Gobierno anuncia cambios en sistema de entrega de pensiones de gracia
POLÉMICA. El ministro (s) del Interior dijo que la próxima semana se presentarán indicaciones a la Ley, tras los cuestionamientos por el otorgamiento a una persona condenada por robar en un supermercado.
Numerosos cuestionamientos ha recibido el Gobierno debido a las pensiones de gracia otorgadas a participantes de las manifestaciones tras el 18 de octubre de 2019, como a Andrés Fuica, sentenciado por saquear un supermercado y, previamente, por violencia intrafamiliar; además de Juan Villalobos, imputado por estafa que se mantiene prófugo. Frente a esto el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, dijo que "nunca en la historia del país, se ha solicitado los antecedentes penales de las personas".
Este beneficio se otorga "en el marco de una glosa en la Ley de Presupuesto, que establece las condiciones para entregarlas y dice que aquellas personas que tengan un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y ese informe se ha hecho llegar al Ministerio del Interior, van a ser beneficiadas por una pensión de gracia", explicó la autoridad en ADN Radio.
Esto también "le ocurrió al Gobierno del (ex) Presidente (Sebastián) Piñera, que otorgó 14 o 17 pensiones a personas que tenían antecedentes penales a personas", agregó Monsalve, razón por la que ante los últimos cuestionamientos La Moneda "va a presentar la próxima semana dos indicaciones a mociones parlamentarias que se están tramitando en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, una para que por Ley quede la obligación de que las autoridades tengan a la vista los antecedentes penales de las personas previo a la toma de decisión de entregar una pensión de gracia".
La segunda indicación, detalló el ministro (s) será "para tener la facultad legal para revocar el beneficio, porque en la historia de Chile nunca se ha revocado una pensión de gracia, (...) y hay una discusión jurídica respecto a que existen facultades o no".
"Estas dos indicaciones manifiestan la voluntad del Gobierno de corregir una situación que nos parece no debió haber ocurrido", recalcó Monsalve.
A más de $500.000 asciende la pensión vitalicia otorgada a Fuica y Villalobos, señaló Ex-Ante, con actas donde no figuran los argumentos para el beneficio, así como su reajuste, ni tampoco personal del Ministerio de Salud que corroborara las lesiones causadas por perdigones durante las protestas, en el caso de Fuica.
En total se han otorgado 418 pensiones de gracia tras el 18-O, a víctimas de hechos cometidos por agentes del Estado. De estas, 148 fueron aprobadas en el Gobierno de Piñera y 270 en el de Boric. Monsalve reconoció en septiembre que 40 contaban con antecedentes penales: 17 en la administración anterior y 23 en la actual.
"impresentable"
El presidente de la comisión investigadora del procedimiento y criterios para otorgar pensiones de gracia a presuntas víctimas de hechos ocurridos durante el estallido social, diputado Henry Leal (UDI), señaló que "la próxima semana" se votará su informe. "Es impresentable, no puede seguir ocurriendo, tienen que ser dejadas sin efecto estas pensiones de gracia. El Gobierno lo puede hacer a través de otro decreto, invalidar una resolución anterior".
El también integrante de la instancia, Tomás de Rementería (PS), dijo que es "necesario un análisis certero y fuera de toda animosidad para el tema del estallido, sobre si es necesario mantener la facultad de las pensiones de gracia, en qué términos".
Recurrirán a la Contraloría
El diputado Andrés Celis (RN) afirmó que "le pedí formalmente al Presidente que revoque ya la pensión de gracia para este delincuente condenado por robar un supermercado saqueado en Viña del Mar. Esto es una afrenta a las verdaderas víctimas del estallido social y es una burla a todos los chilenos que el Estado subsidie a un delincuente", razón por la cual anunció que recurrirá a la Contraloría y oficiará al Ministerio de Justicia para indagar por qué Fuica fue considerado una víctima.