El fiscal nacional Ángel Valencia se reunió ayer con sus pares regionales y autoridades de la PDI para establecer cómo será la investigación del Caso Convenios, por millonarias transferencias realizadas desde el Estado a 32 fundaciones "mediante contratos sin garantías, no hubo pagos parcializados, no hubo boletas de garantías. Hay un desajuste entre los objetivos de estas fundaciones que son de beneficencia y hay desajuste entre los objetivos y la experiencia de sus directivos", a lo largo de 11 regiones.

"Vamos a poder estar hablando de fraude al fisco, de malversaciones, tráficos de influencia, negociaciones incompatibles, malversaciones de distintas naturalezas. Es tan amplio el espectro", destacó el jefe del Ministerio Público, ante un proceso en que "vamos a estar tranquilamente un año investigando", agregó el fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, tras la cita de coordinación de los persecutores. "Estas son investigaciones que no se resuelven en 24 horas", aseveró y aclaró que están investigando desformalizadamente.

Valencia explicó, asimismo, que "para asegurar el éxito de la investigación es que cada fiscalía regional dirija la investigación por separado, lo que podría cambiar", de acuerdo a las necesidades de la indagatoria.

Sobre el modo en que se concretaron estas transferencias por alrededor de $13.000 millones, el fiscal nacional dijo que "no quiero usar la palabra mecanismos, pero no cabe duda que existen en los casos que estamos investigando, hemos identificado que hay ciertos asuntos que tienen rasgos comunes evidentes, transferencia de fondos desde los Gore (gobiernos regionales), pero también desde seremías, traspaso de fondos a fundaciones, casi todas muy recientes, que se han creado bajo el amparo de la ley vigente que es menos exigente que la antigua".

Ministros a declarar

El líder del Ministerio Público afirmó que los ministros de Vivienda -cartera en que comenzó el caso, con Fundación Democracia Viva -y de Desarrollo Social, Carlos Montes y Giorgio Jackson "están exentos de eventualmente ser citados, pero (...es) su obligación tal como pende respecto de cualquier otro ciudadano" colaborar con la Justicia.

Uno de los hechos más llamativos en el proceso ha sido el robo de numerosos computadores desde diversos ministerios, que comenzó el 20 de julio con una videollamada de un hombre haciéndose pasar por Jackson en Desarrollo Social: así fueron sustraídos 23 equipos y una caja fuerte. Esta última, que contenía documentación que podría estar relacionada con el Caso Convenios, según dijo el propio Jackson, apareció vacía el miércoles en la noche en Renca, Región Metropolitana.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que "toda la documentación que estaba en esa caja fuerte tiene respaldo digital, entonces no hay nada, digamos dramático, que sucediera con esos documentos por el hecho de que se extravíen". Tras descubrirse el delito en el ministerio, se habló de contratos, boletas de garantía y cheques, los que "están todos denunciados por robo".

Para empeorar las cosas en Desarrollo Social, ayer se vivió una manifestación de los trabajadores del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), quienes usaron máscaras con el rostro de Giorgio Jackson.

El presidente nacional de los funcionarios, Patricio Lama, dijo a Agencia Uno que están "en paro indefinido desde el 1 de agosto, exigiendo al director ejecutivo (Nicolás Navarrete) que cumpla con los compromisos que suscribió con los trabajadores, y al ministro como supervigilante de su ministerio que garantizó el cumplimiento".