La crisis de seguridad que enfrenta al país ha impulsado una serie de proyectos de ley en el Congreso, los cuales forman parte de una denominada Agenda de Seguridad que cuenta con una serie de plazos para su puesta en marcha.

La semana pasada la ministra del Interior, Carolina Tohá, dio a conocer un balance sobre esta serie de propuestas de normas denominadas como "fast track" legislativo. Los proyectos priorizados en la actual tramitación cuentan con compromisos de despacho a 75 días, 150 días y hasta fin de año. El origen en la implementación de estos proyectos de ley, activadas como parte de un acuerdo entre el Congreso y el Gobierno en abril pasado, ha originado cuestionamientos desde algunos sectores por la tardanza en su puesta en marcha.

La Agenda de Seguridad cuenta con 14 iniciativas promulgadas, 4 iniciativas de ley despachadas, 23 en tramitación (proyectos del gobierno que forman parte de la agenda de seguridad priorizada), 14 indicaciones presentadas y 22 proyectos con carácter de urgencia.

Entre las propuestas de norma que considera la Agenda de Seguridad, incluidas en los plazos actuales de despacho, figuran las vinculadas a ciberseguridad, usurpación, prevención en venta de vehículos motorizados, refugio y reconducción, porte de combustibles, Ministerio de Seguridad Pública, Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), rol preventivo de municipalidades y ampliación del plazo de prescripción del delito de contrabando, entre otras.

"Ha sido un tema de largo aliento, donde hemos trabajado por la seguridad del norte, especialmente en los delitos contra el crimen organizado, como el porte de armas de alto calibre, robo de vehículos y casas narco. Sin embargo, también entendemos que la creación del Ministerio de Seguridad Pública puede ser un aporte para las zonas extremas, como el norte y la implementación de una posible Policía Fronteriza, iniciativa que hemos impulsado fuertemente como Bancada del Partido Liberal. Hoy el ejecutivo debe entender que la seguridad es la prioridad", comentó el diputado Sebastián Videla (Ind-PL).

Panorama regional

La Agenda de Seguridad surgió como una continuación del "fast track" en la misma materia, implementado tras el homicidio de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares. En su primera fase consistió en seis proyectos de ley, contado entre estos la ley Naín Retamal.

Para la diputada Yovana Ahumada (Ind-exPDG) algunas discrepancias en la discusión de estas iniciativas ha retardado el despacho de estas. "Con el tema de seguridad, y los acuerdos que se llegaron para poder avanzar en temas legislativos, si bien hubo la discusión y, además, logramos colocar en tabla algunos proyectos; no se cumplió con lo previsto en un minuto porque a veces falta voluntad para avanzar o pareciera ser que desde el Ejecutivo se pretende tener la voluntad de discutir algunos temas que son complejos, pero en el Congreso hay algunos diputados que no están de acuerdo y se ralentiza el trabajo legislativo".

"Eso ha generado también que no se avance tan rápidamente como se hubiese esperado. Por otro lado, creo que en el tema que hoy día se está viviendo y que es la realidad que nosotros vemos en nuestra región, está claro que acá tenemos un tema de ingreso de armas, una falta de dotación de capital humano, de recursos, tecnología. Además, se tiene que analizar cómo (…) van a funcionar hoy día los procedimientos en los juicios, en la fiscalía y en las mismas cárceles y Gendarmería. Porque todo esto debe ir encadenado para que funcione de buena manera, es decir, si yo voy a tener un trabajo efectivo en el territorio, en el trabajo investigativo que me va a llevar a poder detener a aquellos delincuentes; se debe, además, tener un proceso un buen proceso, que genere que esas personas queden detenidas y que rápidamente logren tener una sentencia para que puedan cumplir con cárcel y no anden libre por la calle. Necesitamos tener mayor control de identidad y eso significa entregar atribuciones, como se conversó, quizás no solo en las fronteras sino que también en el territorio para que Carabineros puedan realizar a los migrantes control de identidad y que si estas personas no tienen su documentación como corresponde se les pueda tener detenido mientras se conoce la identidad de las personas para poder filtrar para que aquellos delincuentes puedan seguir con el proceso", añade Ahumada.

Labor coordinada

Mientras que el senador Pedro Araya (Ind.-PPD), aunque reconoce avances en la Agenda de Seguridad, mantiene distancia ante un eventual escenario que considere nueva legislación sin medidas concretas. "Respecto de la agenda legislativa en materia de seguridad, hemos avanzado en distintos frentes. Entre ellos, el relacionado con el combate contra el crimen organizado, el contrabando de dinero y la ley de infraestructura crítica. Asimismo, hemos otorgado mayores facultades para el control migratorio y hemos simplificado los trámites para expulsión", dice.

"Sin perjuicio de lo anterior, sabemos que aún hay trabajo pendiente y con sentido de urgencia para ganar terreno a la delincuencia. Pese a ello, también tengo una mirada crítica al respecto, porque no sacamos nada con seguir legislando y promulgando más leyes, si en la práctica no hay un trabajo coordinado, preventivo y más proactivo entre la fiscalía, las policías, los municipios, los gobiernos regionales y las delegaciones presidenciales. En este sentido, considero relevante también contar con mayor presencia del estado en los barrios de las distintas comunas de la región, de forma tal de evitar, por ejemplo, homicidios, a plena luz del día, como el ocurrido, hace unos días, en las cercanías de la escuela Japón de Antofagasta. De igual modo, vecinos de diversos sectores, como de la población Prat B, nos han hecho saber de la ocurrencia reiterada de balaceras y venta de droga, instancia en la que también reportan que, pese a los llamados a los organismos pertinentes, nadie asiste a su auxilio", expresa Araya.