Entre los consejeros regionales se repite la misma opinión: debe existir mayor fiscalización a la hora de traspasar recursos del 8% del FNDR. Es fácil descifrar la razón. Se busca evitar repetir los distintos escándalos de convenios con fundaciones, que se han destapado tanto en Antofagasta como en otras regiones.

Y es que en los inicios del proyecto de Presupuestos 2024, la Dipres no incluyó este mecanismo. Esto levantó las alertas de la asociación de gobernadores (Agorechi), cuyo presidente y gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, manifestó en su oportunidad que la propuesta "representa un retroceso significativo al proceso de descentralización", aunque afirmó que "estamos de acuerdo unánimemente en el sentido de perfeccionar los mecanismos y sistemas de control y transparencia en el traspaso de recursos".

En detalle, esta parte de la ley presupuestaria permite a los gobiernos regionales destinar hasta un 8% del total de sus recursos para subvencionar las actividades culturales, deportivas y del programa Elige Vivir Sano, de seguridad ciudadana y de atención de adultos mayores, entre otros ejes.

Finalmente, esta forma de inyección de recursos fue repuesta durante la discusión de la comisión mixta en el Congreso. Resultado destacado por el gobernador Ricardo Díaz: "Valoramos que los parlamentarios hayan acogido las demandas no sólo de los gobiernos regionales, sino de todos esos dirigentes de organizaciones sociales (…) que manifestaron su preocupación por el proyecto de Ley de Presupuesto 2024, en el que no se contemplaban expresamente los fondos del 8%, por lo que se temía su desaparición".

Asimismo, agrega que "esperamos su aprobación" del proyecto. Y asegura que, "hasta ahora, no se han indicado en el proyecto de ley cambios a este tipo de asignación de recursos".

Garantizar transparencia

Con la reposición, la consejera Sandra Berna (DC) resalta que "es un gran paso que se ha dado al mantener el 8%. Es importante para que ellos (los vecinos) puedan hacer sus proyectos y puedan participar en estos fondos concursables".

Sin embargo, Berna sentencia que ""va a haber más fiscalización" y que "los topes no van a ser lo mismos".

En ese sentido, su par Gustavo Carrasco (ind.-PPD) afirma que, finalmente, los perjudicados eran "las pequeñas organizaciones, que no tienen ninguna relación ni con fundaciones, ni con corporaciones, ni nada. Son las juntas de vecinos, los clubes deportivos, entre otros, los que salen perdiendo, porque no iban a tener la capacidad de responder ni con vale vista, ni con letra de garantía, ni nada".

Con todo, el consejero Víctor Guzmán (PC) recalca que "el control por parte del CORE será mayor" a la hora de aprobar recursos. "Le hemos pedido al gobernador que todos los proyectos pasen por las comisiones temáticas del Consejo", añade.

El core Fabián Ossandón (ind.-PR) asegura que se deben robustecer las facultades fiscalizadoras del Consejo Regional, "esto para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos en cada región del país. Nuestra labor va más allá de lo técnico o administrativo".

Además, comenta que "es necesario contar con más herramientas para realizar una fiscalización eficiente que permita prevenir y evitar la corrupción, pero, a su vez, garantizar la buena ejecución de los planes, programas y proyectos que cuentan con recursos del Gobierno Regional".

Del mismo modo, el consejero Dagoberto Tillería (UDI) argumenta que "deben plantearse medidas y facultades que permita generar filtros", y menciona que "el caso de las fundaciones fue un tema muy bullado, generó desconfianzas en la comunidad y la fe pública, perjudicó a organizaciones funcionales de la sociedad civil, como las juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, y a las mismas fundaciones que llevan años de credibilidad".