En dos meses Caso Convenios suma 6 bajas en el gobierno y 47 fundaciones investigadas
POLÍTICA. En la Región, 6 son las fundaciones investigadas. Parlamentarios piden celeridad en la investigación y prisión preventiva para involucrados.
Este miércoles se cumplen dos meses desde que se revelara el millonario traspaso por $426 millones desde la seremi de Vivienda de Antofagasta, en ese entonces encabezada por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez (RD), a la Fundación Democracia Viva, liderada por Daniel Andrade, también RD y expareja de la parlamentaria de la región.
Un escándalo que remeció la política nacional y que con el pasar de los días fue destapando una serie de irregularidades en distintas regiones del país, relacionadas con el traspaso de recursos desde distintas reparticiones públicas hacia fundaciones.
Esto derivó en una investigación en el Ministerio Público por el llamado Caso Convenios, que a la fecha suma la salida de 6 autoridades: el seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (era RD); el seremi del Minvu del Maule, Rodrigo Hernández (RD); la subsecretaria del Minvu, Tatiana Rojas (RD); Andrea Gutiérrez, subsecretaria de las Culturas y de Alejandra Jiménez, seremi de las Culturas de la Región Metropolitana (PC).
La más reciente, la del ahora exministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson (RD), quien tras varias presiones dejó la cartera, evitando así al gobierno una acusación constitucional.
Entre otras consecuencias políticas por el caso están, que la diputada Pérez dejara la vicepresidencia de la Cámara y que RD congelara su militancia en el partido.
En tanto, el Ministerio Público investiga a 47 fundaciones y corporaciones vinculadas al Caso Convenios. De este total, en la Región son 6 las fundaciones investigadas, por convenios que totalizan recursos por $2.662 millones.
El desglose apunta a Fundación Tomarte ($456millones); Procultura ($629 millones); Urbanismo Social ($577 millones); Democracia Viva ($426 millones); Movimiento Fibra ($430 millones) y Fundación Comprometidos ($144 millones).
En la investigación del denominado Caso Convenios, tres son los querellantes: el senador Fidel Espinoza (PS), la UDI y diputados del Partido Republicano.
En el caso de Revolución Democrática, el pasado jueves 10 de agosto el Juzgado de Garantía Antofagasta determinó excluirlo como querellante por el Caso Convenios, ya que la colectividad no cuenta con un domicilio en la jurisdicción.
En otros temas, el 8 de agosto se constituyó la Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados, la cual está presidida por el diputado José Miguel Castro (RN). En tanto, ayer la Fundación Democracia Viva debía retornar los recursos que recibió al Ministerio de Vivienda. (Ver pag. 7).
Reacciones
El senador Fidel Espinoza, querellante en el caso Convenios, indicó que han sido dos meses largos, "agónicos" incluso para el gobierno al no poder poner a tiempo las modificaciones que tienen que darse, y que recién se comienzan a destrabar estos temas con la salida del ministro Giorgio Jackson.
"No obstante a ello. Creo que este es el caso de corrupción más grande desde que recuperamos la democracia en nuestro país. Toda vez que hay involucrados en varias regiones fondos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de fondos regionales", señaló.
Espinoza agregó que como querellantes de la investigación solicitaron ayer una ampliación de la querella, la cual fue acogida que permitirá pedir ciertas diligencias sobre el exministro Giorgio Jackson y la directora de presupuesto, Javiera Martínez para entregar "la mayor transparencia al país, de que ellos como han sostenido en sus declaraciones, no están relacionados con el mecanismo que se creó que permitió el traspaso millonario de recursos a fundaciones".
El diputado Jaime Araya (Indep.- cupo PPD) cree que lo que más llama la atención, habiendo pasado dos meses, que todavía no se conozca en profundidad todo lo que ocurrió.
"Eso hace que sea imposible descartar que aparezcan nuevos casos y que los casos sean uno más espantoso que el otro. O sea, desde lo que fue Democracia Viva y lo que fue saliendo en el trayecto, por el ejemplo, el caso de lencería (Polizzi) en el Biobío (...). Creo que es bien lamentable que no tengamos certeza", indicó.
Araya destaca que se debe hacer un esfuerzo importante por parte de todas las personas que están involucradas "de todas las autoridades que tienen algún tipo de conocimiento, que esto se despeje a la brevedad porque se ha generado un inmovilismo en la función pública que es bien preocupante".
La diputada Yovana Ahumada (Indep.) indicó que a dos meses desde que se levantara la alerta por parte de los trabajadores de la Seremi de Vivienda de Antofagasta por posibles irregularidades, la investigación ha abierto varios flancos, donde hay un modus operandi que se va replicando en otras regiones, seremías, gobiernos regionales y municipalidades.
"Lo que extraño es que hayan personas detenidas en prisión preventiva en el transcurso de la investigación. Qué pasa en Antofagasta, qué tiene que ocurrir para que hayan presuntos implicados para que puedan estar en prisión preventiva mientras se realizan estas investigaciones", indicó.