Secciones

Parapanamericanos

Es clave que como país se promuevan instancias para que estas actividades continúen avanzando.
E-mail Compartir

Esta semana se iniciaron los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, los que reúnen a cientos de atletas que pese a enfrentar algún tipo de discapacidad se desempeñan en distintas disciplinas deportivas.

Los inicios de este certamen datan de 1967 en Winnipeg (Canadá), donde se realizaron bajo el nombre de Juegos Panamericanos para Parapléjicos. Posteriormente, entre 1969 y 1995, la competencia tuvo lugar en Buenos Aires, Kingston, Lima, Ciudad de México, Río de Janeiro, Halifax, Aguadilla, Caracas y Buenos Aires. En 1999, en México, la justa fue organizada por primera vez por el Comité Paralímpico de las Américas, con apoyo del Comité Paralímpico Internacional. Ahí fueron renombrados como Juegos Parapanamericanos y desde esa fecha se efectúan una vez finalizadas las pruebas de los Juegos Paramericanos.

Hoy es nuestro país el que alberga a estos juegos, lo que representa no solo un desafío desde el ámbito deportivo, sino que se convierte en una posibilidad para seguir avanzando a la necesaria inclusión en todas sus dimensiones.

En ese sentido, es necesario que como sociedad se logre impulsar medidas y herramientas que contribuyan al desarrollo integral de todas las personas, alejándose de prejuicios y reconociendo las múltiples habilidades del ser humano.

Los atletas paralímpicos son, qué duda cabe, competidores que se toman con la mayor seriedad y rigurosidad su labor como deportistas y representan con orgullo sus banderas. Es por ello que merecen todo el respeto, ya que además de participar en sus disciplinas, se convierten verdaderos emblemas de superación.

Con todo, es clave que como país se promuevan instancias para que estas actividades continúen avanzando y se potencien, tal como también se necesita para el deporte convencional.

Si bien los juegos son un enorme avance en infraestructura y visibilidad para los deportistas, es indispensable que lo anterior también se extienda a regiones, donde las condiciones suelen ser más complejas y los recursos siempre escasos.

Que la fiesta se tome todo el país y permita que más personas se motiven por el deporte y se sumen a la inclusión.

En contra del crimen: Estado organizado

Ricardo Díaz Cortés , Gobernador de la Región de Antofagasta, Marko Razmilic, Presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta
E-mail Compartir

La lucha contra la delincuencia es una tarea que debe demandar el mayor esfuerzo por parte del Estado. Los chilenos hemos sufrido años de desidia de distintas administraciones, las que no visualizaron a tiempo el impacto del descontrol migratorio ni la necesidad de modernizar y otorgar mayores recursos a nuestras policías y fiscalías. Hoy se está reaccionando ante un descontrol con mucho trabajo de por medio; pero muy bajo impacto en la percepción de seguridad global.

Cuando revisamos los datos del informe del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros en la región, podemos constatar algunos hechos que nos deben llevar a actuar coordinados. Los robos de vehículos y el hurto son los delitos que han tenido aumento en la provincia de El Loa, mientras que los robos con intimidación se incrementaron en las provincias de Antofagasta y Tocopilla. Hay una alta tasa de reincidencia (por sobre el 52%) que se concentran principalmente en los casos de robo con violencia. Ha aumentado el número de detenidos en la región, lo que demuestra una mayor efectividad en la respuesta de las policías, sin embargo, se conocen poco estos resultados. El delito se publica rápidamente, su resolución no se comunica con la misma efectividad.

Todo esto explica el temor creciente en nuestra región por la inseguridad, que nos hace encerrarnos y dejar de ocupar nuestros espacios públicos o que la gente tenga que dejar el centro de la ciudad en un horario determinado. Este escenario provoca reacciones de indignación entendibles, pero no eficientes, porque buscan responsabilizar a alguien de tal descontrol, sin embargo, tal como lo he dicho antes solo los "idiotas" buscan culpables, los "listos" buscan soluciones.

