Redacción

Tras la exposición del Presidente Gabriel Boric de la propuesta de Pacto Fiscal, los dos grandes bloques políticos tuvieron reacciones diferentes: mientras el oficialismo se alineó para celebrar el plan del Ejecutivo, la oposición mostró opiniones divergentes que fueron desde la valoración al proyecto hasta la crítica profunda.

Una muestra de este último fenómeno se dio en la UDI, pues la máxima autoridad del país con dicha militancia, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, afirmó que "entiendo importante el cambio de diagnóstico, entiendo que se tomaron decisiones al no insistir en el Senado que los temas vinculados a ese rechazo anterior van a ser postergados hasta marzo, y espero que en este nuevo escenario haya un especial esfuerzo para combatir los actos antiprobidad que se han detectado en los últimos meses".

Sin embargo, desde su mismo partido surgieron ácidas críticas a los planteamientos del Mandatario. El diputado Cristián Labbé comentó que "mientras no exista un cambio profundo en la administración de este Gobierno hoy la UDI no está disponible".

El mismo fenómeno se vio en Renovación Nacional. Por un lado el diputado Frank Sauerbaum destacó que la propuesta "tiene elementos que nosotros pedimos con mucha insistencia, que tenía que ver con una focalización en volver a recuperar el crecimiento". Y por otro la senadora María José Gatica apuntó que "este pacto fiscal parece una lista de supermercado condicionada a la aprobación de una reforma tributaria".

El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) mostró disposición al diálogo: "Nosotros vamos a conversar, pero no estamos de acuerdo que haya que subir impuestos, sino lo que hay que hacer en este instante es básicamente racionalizar el gasto".

Oficialismo sin dudas

Diferente es la postura en el oficialismo, que tuvo una sola voz para apoyar la propuesta gubernamental.

La diputada Gael Yeomans (CS), presidenta de la Comisión de Hacienda, dijo que "es importante el mensaje que da el Presidente de la República de no renunciar a la posibilidad de financiar necesidades sociales, que son las principales prioridades que tiene el país en pensiones, en salud, en las labores de cuidado y en seguridad".

En el mismo sentido el diputado Jaime Naranjo (PS) dijo que "el Presidente se puso en la figura de estadista y convocó al país, a todos los actores políticos, empresariales y sociales a sumarse al pacto social, porque este pacto social es una tarea país y no solamente es de este Gobierno".

El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, expresó que "llamamos a la derecha, a la UDI, Republicanos y Renovación Nacional a comprometerse por estos principios que no están fundados en conceptos ideológicos ni electorales, no se está legislando para un sector de la población, sino en las necesidades de la gente".

De forma unánime, el Senado aprobó ayer la ley que tipifica como delito la tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior.

La discusión legislativa se dio luego del robo de los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, que según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, fue gatillado por un llamado al interior de la cárcel a los guardias del edificio, quien se hizo pasar por el secretario de Estado Giorgio Jackson.

La normativa aprobada prohíbe la tenencia de celulares, chips intercomunicadores u otros elementos de la mismas características. Lo que antes era considerado una falta administrativa al interior de los centros penitenciarios, con la promulgación de la ley se considerarán penas que van desde los 541 días hasta los tres años y un día de cárcel.

Además, se establece la obligación de la denuncia, es decir, que los funcionarios públicos que detectan la tenencia de elementos electrónicos en la cárcel deben notificarlo, de lo contrario arriesgan presidio menor en su grado mínimo o la inhabilitación para ejercer su cargo.

Específicamente, la modificación al Código Penal, señala que "el que, encontrándose privado de libertad en un establecimiento penitenciario, tuviere en su poder cualquiera de los elementos señalados en el artículo anterior, sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio".

Asimismo que "el funcionario público que, teniendo conocimiento de la existencia_ al interior de un establecimiento penitenciario de cualquiera de los elementos señalados en el artículo anterior, omitiere denunciar el hecho a la autoridad competente, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo y suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio del cargo u oficio".

Se especifica que "está exento de responsabilidad penal el abogado defensor de quien tuviere en su poder los elementos a que se refiere el artículo anterior, y que omitiere denunciar este hecho".