Redacción

Luego de que el Ministerio de Educación advirtiera varias veces a las universidades que divulguen los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) para fines distintos a postulación y matrícula, han sido varias las voces que se han ido sumando a criticar la medida.

A través de un correo electrónico a todas las universidades pertenecientes al Sistema de Acceso, el Mineduc señaló que los resultados no pueden ser divulgados y que "frente a cualquier infracción a la normativa, desde la Subsecretaría pondremos en conocimiento de esto a la Superintendencia de Educación Superior (SES) para que evalúe la situación".

Ante esto, el ex ministro de educación y actual director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Raúl Figueroa, dijo al medio Ex-Ante que "es importante que esos datos estén a disposición de la opinión pública y fundamentalmente de las universidades y los centros de estudio para poder hacer análisis en profundidad de dicha información y sobre esa base tomar mejores decisiones".

"La restricción que ha impuesto el Ministerio de Educación específicamente a las universidades respecto del uso de esa información y la publicación de los análisis que se pueda hacer con ella es muy grave (...) porque siembra un manto de opacidad en un sistema que debe caracterizarse precisamente por la más amplia transparencia", aseguró Figueroa.

"Acá hay una ceguera ideológica que la hemos visto en diversos ámbitos. No es solo en esto, recuerden que ha habido múltiples intentos por limitar, por ejemplo, la transparencia en la información que arroja las pruebas Simce", acusó el ex ministro.

En la misma línea, Mariana Aylwin, a la cabeza del Mineduc en el Gobierno de Ricardo Lagos, resaltó que la ausencia de análisis recabados no permitirá enfilar hacia el verdadero desafío: disminuir las brechas en el sistema educativo.

"El problema es que mientras no se reduzcan las brechas en nuestro país, nuestra sociedad y en el sistema educativo, esas brechas se van a mostrar en las pruebas. Entre hombres y mujeres y también sociales", señaló a radio Agricultura.

"En el país tenemos tantas normas, leyes y reglamentación en el sistema escolar que no hemos avanzado. La mayor preocupación no ha estado en lo pedagógico, ha estado en el sistema. Aquí no se ha puesto la mirada sobre qué aprenden nuestros niños y cómo",añadió, criticando los resultados.

En la red social X, Sylvia Eyzaguirre, filósofa e investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), señaló "impresionante la censura del Mineduc respecto de la prueba PAES, ¿a qué le tienen miedo? En vez de prohibir, se debiera fomentar la realización de estudios sobre los resultados de la PAES y con ello hacer políticas en base a evidencia".

Versión de gobierno

Por otro lado, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, explicó que esta medida no corresponde al actual Gobierno, sino que es una normativa legal y que el objetivo es resguardar información sensible de los estudiantes.

En radio Bío-bío, dijo que "no hay una decisión del Ministerio, reciente (...) Se trata, primero, de una normativa legal y, luego, de una serie de resoluciones que elabora el propio Comité Técnico de Acceso".

Asimismo, detalló que "la información que se traspasa para el proceso de admisión, como están los RUT de personas es información delicada que no puede ser usada para cualquier objetivo" y que "no hay ningún ánimo por parte del Gobierno de impedir, por ejemplo, que se discuta sobre investigación académica, o sobre brechas estructurales".

De igual forma, la subsecretaría aseguró que propondrá al Comité Técnico de Acceso, en su reunión regular del día 11 de enero de este año, "iniciar el trabajo de actualización de la política de uso de datos a nivel de Estado para los procesos de admisión" para así fortalecer "la necesidad de investigación académica sobre los procesos de admisión en base a datos anonimizados, y el buen uso de las pruebas e instrumentos".

Desde el Mineduc, el ministro Nicolás Cataldo aseguró que los resultados de la PAES "no constituyen una evaluación del sistema educativo, es decir, no es equivalente al Simce".

