Efe

Las negociaciones para una posible liberación de rehenes se complicaron después de que Israel asegurara este lunes que no va a aceptar como moneda de cambio un fin de la guerra en Gaza, donde resurgieron los combates en la zona norte tras casi cuatro meses de ofensiva.

"Los informes sobre el acuerdo (de tregua) son incorrectos e incluyen condiciones que no son aceptables para Israel", alertó el Gobierno israelí en un comunicado, donde reiteró la "victoria total" como su objetivo último.

"El camino hacia un acuerdo (todavía) es largo", aseguró a EFE un oficial israelí, que insistió en que "se está y se seguirá haciendo todo lo posible para la liberación de los rehenes", quienes ya llevan en manos de Hamás un total de 115 días de guerra.

Los jefes de los servicios de inteligencia nacionales, la Mossad y el Shin Bet, que se reunieron el domingo en París con mediadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos, ya advirtieron a sus interlocutores que Israel no iba a aceptar como una condición el fin del conflicto, según informó ayer el periódico conservador de mayor circulación, el Israel Hayom.

En otros aspectos, Israel sí estaría dispuesto a ser más flexible, según el mismo diario, como en relación a la duración del alto al fuego, el número de intercambio de presos palestinos por rehenes, o el acceso a ayuda humanitaria a la Franja.

Hamás, por el contrario, pide un alto definitivo "a la agresión" israelí, y un repliegue de sus tropas fuera del enclave palestino, antes de devolver a los más de 100 cautivos que retiene desde el brutal ataqué del 7 de octubre.

Israel y Hamás alcanzaron un único acuerdo de tregua por una semana, entre el 24 y el 30 de noviembre, que frenó los combates y permitió el canje de 105 rehenes, incluidos extranjeros, por la excarcelación de 240 presos palestinos; algo que no se ha repetido desde entonces.

Ataques en el norte

Lejos de un apaciguamiento de los combates, numerosos enfrentamientos se produjeron este lunes a lo largo de la Franja de Gaza, incluido en las afueras del barrio de Al Shati, en la zona norte de Gaza; área que se creía bajo control casi total del Ejército tras casi cuatro meses de ofensiva.

Según reportes de la Radio del Ejército, las tropas tienen previsto reforzar sus operaciones en el norte del enclave palestino en las próximas semanas, ante indicios de que Hamás está intentando restablecer su presencia militar allí.

El informe, que no revelaba la identidad de sus fuentes, asegura que el Ejército cree que unos 2.000 integrantes de Hamás siguen presentes en la zona, donde se estima que quedan también unos 100.000 civiles, después de que la población fuera masivamente desplazada al sur por el conflicto.

Según el Ejército, en la zona meridional de Jan Yunis, además de intensos combates fueron "asaltados cientos de infraestructuras terroristas", entre ellas, la oficina del líder del grupo islamista Hamás, Yahya Sinwar; además un edificio de inteligencia militar y una fábrica de producción de cohetes.

En las últimas 24 horas, al menos 215 gazatíes murieron y 300 resultaron heridos por bombardeos israelíes según los últimos datos del Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por Hamás, lo que aumentó el número de víctimas totales a 26.637 fallecidos y 65.387 heridos.

Ee.uu. abogó por pacto

Antes de la respuesta de Israel, Estados Unidos veía posible un nuevo pacto para la liberación de los rehenes en Gaza tras la reunión celebrada en París.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, apuntó a la cadena MSNBC que esas conversaciones fueron "constructivas".

"Creemos que hay un marco para otro acuerdo de rehenes que podría marcar realmente la diferencia en cuanto a liberar a más personas, a conseguir que entre más ayuda y a reducir la violencia", recalcó.

Kirby quiso dejar claro que "no hay un acuerdo sobre la mesa listo para ser anunciado de forma inminente", y subrayó que hay un trabajo de diplomacia pendiente por delante antes de poder llegar a ese punto.

Dieciséis países congelaron sus aportes a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), mientras que otros se muestran cautelosos a la espera de que se aclaren las denuncias de que una docena de sus trabajadores colaboran con Hamás y participaron en los ataques del 7 de octubre contra población civil israelí.

Entre los que suspendieron las ayudas figuran Estados Unidos, el primero en dar este paso el viernes y al que siguieron Canadá, Reino Unido, Australia, Finlandia, Países Bajos, Austria, Alemania, Italia, Francia, Suiza, Rumanía y Japón, así como los tres países bálticos.

Por su parte, la Comisión Europea (CE) afirmó que tomará las próximas decisiones a la luz de la investigación iniciada sobre este caso por la ONU.

De los demás grandes donantes -con aportes por encima de los 10 millones de dólares por año- solo España, Noruega, Suecia, Dinamarca y Bélgica mantienen sus partidas, igual que Arabia Saudí, Qatar y Kuwait, que no adoptarán medidas por el momento, si bien continuarán atentos al resultado de las pesquisas abiertas.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a la comunidad internacional que no suspenda su apoyo a la agencia, ya que "los presuntos actos horrendos de esos empleados deben tener consecuencias", pero también hay "decenas de miles de personas", unas 30.000, que trabajan para ella y que no deben ser penalizadas.

Esta petición ha sido respaldada por veinte de las más importantes ONG humanitarias, que advierten de que si no se revierten esas suspensiones "podríamos ser testigos de un completo colapso de la respuesta humanitaria en Gaza, ya de por sí restringida".

Guterres se reunirá hoy en Nueva York con potenciales donantes que ayuden a cubrir los fondos de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, dijo no saber cuáles son los potenciales donantes que acudirán a esa reunión, pero añadió que la ONU hará lo posible por responder a las preocupaciones de los donantes que, como la Unión Europea, han pedido una auditoría externa realizada por agentes independientes.

"Cualquier estado miembro que tenga los recursos financieros para apoyar a la UNRWA, los vamos a llamar", aseguró Dujarric, sin citar a ninguno en concreto.

El líder ruso, Vladimir Putin, abrió ayer su campaña de reelección al ser registrado como candidato presidencial, lo que le permitirá optar el 17 de marzo a un quinto mandato de seis años al frente del Kremlin.

"El candidato está registrado. Arrancamos una activa campaña de propaganda electoral", aseguró Víctor Blazhéev, portavoz del grupo que apoya al candidato oficialista.

La única intriga a falta de tres días para el fin del proceso de registro es si el liberal Boris Nadezhdin, el único aspirante que aboga por la paz en Ucrania, recibirá el visto bueno de la Comisión Electoral Central (CEC).

Aunque aseguró en numerosas ocasiones que nunca lo haría, Putin reformó la Constitución en 2020 para poder presentarse a la reelección, algo que podrá volver a hacer dentro de seis años y, de esa forma, permanecer en el Kremlin, al menos, hasta 2036.

Putin, de 71 años y cuya gestión es aprobada por el 80% de los rusos, según las encuestas oficiales, debería ganar las elecciones con más votos que en 2018, cuando sumó más del 76% de los sufragios.

Con una precisión de reloj suizo y para despejar cualquier sombra de duda, la CEC anunció que había registrado al candidato Putin "a las 11 horas y 23 minutos" del lunes.