La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del ex seremi Carlos Contreras y Daniel Andrade, a quienes se les imputa tres cargos por fraude al Fisco tras la firma de los convenios entre la Seremi Minvu de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva (DV).

Esto, tras el recurso de apelación presentado por las defensas de ambos imputados para revocar la cautelar al considerarla desmedida, además de que, a juicio de los abogados defensores, ambos acusados no se considerarían un peligro para la sociedad.

Durante seis horas, las defensas, los abogados querellantes y el Fiscal a cargo de la causa expusieron sus alegatos para lograr una resolución a la petición de los imputados, quienes, en ambos casos, solicitaron revocar la medida ya impuesta y en su lugar dictar firma mensual y arraigo nacional o en su defecto, arresto domiciliario parcial o arraigo domiciliario total.

En su alegato, Juan Pablo Rocone abogado de Andrade manifestó que existió cooperación de parte de su defendido en la investigación, así como en la restitución y aclaración de los dineros entregados hacia su fundación, razones que deberían ser atenuantes de la cautelar impuesta. Igualmente, Rocone afirmó que no existió dolo defraudatorio, ya que de los $426 millones entregados solamente se utilizó un 30%, aclarando que los $294 millones fueron cautelados por la medida prejudicial interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado y que, finalmente, su defendido no se benefició del convenio. "Don Daniel Andrade no recibió dineros de los convenios, no se benefició del convenio", agregó la parte defensora.

En tanto, Ivo Arteaga, abogado de Carlos Contreras, insistió en que su representado ha cooperado con la investigación, puesto que había confirmado su participación en asistir a declarar incluso antes de ser detenido. Asimismo, declaró que no hubo intención de cometer un fraude. "Lo cierto es que acá se está lejos de constituir una forma de engaño o defraudación", aseguró el abogado defensor del ex seremi.

Peligro para sociedad

En contraparte, el fiscal Cristian Aguilar, pidió que se rechazaran los recursos debido a que los hechos investigados se presenta un caso de fraude al fisco reiterado. Además, el persecutor precisó que Contreras no respetó ninguna de las normas que el mismo dictó para controlar los convenios.

"El año 2022, el ex seremi del Minvu de Antofagasta, Carlos Contreras, abusando de sus facultades y vulnerando las normas administrativas y reglamentarias que dirigían su actuar, procedió a suscribir tres convenios de transferencias de fondos con presupuesto fiscal, correspondiente a asentamientos precarios por la suma total de 426 millones en favor de Daniel Andrade, causando daño al Fisco", explicó en su alegato el fiscal Aguilar.

La partes querellantes insistieron en que tanto Andrade como Contreras constituyen un peligro para la sociedad, por ende, debían continuar en prisión preventiva y no bajo otras medidas cautelares.

"Nos parece la libertad de ambos un peligro para la comunidad (...). Pedimos que se rechacen ambos recursos", finalizó Aguilar en su alegato.

Por ello, cerca de las 14 horas y tras haber escuchado todas las intervenciones de las partes querellantes como defensora, los ministros de la segunda sala de la Corte resolvieron confirmar la prisión preventiva para ambos imputados.

"Los antecedentes de la investigación resultan suficientes para tener por justificada los delitos de fraude al Fisco (…). En la medida que un funcionario público, abusando de su condición y contrariando el principio de probidad administrativa, celebró convenios y traspasó fondos a una personalidad jurídica que carecía de las exigencias para adjudicarse los fondos. Estamos frente a delitos graves, que afectan la propiedad pública y que están sancionados en la ley con pena de crimen", sostuvo el ministro Dinko Franulic.

Tras la confirmación de las medidas cautelares, el fiscal regional Juan Castro Bekios expresó que, "lo relevante de la resolución, destacar que tal como se hiciera por el tribunal de Garantía, la Ilustrísima Corte de Apelaciones, entendió para los efectos de la discusión de cautelar, que se trata de delitos de fraude al Fisco reiterados que, por otra parte, estos delitos se encuentran consumados".

"En base a los antecedentes y a otras consideraciones, se confirmó la resolución del tribunal de garantía, lo que significa que los imputados se mantienen en prisión preventiva por peligro para la sociedad", cerró el fiscal regional.