como envía diversos correos a delegaciones de Antofagasta y Calama, sin que ninguna pudiese hacerse cargo (...) ", indicó.

Asimismo, se destacó que la decisión de las fundaciones seleccionadas son evaluadas por una mesa técnica en Santiago, por lo que Contreras no habría tenido ninguna injerencia en la selección de DV.

En tanto, aseguró que la exautoridad habría sido presionado por la encargada de campamentos de la región, Yasna Contreras y la exencargada nacional del PAP, Verónica Serrano (tía de Miguel Crispi) para que apurara la transferencia de los recursos a las fundaciones.

También se abordó la fragmentación que habría realizado Contreras para la transferencia de los recursos a DV, para que éstos no pasaran por la toma de razón de Contraloría.

Sobre esto, se indicó que se habría instruido, previo a que asumiera Contreras en la seremi del Minvu, los montos por los cuales debían ser transferidos los recursos por concepto de los convenios.

El abogado representante de Daniel Andrade, Ignacio Figueroa, destacó que Contreras no invitó a las fundaciones DV y Tomarte, sino que se propusieron dentro de otras.

"Se necesitaban brazos para poder gastar la plata necesaria para los asentamientos. Se dijo que Contreras tenía de alguna manera la administración de los dineros, pero la disposición de los dineros era a nivel central. Contreras tenía la facultad desde el ministro (Felipe) Ward, del gobierno de Piñera en firmar los convenios (...) él debía firmar los convenios, pero estos venían preredactados y aprobados desde nivel central", relató Figueroa.

El abogado destacó que las fundaciones no las elige Contreras, sino que se realiza a nivel central, a través de una comisión a cargo de Verónica Serrano, que tenía que evaluar las propuestas.

Fiscalía

Desde el Ministerio Público, el fiscal a cargo de la investigación, Cristian Aguilar, insistió en los argumentos de la formalización e indicó que Contreras le dio una instrucción al señor Alfonso Legunda, de que invitara a cuatro fundaciones, que fueron elegidas a "dedo".

"(...) las fundaciones que el señor Contreras instruyó que fueran invitadas fueron Democracia Viva, Tomarte, Fibra y ProCultura y resulta que las cuatro fundaciones fueron favorecidas con distintos tratos con fondos del PAP, siendo en particular DV la que fue favorecida con tres convenios por un total de $426 millones (...) y resulta que no tan solo él dio la indicación que se invitaran estas cuatro fundaciones, sino que también proporcionó el nombre de su representante, pues tenía contacto en este en caso particular con Daniel Andrade", relató Aguilar en la audiencia.