La tramitación del proyecto de ley de descentralización fiscal, más conocido como "Regiones Más Fuertes", no se anticipa fácil para el gobierno, tras el escándalo del Caso Convenios.

Por este último, actualmente el Ministerio Público está investigando diversos convenios, en los cuales están involucrados varios gobiernos regionales del país (Gores).

Los parlamentarios de la Región de Antofagasta, destacaron la necesidad de que el proyecto de ley incorpore mayores controles, de lo contrario ven difícil que éste avance.

Asimismo, cuestionaron las actuales competencias del cargo de gobernador regional, las cuales son vistas con preocupación por los legisladores.

De igual forma, destacaron que el Caso Convenios no puede ser utilizado como una excusa para detener el proceso de descentralización.

El proyecto, que actualmente se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se estructura sobre cuatro ejes principales: modificaciones de las actuales fuentes de ingresos de los Gobiernos Regionales, mayor autonomía y flexibilidad presupuestaria a los Gores para decidir sobre el destino de sus ingresos.

Además, se fortalecen las herramientas de responsabilidad, disciplina fiscal y rendición de cuentas y considera la creación de una regla fiscal regional cuya especificación estará a cargo del Ministerio de Hacienda.

Posturas

El senador Pedro Araya (Indep.- PPD), indicó que ya le plantearon al gobierno que a raíz de lo ocurrido en el Caso Convenios, no están disponibles a apoyar el proyecto de descentralización fiscal como viene, ya que se requieren controles distintos.

En este sentido, señaló, han recogido una serie de observaciones que hizo el Contralor General de la República en esta materia.

"Nosotros tenemos disposición de avanzar en este punto, en la medida que se puedan generar mayores normas de control respecto a cómo se utilizan los recursos. Además lo que le hemos señalado al gobierno y que queda claro que buena parte de los problemas que se han generado por el caso convenios tiene que ver con la figura del gobernador regional", declaró.

El diputado José Miguel Castro (RN), opina que "una cosa es traspasarle atribuciones y recursos a las regiones, lo que le parece muy bien, y otra, es traspasárselo solo a una persona, como se ha visto en el caso del gobernador regional".

"Creo que ahí obviamente debe haber mucha más fiscalización, menos discrecionalidad por parte del gobernador y pasar por un cuerpo colegiado como es el Gore. Creo que eso traería tranquilidad a las personas y a nosotros como poder legislativo de que se tuviera mucho más filtro, dado los casos de corrupción que se han visto", indicó.

El senador Esteban Velásquez (FRVS) considera que el Caso Convenios no debería afectar la tramitación del proyecto de descentralización fiscal, porque este es un proceso que va mucho más allá de esta investigación.

"No tiene que ser excusa para aquellos que tienen el hambre de continuar fomentando un Estado centralista y que puedan ocupar esto como una razón para no avanzar en un proceso descentralizador", declaró.

Velásquez agregó que es importante fortalecer al máximo las capacidades de los órganos de fiscalización, como Contraloría y el Servicio de Impuestos Internos.

El diputado Jaime Araya (Indep. -PPD), cree que una de las peores herencias que deja el Caso Convenios es el manto de dudas que se enciende sobre las administraciones regionales.

"En esto, he sido súper claro. Uno no tiene que confundir, los casos de corrupción con detener el proceso de descentralización que venía en marcha, por el contrario. Lo que uno debiera hacer es fortalecer las medidas de fiscalización y control en las regiones, establecer sistemas de control más estrictos, pero en lo que no se puede retroceder es en la descentralización fiscal", declaró.

En tanto, el diputado Sebastián Videla, indicó que "es importante que los recursos entregados a las regiones sean utilizados de manera adecuada y eficiente, y que existan mecanismos de control que eviten malversación o mal uso de éstos fondos. Esto no solo protege los intereses financieros, sino que también garantiza que los beneficios de la descentralización se traduzcan en un desarrollo sostenible y equitativo en todo el país".

Videla agregó que "es fundamental encontrar un equilibrio entre el empoderamiento de las regiones y la supervisión necesaria por parte del gobierno central".

En conversación con SoyAntofagasta.cl, el abogado antofagastino y miembro del equipo de equipo jurídico de la UDI, destacó que si bien las indagaciones reservadas por parte del Ministerio Público han estado dentro de los plazos y están conformes con cómo están liderando los casos, el jurista no planteó lo mismo sobre las acciones del Gobierno y el trabajo del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el que calificó como "lento" para la "gravedad de los casos".

El exintendente indicó que respecto las decisiones tomadas con Democracia Viva, "estamos frente al escándalo corrupción más grande de la historia del país y creo que el Gobierno ha actuado absolutamente lento. Que nos digan: Vamos a presentar las demandas una vez que las auditorías terminen. Perdón, pero todo el mundo sabe en Antofagasta, que no es necesario hacer una auditoría para darse cuenta de que cuánto se transfirió, cuándo y cuánto se ocupó, por qué hay diferencias de platas. No sé cuál es el sentido de esperar una auditoría cuando lo que corresponde es presentar acciones civiles".

Toloza agregó que es urgente aplicar esta decisión, ya que, "acá no estamos hablando que los fondos se van a recuperar mañana, se tratan de juicios que pueden durar muchos años y por tanto, yo esperaría que, con la misma diligencia con que el gobierno pasó los fondos, con la misma diligencia que el gobierno le entregó los recursos a sus amigos, con esa misma rapidez lo realicen, de lo contrario a la larga son sólo excusas".

Procultura

Respecto al caso de ProCultura, la extensión de plazo y el nuevo listado de inmuebles a intervenir entregado al Gobierno Regional de Antofagasta, el exconstituyente cuestionó la poca claridad del gobernador Ricardo Díaz para terminar con el convenio.

"Creo que es una pésima señal que el Gobierno Regional aún no tenga una decisión definitiva respecto de que va a ocurrir con el convenio de ProCultura. Si uno analiza el resto de los gobiernos regionales, la mayoría ha tomado la decisión de cortar los contratos, es más, hasta al mismo caso de ProCultura ya se le han cortado un par de contratos de convenio, entonces me parece que esto de seguir dando oportunidades solo aumenta el manto de dudas", sostiene.

"El gobernador Díaz debió responder de la misma forma que otras autoridades que es simplemente el término de estos convenios. Acá también está la arista de la imagen y la ciudadanía de Antofagasta ya no cree en este proyecto, solo lo que se está haciendo es alargar la agonía y por ende creo que ya es tiempo de tomar una decisión, aquí lo que corresponde es que se le diga que no hay mayor plazo y que restituya los fondos".