El Ministerio de Justicia, a través de su subsecretaría, ordenó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que solicitara, ante la justicia civil, la disolución de la Fundación Democracia Viva, por diversas infracciones a las normas y estatutos que rigen este tipo de entidades.

La resolución se dio luego de un procedimiento de fiscalización realizado desde el 22 de junio por parte de la subsecretaria, la que investigó las denuncias de eventuales irregularidades en los contratos y convenios celebrados entre la fundación comandada por Daniel Andrade y la secretaría regional ministerial de Vivienda de Antofagasta.

En el marco de la fiscalización, se recopilaron antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación, de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa y de la propia entidad, indicó el Minjud a través de un comunicado de prensa.

Una vez concluido el procedimiento de fiscalización, se resolvió solicitar al CDE la disolución de la entidad por sentencia judicial, conforme con el artículo 559 letra c) numerales 1 y 2 del Código Civil.

Graves incumplimientos

El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la solicitud que la cartera dirigió al CDE para pedir a tribunales la disolución de fundación Democracia Viva.

"El ministerio de Justicia ha terminado la fiscalización en el caso de Democracia Viva, ha considerado que existen graves incumplimientos a la ley, a los estatutos de la fundación, que se han desnaturalizado el objeto de la misma y que, en resumen, ha alterado los fines para los cuales la regulación permite la existencia de ella. Es un extenso oficio que ha sido dirigido al Consejo de Defensa del Estado requiriendo la disolución de la fundación Democracia Viva", sostuvo.

Asimismo, explicó Cordero que "uno de los efectos que ha provocado este conflicto y este problema en relación a las fundaciones, es que ha demostrado la vulnerabilidad del marco regulatorio que quedó establecido en el sistema chileno a partir del año 2011, que permitía una fiscalización más directa, de hecho la cancelación de las persona jurídicas se hacían por decreto supremo al Presidente de la República, recordarán que uno de los casos emblemáticos es el término de la personalidad jurídica de Colonia Dignidad que se pudo hacer por esa vía".

Ahora bien, indicó que en "la reforma del 2011, por distintos tipos de razones, se estableció un mecanismo de fiscalización un poco más flexible y la única manera de disolver la personalidad jurídica es mediante un requerimiento al CDE para que lo realice judicialmente".

"Uno no puede tener entidades de esta naturaleza, que tienen por propósito la beneficencia pública, la educación y otras actividades de interés público, como consultorías implícitas", acotó.

Sobre los incumplimientos de Democracia Viva, Cordero precisó que "están vinculados al objeto, es decir la inconsistencia entre el objeto declarado por las acciones requeridas, los tipos de convenios que se han suscrito para actividades respecto de las cuales ellos, no estaba dentro de la especialización y el propósito perseguido y en tercer lugar, el mecanismo de financiamiento a través del cual se estaba utilizando, especialmente la correlación entre los ingresos y los honorarios que se pagaban. En el oficio está destacado además separadamente la forma y modo en que se producían esos montos".