El alto comercio de Valparaíso pidió al Ministro del Interior que apoye en el Congreso el proyecto de ley que permitirá a funcionarios de Carabineros la vigilancia de distintas reparticiones aduaneras. Los comerciantes consideran que dicha policía pondrá fin a las pérdidas constantes de mercadería en el puerto, vale decir, a la acción organizada de delincuentes.
SANTIAGO.- El gremio de los transportistas no acepta el ultimátum expresado por el Gobierno para terminar con el paro y resistirá hasta las últimas consecuencias. "Nos encontraremos en los parques, donde se encuentran nuestros vehículos, con nuestras esposas e hijos, para defender lo que nos pertenece", expresaron los dirigentes de los dueños de camiones.
"No hay una expresión más republicana".
Canciller Alberto Van Klaveren
defendió viaje a Paraguay de Boric junto a Piñera.
En el marco del desarrollo social, la generación de empleo de buena calidad es un indicador que permite evidenciar el progreso de las sociedades. En tal sentido, el Empleo de Buena Calidad o Trabajo Decente (según la OIT), es aquél que incorpora regularidad y protección social para el trabajador, pero también de condiciones de seguridad y de dignidad. De este modo, se entiende que la precarización del trabajo es una condición que corre en dirección opuesta a lo que requiere nuestro país para avanzar por la senda del desarrollo, hacia mayores niveles de bienestar social.
Por esto, es lamentable observar en Chile un gradual aumento de empleos precarios, en especial, en actividades económicas que son mayoritariamente estacionales y de mano de obra no calificada, concentradas en los sectores silvoagropecuario, comercio y servicios personales de baja especialización. La ocupación en este tipo de actividades presenta un alto grado de informalidad y de cuenta propia (independientes), lo que implica empleo de baja calidad, con ausencia de contratos de trabajo y, por ende, de garantías de higiene y seguridad social para el trabajador.
En este contexto, el mercado laboral está dando clara evidencia de una debilidad estructural para generar trabajo decente, con un crecimiento gradual del desempleo, en donde el aumento de la búsqueda de trabajo por las personas que estuvieron en un momento inactivas se está disparando con fuerza, en especial, por parte de las mujeres. Es así como la fuerza de trabajo femenina aumentó en 192 mil personas en solo 12 meses. Personas que ahora necesitan urgentemente trabajar, los recursos personales y familiares fueron agotados y el creciente aumento del costo de la vida se vienen a sumar a esta crisis laboral.
Las cifras son decidoras, a nivel nacional un desempleo que alcanzó el 8,5% y que en la Región Metropolitana se ubica en torno al 10% (barrera sicológica de alerta pública), con una tasa de informalidad promedio nacional que supera el 27% y en algunas regiones pueden incluso alcanzar el 35% (Araucanía, Los Ríos y Tarapacá). Todo esto, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno con un aumento del empleo público, cuestión que ratifica la relevancia del sector privado en la generación de puestos de trabajo. Sector muy debilitado en inversión, confianza y expectativas.
Por lo expuesto, es posible inferir que la pérdida de calidad de los empleos, hace imprescindible formular políticas socioeconómicas a nivel nacional y regional para apoyar transformaciones productivas y de mejora en la actual estructura económica del mercado del trabajo que permita, por un lado, calificar la fuerza de trabajo con las actuales tecnologías de producción y, por otro, generar señales e incentivos para aumentar la inversión privada y crear empleos que cumplan con los requisitos formulados por la OIT acerca de un "Trabajo Decente".
Recientemente los gremios de la salud del Hospital Regional advirtieron sobre el término de un grupo de contratos a honorarios que fueron parte de los profesionales y técnicos de la salud que reforzaron los periodos más críticos de la emergencia sanitaria por covid-19.
De acuerdo con las declaraciones de los representantes gremiales -en principio- dichos contratos expirarán el próximo 31 de agosto, aunque versiones no oficializadas por parte del Ministerio de Salud, indicarían que la mayoría de ellos, serían extendidos hasta el 31 de diciembre del 2023.
Y si bien todos los indicadores sanitarios asociados a la pandemia, revelan una baja ostensible de casos y hospitalizados, ello no significa que la demanda por atención haya decaído. Al contrario. Diversas fuentes de salud indican que -a propósito- de la atención de listas de espera de especialidades y de intervenciones quirúrgicas. Según las estadísticas del Minsal, en la región de Antofagasta existen a la fecha más de 46 mil atenciones a la espera de una consulta de especialistas y sobre 6 mil cirugías. Si se comparan con el inicio del año, la disminución de atenciones refleja un 11% menos en consultas, pero un leve aumento de casi 1% en resolución de cirugías.
La falta de especialistas, los problemas en la disponibilidad de pabellones, el incremento del ausentismo en la red asistencial, son parte de los factores que explicarían el fenómeno. De ahí que la demanda por el mantenimiento y reforzamiento del personal clínico aparezca como uno de los principales argumentos que justificarían la extensión de contratos.
Históricamente los gremios de la salud han enarbolado la discusión sobre las brechas de cargo y la mayor disponibilidad presupuestaria para los servicios de salud. Junto con ello, sin embargo, se hace necesario debatir acerca del mejoramiento del control y evaluación de los recursos. Incorporar métricas auditables y transparentarlas a la ciudadanía sería también un significativo avance en el mejoramiento de la gestión de la red asistencial.