El proceso judicial obliga a las personas a estar en permanente contacto con distintos actores del sistema. Y aunque la tecnología ha facilitado enormemente este vínculo, existen territorios cuyas particularidades hacen que la presencia física de las instituciones que dan cuerpo al sistema de justicia, sea una necesidad.

La comuna de San Pedro de Atacama, compuesta por la localidad del mismo nombre, pero además por distintas comunidades del pueblo atacameño-lickanantay, ha tenido un importante crecimiento los últimos años, traducida en un notable aumento en la generación de causas, tanto penales, como civiles y de familia, y la aparición de nuevas formas delitos, propias de una zona fronteriza.

Hoy esta demanda es atendida a 100 kilómetros de distancia, en la ciudad de Calama, o bien a través de las visitas que distintos actores del sistema realizan al territorio, con el apoyo y colaboración de la municipalidad de esa comuna.

Pero creemos que esto no es suficiente. El acceso a la Justicia es un derecho para todos los habitantes del territorio nacional, y es en este contexto que nos hemos embarcado en un gran proyecto, que compartimos con la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la Defensoría Penal Pública y la Corporación de Asistencia Judicial: construir en San Pedro de Atacama un Centro de Justicia que atienda la demanda diversa originada en esa comuna y sus localidades aledañas.

Por supuesto, la idea es que este proyecto vaya acompañado de dependencias para Fiscalía, Defensoría y CAJTA, con dotaciones suficientes para prestar un servicio completo y de calidad a los usuarios, evitando viajes, costos económicos, de tiempo, además de desgaste emocional y sicológico para las personas.

Movidos por este afán, y en alianza con las instituciones ya señaladas, hemos iniciado un proceso de diálogo con las comunidades atacameñas-lickanantay, en su mismo territorio, a través del cual queremos conocer sus puntos de vista y resolver sus dudas; todo esto con objetivo de sumarlas a este esfuerzo conjunto, conscientes que su participación y empuje es indispensable para llegar a buen puerto.

Estos primeros encuentros con las comunidades nos llenaron de ilusión. Los asistentes han mostrado gran interés en el proyecto y en ser parte de su desarrollo, lo que sin duda es un importante incentivo para continuar en este camino, que será largo y requerirá ir sumando cada vez más actores.

Un Centro de Justicia en San Pedro de Atacama, con pertinencia cultural, respeto al medio ambiente y desarrollado con participación y apoyo de las comunidades, es una meta que nos entusiasma. Y creemos que marchamos por buena senda.

Lo dijo claramente el diputado Jaime Araya (Ind-PPD), que la idea no es generar una sensación de inseguridad en la población, el objetivo poner al descubierto la falta de capacidades que tiene, en estos momentos, el Estado para enfrentar la criminalidad transnacional que aprovechó una inmigración descontrolada y que intenta instalarse en nuestro país. Y uno de los focos es la falta de contingente policial en todas las etapas de inteligencia, prevención y represión.

A ello se suma el problema de las cárceles que están sobrepobladas y que no permiten aplicar políticas de reinserción de reclusos o impedir que sigan escalando en la cadena delictual.

En lo referente a criminalidad, la comisión investigadora de los diputados confirma que hay nuevas modalidades de delitos, importadas de países que tienen niveles delictuales más elevados que en nuestro país y que de algún modo lo llevan a los lugares donde buscan instalarse. Se vivió con el Tren de Aragua, qué lejos de ser una exageración mediática, presentó casos de tráfico de drogas, extorsión, secuestros y sicariatos, desconocidos hasta ese momento en Chile.

Es una verdad irrefutable y que movilizó recursos humanos y tecnológicos para lograr la captura de sus principales cabecillas. Se puso un freno, pero aún hay tentáculos que se extienden increíblemente por todo el país y que amenazan con rearticularse.

Lo hecho contra el Tren de Aragua fue exitoso, pero demandó desgaste y, según lo comentó el diputado Araya, la situación en las filas de Carabineros y PDI, no son las óptimas. Turnos fronterizos excesivamente largos, dejan al descubierto falta de personal lo que no implica que se disminuya la labor policiaca, pero sí redunda en un natural desgaste.

Por ende el Estado debe reforzar las dotaciones, entregar más tecnología para que el combate de la nueva criminalidad sea más efectiva y no llegue a niveles incontrolables.