Una larga reflexión sobre el origen y las consecuencias del golpe de Estado de 1973 hizo ayer el expresidente Sebastián Piñera, quien junto con atribuir toda la responsabilidad del quiebre democrático a la Unidad Popular expresó que todos debieron hacer más ante la "barbarie" de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, a dos semanas de que se cumplan 50 años del golpe de Estado, el dos veces mandatario detalló que "una cosa es preguntarse por qué llegamos al 11 de septiembre para nunca más llegar a esas circunstancias y la principal responsabilidad es del gobierno de la Unidad Popular que con una minoría quiso imponer un modelo de una sociedad marxista. El 11 de septiembre se derrumba la democracia, pero no fue una muerte súbita y sorpresiva; fue el triste, tal vez evitable fin de una secuencia de hechos".

Sobre la marcha, el exmandatario afirmó que "muy temprano me transformé en un opositor al gobierno militar por los brutales atropellos a los derechos humanos. A mí me duelen mucho las restricciones a la libertad y una dictadura atenta contra la libertad".

En este punto, sin embargo, criticó las afirmaciones del actual jefe de Estado contra Sergio Onofre Jarpa, exministro del Interior de Augusto Pinochet, a quien acusó de ejecutar "tropelías". Ante ello Piñera dijo que "no le corresponde al Presidente Boric ni a ningún otro presidente, calificar quién es inocente y quién es culpable; eso les corresponde a los Tribunales de Justicia, y eso es bueno que lo aprendamos, sobre todo el Presidente Boric".

Al referirse a eventuales culpables de las violaciones a los DD.HH. cometidas durante el régimen de Pinochet, dijo que "todos pudimos y debimos haber hecho más para evitar esa barbarie de los atropellos sistemáticos a los derechos humanos. La Corte Suprema, los medios de comunicación, los civiles con poder y todos los chilenos".

El expresidente recordó además que durante la campaña que llevó a Boric a La Moneda, el entonces diputado lo emplazó en un debate televisado por lo que calificaba como una represión excesiva tras el estallido social de octubre de 2019: "A quienes sean responsables los vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley, así que, señor Piñera, está avisado".

Al respecto, Piñera señaló que "no le corresponde al Presidente estar amenazando a otros chilenos de que los va a perseguir. En Chile tenemos separación de poderes, el Presidente lidera el Poder Ejecutivo, los que tienen que ver con los temas de justicia es el Poder Judicial. Los dictadores amenazan como ocurre en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba".

El expresidente descartó luego una nueva carrera suya a La Moneda: "No está en mis planes una nueva candidatura presidencial. He sido Presidente dos veces, un gran honor, una gran responsabilidad. Les agradezco a las chilenas y chilenos".

No obstante, dijo, "una cosa es no querer ser de nuevo candidato a Presidente y otra es jubilarse de ser chileno. Nunca me voy a jubilar de mi compromiso con Chile, sobre todo por haber tenido el honor y la responsabilidad de haber sido Presidente democráticamente electo dos veces. Yo sigo y espero seguir hasta la tumba entusiasmado, comprometido, para mejorar la calidad de vida de los chilenos".

Gran resonancia tuvieron durante la semana pasada las palabras de la diputada Gloria Naveillán (exRepublicanos), quien aseguró que la violencia sexual contra detenidas tras el golpe de Estado de 1973 es una "leyenda urbana". Tales dichos fueron criticados con gran énfasis por el oficialismo y ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien reconoció un ambiente de "crispación" y sostuvo que actores políticos vigentes cometen "excesos retóricos que en ocasiones no dimensionan los impactos que eso puede tener en la institucionalidad".

En el programa Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado expuso que "lo relevante es cómo esos excesos retóricos que ofenden, en ocasiones, que perjudican, o que lesionan activos importantes para la democracia y las personas puedan ser adecuadamente corregidos o llamados al orden".

Cordero añadió que "en los pasillos del Congreso hay mucha amistad cívica, pero se prende un foco y lo que inmediatamente sucede es que se marcan las diferencias sin matices. El problema no es el debate, sino el tono de la discusión".

Otra ministra que se refirió al ambiente previo a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado fue la titular de Segegob, Camila Vallejo, quien en Chilevisión manifestó preocupación por "una aparición de gente que antes no aparecía en el debate político".

La vocera dijo que en años anteriores los partidos de la actual oposición hacían "esfuerzos sumamente grandes para poder evitar esas posiciones de reivindicación o justificación del golpe". Sin embargo, ahora con lo que denominó "el ascenso de la ultraderecha que se autodeclara en muchos casos pinochetista", todo ese "avance parece ser que retrocede", afirmó.

Añadió que "una de las preocupaciones más grandes que tenemos es que fueron décadas de un intento persistente de la derecha de poder ir reflexionando sobre su posición frente a la dictadura", pero que "ahora hay más parlamentarios -particularmente de la derecha más radical- que buscan instalar justificativos a propósito del clima político en el gobierno de la Unidad Popular y buscan justificar esta ruptura democrática".