"Por lo tanto, uno no puede inferir de aquellas conclusiones como las que se hacen habitualmente con el Simce, mucho menos pensar en ranking y en elementos de esas características. Creo que sería un error", afirmó.

Al igual que en 2023, cuando ninguno de los llamados liceos emblemáticos se ubicó entre los mejores 200 en cuanto a resultados en la PAES, este año no figuró ninguno en el "top 100". De los 100 mejores colegios, 97 corresponden a establecimientos particulares pagados, dos son municipales y solo uno es subvencionado. Entre los municipales aparece en el puesto 21 el Liceo Augusto D'Halmar de Nuñoa, mientras que en el 60 figura el Liceo Bicentenario de Temuco. El Instituto Nacional no aparece en el ranking de los 100 mejores de este año, mientras que en el 2023 apareció en el puesto 201.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, confirmó que el Gobierno decidió darle suma urgencia al proyecto de reforma previsional al comenzar su discusión en particular en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

"Esperemos tener todos la voluntad necesaria para avanzar, superar nuestras diferencias y poner a los pensionados y sus precarias condiciones de vida, como una prioridad en nuestro país", escribió en X.

La secretaria de Estado agregó que desde el Ejecutivo "ingresaremos suma urgencia", por lo que la iniciativa debe ser despachada de la Corporación en 15 días y, con esto, enviarse al Senado antes del receso legislativo de febrero.

Desde el Congreso, Jara comentó que "este proyecto se presentó hace más de un año y se han hecho un sinfín de mesas técnicas y mesas políticas".

"Lo que hemos buscado es simplificar el proyecto, recoger ideas de la oposición, de los expertos y distintos técnicos que han presentado, buscando cumplir con un objetivo esencial, que es mejorar las pensiones", añadió.

La decisión no tuvo buena acogida y el diputado Frank Sauerbaum advirtió al Gobierno "que no espere que la oposición vote a favor su proyecto cuando no tenemos ni siquiera la oportunidad de discutirlo y conocer los detalles".

Él, junto a Henry Leal, Cristián Labbé y Ximena Ossandón se retiraron de la Comisión de Salud tras enterarse de que había apuro por votar ayer mismo.

Labbé manifestó que "nos quieren someter a votarla (la reforma), sin discusión, hoy día (ayer) en la tarde. El presidente de la Comisión se está prestando para pasar máquina con la reforma de pensiones".

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, presentada en el marco de las irregularidades del llamado Caso Convenios, aprobó el libelo y pasó con informe positivo a la Sala de la Cámara de Diputados, donde debe ser votada hoy.

Ayer expusieron en la instancia los abogados Luis Valentín Ferrada, exdiputado de Renovación Nacional, y Gonzalo García Pino, exintegrante del Tribunal Constitucional, quienes afirmaron que el documento carece de argumentos para la destitución del secretario de Estado.

En las jornadas de audiencia, el único que respaldó algunos capítulos de la acusación fue el profesor de Derecho Privado de la Universidad Católica, Jorge Barahona. Otros como el abogado UDI Pablo Toloza prefirieron no pronunciarse sobre el mérito jurídico.

Por su parte, los invitados William García, Enrique Rajevic y Enrique Aldunate, todos abogados, desestimaron la pertinencia de la acusación.

Los diputados Cristián Labbé, Natalia Romero y Víctor Pino, todos de oposición, votaron a favor del libelo acusatorio, mientras que Tomás Hirsch y Emiliana Nuyado, ambos del oficialismo, lo rechazaron.

De todas formas, quienes aprobaron el documento no quisieron sostenerla en la sesión programada para esta jornada a las 10:00 horas, por lo que la diputada del partido Social Cristiano, Francesca Muñoz, una de las impulsoras de la libelo, cumplirá esa función ante el pleno.

La acusación tiene pocas posibiliades de ser aprobada, pues la DC o diputados como Rubén Oyarzo (PDG) ya anunciaron voto en contra.