La única respuesta plausible frente a esta grave crisis de inseguridad es la actuación conjunta de todos los responsables de nuestra seguridad. Mi postura como Gobernador ha sido en materia de seguridad poner los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FDNR) a disposición de aquellos que puedan brindar mejor seguridad: más de $26.000 millones en dos años en mejoras de cuarteles, vehículos para las policías y programas de acción con cámaras de seguridad para municipios, delegaciones y/o juntas de vecinos. Lo mismo debiese ser el actuar de todos aquellos implicados de forma directa e indirecta con la seguridad. Así al menos ha sido el actuar del CORE con su comisión de seguridad. Pero se hace necesario volver a generar un trabajo conjunto entre municipios (con alcaldes y concejales), Carabineros, PDI, fiscalías, legisladores en conjunto y delegaciones presidenciales y el Gobierno Regional.

Solo el trabajo organizado permite una mejor protección de las personas, porque este trabajo se podrá dar por cumplido cuando nadie sienta temor de acudir al centro, o de estar en un parque junto a su familia sin temor de ser asaltado. Esa es la meta y solo se puede lograr trabajando en conjunto. Espero que la delegación presidencial que es la que hoy tiene la principal responsabilidad en el manejo de la seguridad, haga la convocatoria para que como región nos coordinemos. Yo estaré dispuesto a colaborar. La seguridad pública, no debe ser el espacio para mezquindades, ni cuestionamiento político, todo lo contrario; es tiempo de reunirnos para defender a nuestra región. La región se debe defender de la delincuencia.


Permisología minera y compromiso presidencial

Recientemente en nuestra región se ha producido un virtuoso hecho que creemos debiera ser mirado con interés por el conjunto de las actividades socio-productivas del país: un acuerdo transversal público-privado que se materializa a través de la Estrategia Minera Regional de Antofagasta, iniciativa que busca generar nuevas oportunidades de crecimiento y bienestar comunitario, además de apoyar la transición verde con miras al 2050.

Este hito, del que somos parte y nos sentimos orgullosos, pareciera no conversar con otras realidades que afectan y casi paralizan esta importante actividad productiva, me refiero a los cerca de 400 permisos sectoriales que requiere un proyecto para ser aprobado en Chile lo que, por cierto, es una barrera muy dura y pesada que prácticamente impide que avancemos y podamos volver a crecer al ritmo que nuestras necesidades exigen.

Las cifras son preocupantes: hasta agosto (último reporte del SEA), el Servicio de Evaluación Ambiental ha aprobado 147 proyectos, en comparación con los 268 proyectos que aprobó a la misma fecha del año pasado, es decir, un descenso del 45%. Asimismo, los montos de inversión aprobados en el mismo período analizado cayeron un 30%. Y específicamente en el sector minero, entre enero y agosto de este año solo se han aprobado ambientalmente 20 proyectos, frente a los 33 de 2022.

Lo anterior sorprende cuando vemos que el propio Presidente de la República ha sido enfático y categórico en empujar reformas a la famosa "permisología". Recientemente declaró: "Hoy en Chile nos estamos quedando atrás porque nuestro sistema de permisos es incoherente, es irracional". Añadió que, junto con fortalecer la institucionalidad ambiental, se deben disminuir los plazos, "porque en Chile esto se ha constituido en un cuello de botella".

Es labor del ministro de Economía coordinar a más de 30 servicios para enviar al Congreso un proyecto de ley que permita reducir los trámites para la obtención de permisos sectoriales no ambientales, el cual sería presentado este año. También antes de fin de año existe el compromiso de presentar una reforma al Sistema de Evaluación Ambiental (esta vez, a cargo del Ministerio de Medio Ambiente). El propio ministro de Hacienda, en el marco de la discusión sobre el royalty, también se comprometió a mejorar el sistema de aprobaciones,

Como vemos el diagnóstico y la solución son para todos claros y evidentes, pero es necesaria la voluntad política para alcanzar el compromiso del Presidente en un plazo razonable. Si bien hay muchos desafíos técnicos que deben enfrentarse, por una parte, tenemos la experiencia y el conocimiento, y por otra, el beneficio que implicará para el conjunto del país hace valer la pena que hagamos este esfuerzo.