Tras la orden del Juzgado de Garantía de Arica para que el Ministerio Público entregue a las defensas respectivas los datos de más de 50 testigos con identidad reservada en una investigación relacionada con el Tren de Aragua, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que La Moneda interpondrá dos recursos para revertir la decisión y lo mismo anunció la Fiscalía de Arica.

"Tenemos una profunda preocupación por lo que sucedió hoy en el Juzgado de Garantía de Arica: la decisión de que se debe dar a conocer el nombre de 56 personas que han actuado como testigos reservados y como agentes encubiertos en investigaciones ligadas al Tren de Aragua", expresó Tohá.

Son "investigaciones muy complejas, donde se están persiguiendo a grupos criminales muy violentos y donde la legislación requiere entregar condiciones de protección a quienes actúan como testigos en estos casos o como agentes encubiertos para identificar y poder también desarticular estas bandas criminales", agregó la secretaria de Estado en el Congreso Nacional y anunció que "el Ejecutivo está presentando hoy mismo un recurso para que se establezca la nulidad procesal de esta decisión y estamos preparando un recurso de protección que vaya en auxilio de las personas que están afectadas por esta decisión".

Ministerio Público

Horas antes, la Fiscalía de Arica también anunció que buscará revertir la decisión del juez de garantía de Arica Héctor Barraza, quien dio la orden de revelar las identidades en una causa contra el clan Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua en el norte.

Desde el Ministerio Público indicaron que se presentarán un recurso de protección, con orden de no innovar e invocando la Constitución vigente y el Código Penal, con el objetivo de proteger a las víctimas,

"La reserva de la identidad y domicilio de los testigos sujetos de esta acción constitucional de protección, se justifica y encuentra fundamento más que suficiente en el ordenamiento jurídico nacional, en particular en normas de rango constitucional y legal que permiten y hasta obligan a acceder a ellas, verificados los supuestos fácticos que la justifiquen, como en este caso ocurre". Ese es uno de los argumentos que la fiscalía consignará en su presentación ante la Corte de Apelaciones.

La investigación persigue a 44 imputados venezolanos, dominicanos, chilenos y colombianos por diversos delitos, incluidos tráfico de drogas, homicidios y secuestros.