Fiscalía investigará eventuales delitos económicos en Educación en Copiapó
SLEP. Colegio de Profesores de Atacama acusó una "falta de enfoque en la realidad" del Gobierno, que propuso volver a clases el jueves, después de casi 60 días de paralización. La Moneda respondió que la situación "era crítica antes del traspaso".
La Fiscalía de Copiapó abrió ayer una investigación por presuntos delitos económicos en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP), donde la Contraloría reveló hace unos días que no se han recuperado cerca de $5.000 millones en licencias médicas, motivo por el que, tras una auditoría realizada por el Ministerio, fueron desvinculados dos funcionarios militantes del PS. Autoridades locales, además, apuntaron hacia el diputado de aquel partido, Juan Santana.
"Con aquellos antecedentes fundados, también con antecedentes financieros del SLEP, se efectuó una orden de investigar", dijo el fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda.
"También se ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y, en su calidad de interviniente, determinará o no la posibilidad de presentar una querella en esta causa", agregó el persecutor, en medio de la movilización de los profesores que lleva casi 60 días, con alrededor de 30.000 estudiantes sin clases.
Rechazo al mineduc
A las demandas económicas de los docentes, se suman denuncias por falta de mantenimiento de la infraestructura educativa, plagas de insectos y ratones, por ejemplo. A razón de esto, el Ministerio de Educación publicó el viernes, en feriado, que ya han sido intervenidos 14 establecimientos, por lo cual se propuso a los docentes volver a clases el jueves y terminar el año a mediados de enero.
El presidente del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, dijo ayer a Emol que "es imposible reanudar las clases el 2 de noviembre, ya que esto pone en riesgo a toda la comunidad". El Gobierno "tiene que ejecutar lo que está comprometido, y además que desvía el foco, que es el retiro de la Ley 21.040 que está concordada con el ministro (de Educación, Nicolás) Cataldo para retirarla del Congreso".
Esta Ley es la que regula el funcionamiento de los SLEP, frente a la cual Santana indicó hace unos días que "llama la atención que nadie apunte a quienes han sido y son directores del SLEP, que nadie apunte a quienes implementaron este servicio, o que nadie apunte al contenido de la Ley que permite la creación de estas nuevas instituciones".
Los docentes, además, apuntaron ayer a que la propuesta del Gobierno tiene una "falta de enfoque en la realidad", porque "las recomendaciones para llevar a cabo el trabajo de revinculación emocional y bienestar se realizarán en la medida en que los establecimientos estén en las condiciones adecuadas, tal como se ha discutido con el Ministerio".
Las acciones presentadas en el documento del Ejecutivo "no concretan el objetivo de finalizar el año escolar 2023, ni ofrecen un plan efectivo para 2024, ya que no establecen una conexión clara entre el cierre del año 2023 y los objetivos de aprendizaje de 2024", agregaron los profesores.
"crítica desde antes"
La ministra vocera, Camila Vallejo, respondió que la situación en la zona "era crítica antes del traspaso" del sistema desde los municipios. "Hubo una serie de problemas durante el traspaso y, por lo tanto, hay que saber enfrentarlo con seriedad, porque la educación pública hay que levantarla y eso implica inversión en infraestructura, recuperar clases que no se han dado".
Cataldo señaló durante la víspera, en CNN, que "no podemos tener capturados a los estudiantes en un conflicto".