Los delitos cometidos por extranjeros en condición migratoria irregular han vuelto a posicionarse como motivo de inquietud ciudadana, tras revelarse la usura y amedrentamiento de falsos mecánicos en el Terminal Pesquero de Antofagasta que estafaban a conductores en los estacionamientos del lugar.

La denuncia de una víctima expuso esta semana el ardid empleado por seis individuos, que operaban en parejas con el fin de ofrecer servicio para engrasar piezas bajo el chasis de vehículos a cambio de $10 mil. A este supuesto servicio agregaban, sin haber consultado a los conductores, aceite para motor de automóvil, que terminaba por aumentar hasta en $75 mil el valor de lo acordado inicialmente. Un valor fijado por ellos mismos, considerando $15 mil por litro.

Ante la sorpresa y el rechazo a pagar un monto impuesto por ellos mismos comenzaban las amenazas y hostigamiento de estos delincuentes hacia las víctimas, para lo cual se sumaba el resto de la banda.

"Estos par de tipos se ponen a ofrecer cambio de aceite y otras cosas acá, en el Terminal Pesquero. Por favor, no lo acepten, porque lo único que hacen es robar", comenta esta víctima en un video difundido en redes sociales al momento de la captura de ambos, por parte de Carabineros", dijo.

El diputado Sebastián Videla (Ind-PL), quien ha encabezado las denuncias por este caso, solicitó mediante un oficio al director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, que pueda iniciarse el proceso de expulsión del país de "la banda delictual de mecánicos falsos" de Antofagasta.

"Junto con saludar, vengo a exponer las múltiples denuncias de ciudadanos antofagastinos que han sido engañados, amedrentados, violentados y estafados por una banda delictual de ciudadanos colombianos que operan en las afueras del Terminal Pesquero de Antofagasta", dice parte de la carta enviada a Thayer.

"Las penalidades de estos delitos son bajas, por lo cual estas personas quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas mientras dure la investigación. Sin embargo, nada les impide seguir cometiendo estos delitos a otras personas y seguir con el mismo modus operandi", agrega el documento.

De acuerdo a datos de la Policía Nacional de Investigaciones (PDI), entre enero y junio pasado, esta institución reporta 117 expulsiones administrativas a escala país. Mientras que en el mismo período se reportaron 314 expulsiones judiciales.

Desde diversos sectores se ha cuestionado el bajo nivel de deportaciones, especialmente las de carácter administrativo (incumplimiento de normativas migratorias). Más aún considerando que en los últimos cuatro años ingresaron al país de manera irregular 150 mil personas, según información del Servicio Nacional de Migraciones, basada en datos de la PDI.

"Estoy de acuerdo que se deben acelerar los procesos de expulsión y, sobre todo, debe haber aquí un énfasis en el control de identidad para todas estas personas ilegales, que además están cometiendo delitos. Debieran ser expulsadas o de lo contrario estar tras las rejas. No podemos permitir que este tipo de personas anden libres y estén cometiendo delitos o este tipo de infracciones y, sobre todo, amedrentando a nuestros vecinos que ya con el tema de la delincuencia tienen suficiente", afirmó la diputada Yovana Ahumada (Ind-exPDG), al referirse al caso de los denominados "falsos mecánicos".

"Creo que acá debe haber más mano dura, más controles, más fiscalización y así como se encontraron a estas personas, estoy segura que hay muchos más en otras calles, en otro sector de nuestra ciudad y de nuestra región. Debería colocarse ahí el énfasis y los recursos para poner a estas personas o tras las rejas o fuera de nuestras fronteras", expresa Ahumada.

Migraciones "Al debe"

El diputado Jaime Araya (Ind-PPD) cuestionó, además, las medidas aplicadas por la Justicia para delitos, como los cometido por esta banda de extranjeros en el Terminal Pesquero.

"Es desconcertante que extranjeros en situación migratoria irregular, que se ponen de acuerdo para cometer este tipo de delitos, amenazando a las personas en la ciudad de Antofagasta, no tengan ningún tipo de sanción y queden inmediatamente en libertad. Es casi una burla para el gran sentimiento de inseguridad que hay en la ciudadanía. Yo esperaría que el departamento de migraciones iniciara rápidamente los procesos administrativos de expulsión de estas personas".

"No es posible", agregó Araya "que gente que se burla de los ciudadanos, de la gente de trabajo, pueda circular libremente por las calles. Aquí el Servicio Nacional de Migraciones está al debe y debe tomar las medidas de resguardo. Y, sin duda, nosotros esperamos que haya mayores acciones de fiscalización coordinadas por los distintos servicios públicos, porque no puede ser que vivamos constantemente amenazados por distintos tipos de delincuencia que se cometen por extranjeros en situación migratoria irregular", expresó Araya.

La Corte Suprema condenó a carabineros en retiro por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reynaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Álex Araya Figueroa, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Óscar Gallegos Santis; y el secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo. Ilícitos cometidos entre septiembre y octubre de 1973, en Tocopilla.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal condenó a Luciano Astete Almendras y Gilberto Egaña García a 20 años de presidio en calidad de autores de los delitos. En tanto, Raúl Almonacid Valdivia deberá cumplir 15 años y un día de presidio, como autor de los homicidios calificados. En el caso de Luis Ramón Guerrero e Ivar Liborio Muñoz deberán purgar 5 años y un día de presidio, como autores del secuestro calificado.

En el fallo, el máximo tribunal estableció error en la sentencia recurrida al aplicar la media prescripción a condenados por crímenes de lesa humanidad.

En tanto, la ex concejal Doris Navarro valoró el fallo donde una de las víctimas fue uno de sus hermanos. "Valoro la resolución de la Corte Suprema por la condena a carabineros en retiro por la responsabilidad de los delitos de homicidio calificados de los asesinos de mi hermano Freddy y de otros compañeros en el sector de la mina La Veleidosa. Igualmente es una pena baja considerando que fueron autores de múltiples de asesinatos. Sigo pensando que la justicia tarda, pero llega", indicó.