Comisión investigadora revela complejidades para enfrentar crimen organizado en la región
SEGURIDAD. Un total de 13 diputados, más una serie de autoridades invitadas, participaron de la instancia en la Cámara; parte de cuyas sesiones se incluyeron en un informe preliminar.
El aumento de la violencia delictual que enfrenta el país, asociado en parte a un tipo de delitos considerados importados, determinaron la creación de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados para enfrentar las nuevas formas de criminalidad en Chile, especialmente en la Macrozona Norte.
Hace unas semanas esta comisión que presidió el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD), y que integraron 13 miembros de la Cámara Baja, publicó una propuesta de informe sobre el trabajo de este comité.
La comisión investigadora contó con la presencia de diversas autoridades que expusieron sobre la evolución de la criminalidad en el país, la permeabilidad fronteriza, así como también sobre las limitaciones para enfrentar esta realidad. Entre estos figuraron la ministra y el subsecretario del Interior, Carolina Tohá y Manuel Monsalve, respectivamente; el jefe nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI), prefecto Paulo Contreras; el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer; el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el gobernador regional, Ricardo Díaz, entre otros.
Principales factores
El informe, de 141 páginas, incluye las exposiciones de las autoridades ante los parlamentarios. Algunas de las sesiones mantienen el carácter de secretas. En tanto, entre la serie de materias abordadas se incluyó el riesgo por la creciente población penal venezolana, debido al control de recintos penitenciarios en Venezuela por organizaciones criminales.
"En el caso de Iquique, está cercano a 200 a 250 personas, que son de la misma nacionalidad, y no lo señalo con un ánimo alarmista (…) Cuando hablamos de la criminalidad venezolana y, en particular, del Tren de Aragua, nos referimos a una organización que nace de la toma de control del penal de Tocorón (en Venezuela). Entonces, esta organización criminal se crea desde el interior de una cárcel", dijo el prefecto Cortés, de la PDI, según el documento disponible en la Cámara de Diputados.
Mientras que Thayer, como encargado del Servicio Nacional de Migraciones, describió que las dificultades para materializar las expulsiones administrativas se relacionan con los obstáculos que establece el marco normativo de migraciones, que requiere de hasta tres visitas presenciales de la PDI a direcciones que en su mayoría no existen o en el que la persona ya no se encuentra en el lugar. Thayer agregó que cada expulsión considera un costo de hasta $2,7 millones a los destinos más lejanos.
Tohá, a su vez, en su presencia ante la comisión abordó la creciente alza de delitos violentos en la Macrozona Norte. "Se puede ver que, en el norte del país, antes de la pandemia, (el) homicidio era un tipo de delito de menor incidencia que el promedio nacional, pero después de la pandemia ha pasado a ser un delito de mayor incidencia que el promedio nacional y que se ha ido separando crecientemente, con un alza bastante más acelerada que la producida en el resto del país", dijo Tohá, quien detalló que el Plan Nuestro Norte considera $12 mil millones para destinarlos en materia de seguridad.
"En Antofagasta tenemos la reposición de la 2ª Comisaría de Antofagasta, que lleva 10 por ciento de avance, por lo que, en enero de 2024 debiera estar listo", agregó Tohá, sobre parte de las inversiones en infraestructura policial.
Aumento de violencia
Durante su presentación ante la comisión investigadora el fiscal nacional, Ángel Valencia, describió el escenario delictual en la macrozona norte, donde afirmó que los delitos "se disparan" en 2022 en todas las categorías, especialmente, los delitos violentos.
"Lo que tenemos es un aumento muy significativo de la cantidad de delitos que se cometen en la zona; un aumento muy significativo de los delitos que se cometen en los que no conocemos quién los habría realizado, es decir, con imputados desconocidos; un aumento muy significativo en la cantidad de homicidios que se cometen en la zona y un aumento muy significativo de homicidios que se cometen con armas de fuego. Esto es desde las regiones de Arica y Parinacota a la de Coquimbo", dijo Valencia, quien planteó la necesidad de reforzar el recurso humano en el Ministerio Público.
Sugerencias
La comisión investigadora sobre la criminalidad en la macrozona norte incluyó, además, una serie de conclusiones y recomendaciones tanto para el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Servicio Nacional de Migraciones y Ministerio Público, entre otras entidades; así como la necesaria coordinación entre distintas instituciones.
También abordó las medidas que deberían adoptarse para optimizar las labores de la PDI, Carabineros, Gendarmería, Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y Directemar (Dirección General del Territorio Marítimo).
"La comisión pudo constatar la precariedad de las dotaciones existentes en toda la Macrozona Norte... El aumento de la dotación permitirá contar con más efectivos policiales en las zonas afectadas por el incremento de la criminalidad, lo cual mejorará la capacidad de respuesta y la cobertura territorial. Además, se debe garantizar que estos nuevos efectivos reciban una formación adecuada, actualizada y especializada en la lucha contra el crimen organizado y otros delitos de alta complejidad, complementado con una fuerte formación en Derechos Humanos. Asimismo, se deben proporcionar herramientas tecnológicas y recursos necesarios para el desarrollo de su labor, como equipos de investigación forense, sistemas de análisis de datos y comunicaciones eficientes".
"Se debe garantizar que estos nuevos efectivos reciban una formación adecuada, actualizada y especializada en la lucha contra el crimen organizado y otros delitos de alta complejidad".
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