El caso de los convenios con irregularidades entre reparticiones del Estado y fundaciones no deja de ser un tema por el cual el Gobierno del Presidente Gabriel Boric debe seguir respondiendo a críticas y acciones legales. A cerca de un mes y medio de que se destapara el primero de estos hechos, que involucró a la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, siguen apareciendo otros. El último fue conocido el viernes pasado y significó la renuncia de la subsecretaria de las Culturas, Andrea Gutiérrez.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, ha sido uno de los principales voceros del Ejecutivo ante estos hechos y ayer expresó la gravedad con que La Moneda califica todo lo ocurrido. En el programa "Mesa central" de Canal 13, el secretario de Estado apuntó que "hay casos que derechamente que tienen que ser calificados de corrupción. Democracia Viva es un caso".

Cordero explicó que en el calificativo de corrupción "hay una segunda acepción que es el ejercicio abusivo de la posición de autoridad para obtener un beneficio privado aunque no sea constitutivo de delito. En esta dimensión, uno debe entender que estamos en presencia de un caso de corrupción. Y el caso de Democracia Viva es un ejemplo, porque hay reglas de prudencia en la gestión pública".

Problema estructural

El ministro reconoció que "tenemos un problema bien estructural que ha revelado el caso Convenios: hoy constituir una entidad sin fines de lucro, una fundación, es casi como constituir una empresa en un día".

Y respecto del último caso conocido, de la subsecretaria de las Culturas, Cordero señaló que "hay una regla de principio de abstención y ella no se abstuvo", pero que "es injusto compararlo con el caso de Democracia Viva. Ella no debería haber suscrito ningún documento respecto en la cual ella trabajó previamente en el periodo de dos años".

Esto porque la irregularidad por la que fue acusada Gutiérrez fue haber votado a favor del convenio de Cultura con la Corporación para el Desarrollo de Santiago, en la que trabajó inmediatamente antes de asumir el cargo en el Gobierno.

Por ello el ministro Cordero señaló que "personas que llegan por primera vez a un cargo directivo en la administración pública, debieran tener una capacitación básica de reglas para evitar problemas administrativos. Yo creo que no hay conciencia, por parte de algunas personas, lo que significa ser autoridad pública. Eso vale desde un ministro de Estado hasta un director de servicio regional".

"un error"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, también se refirió a este caso en el programa "Estado Nacional" de TVN, donde afirmó que "el convenio no está en duda", sino que el "error" está en que se firmara un convenio con su ex empleador.

"Esto es muy sencillo (...) Se firmaron dos contratos con actividades ligadas a la Corporación para el Desarrollo de Santiago, ese es su antiguo empleador y eso no debiera hacerse. Ella en esto cometió un error, no está en duda el convenio, la dificultad es que ella antes trabajaba ahí. No hay una disputa con ella: reconoce que se equivocó".

"En el caso del convenio al ex empleador, es nítido que hay una falta, en eso no hay duda, y por eso se aceptó que renunciara. Es algo lamentable, pero cuando pasa, se ha hecho lo que se debe hacer", agregó.

Luego de los reiterados robos en oficinas de ministerios y otras instituciones públicas, la ministra del Interior, Carolina Tohá, evitó ayer aceptar "teorías conspirativas" , aunque reconoció que hay un modus operandi repetido.

Luego de que el titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, reiterara que "a todos nos pareció sospechoso" el robo en su cartera, Tohá dijo en TVN que "el ministro cuando dijo eso, no le imputó nada a nadie ni acusó ni levantó ninguna teoría", y agregó que las bandas criminales "han descubierto que cuando se llama a los servicios de seguridad y se hacen pasar por la autoridad, la gente se intimida".

"Hemos tenido robos en que se hacen pasar por generales, coroneles y ministros (...) hay un modus operandi que ha funcionado y por eso lo han repetido. Además, se han dado cuenta de que las empresas de seguridad que están instaladas en muchas reparticiones no están haciendo bien su trabajo y van ahí porque ven fragilidades", sentenció.