Antonella Casali

En las oficinas del Juzgado de Garantía de Antofagasta, el equipo de abogados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó una querella en contra de todos quienes resulten responsables de los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, por los convenios firmados entre el Gobierno Regional y la Fundación ProCultura.

La querella formulada por el equipo compuesto por el exintendente y exconvencional por la región Pablo Toloza; la directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Teresita Santa Cruz, y el asesor legislativo Carlos Oyarzún, se centra en el convenio sobre la "Recuperación de fachadas del casco histórico de la ciudad" por casi $630 millones.

Al respecto, el exconvencional Pablo Toloza detalló que se está solicitando a declarar al exsubsecretario de Desarrollo Regional y actual jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi y también al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Querella

En detalle, según lo planteado por Toloza, entre las dudas respecto al giro que maneja la fundación enfocadas a la venta y edición de libros, aprendizaje, educación y cultura, se suman el alto valor otorgado, el avance de la iniciativa y lo referido a las utilidades.

De acuerdo al documento presentado, se indica que a la fecha no existe un avance del programa y que de acuerdo a un análisis primario del proyecto, "se puede concluir que se pintarán 3 fachadas -un total de 2.400 metros cuadrados- en un plazo de 4 meses, función que realizarán 30 pintores, es decir un promedio de 5mts 2 por semana o 1 mts2 por día hábil cada uno, ciertamente esto es una burla, como también sería presentar esto como un plan de reactivación de empleo pues a los únicos que se benefician es a los funcionarios de la Fundación ProCultura".

Según el abogado "acá no solamente es relevante ver si en los convenios se cumplió con la normativa, hay que ver si el convenio fue suscrito, por quiénes tenían que ser suscritos, cuál era el objeto del convenio (…) Es relevante en primer lugar que el valor que se pague por los servicios sea un valor adecuado y acorde al mercado, es decir, no es razonable, que por muy convenio que sea y que se hayan hecho todo de acuerdo a la normativa, por ejemplo, uno compra un lápiz bic en tres millones de pesos, eso no es razonable, claro y lo otro también es que estos convenios tienen que tener un real impacto en la ciudadanía, es decir si se están gastando recursos del Estado cuál es el real impacto que tienen".

Toloza indicó que, "este convenio está en el marco de la denominada puesta en valor del patrimonio y puedes tomar el patrimonio, es un programa que tiene por objeto mejorar los edificios públicos, ponerlos en valor. Este programa nace cuando Valparaíso es nominado el Patrimonio de la Humanidad, es una iniciativa bien específica y que de hecho en Antofagasta ya se había aplicado que fue en el caso cuando fui intendente, con el excorreo, la actual Biblioteca Regional. Entonces queremos saber con eso lo importante y la relevancia de que pueda declarar el Subsecretario Crispi en el sentido de por qué él estableció y recomendó a esta fundación pero también saber, cuál es el sentido real de esta puesta en valor del patrimonio porque, si bien es cierto, si es solo una iniciativa para revalorizar el patrimonio, todo lo anexo, es decir, todo lo que sea con impacto para el empleo o que se establezca una capacidad instalada, que es lo que se ha señalado, no tiene ningún sentido porque estaría fuera de lo establecido por el programa".

El exintendente también se refirió a las dudas respecto a las utilidades del proyecto. "Nos ha llamado poderosamente la atención el hecho que el cuadro donde se presenta este proyecto aparece en el último renglón de la distribución de los recursos que va a haber un 12% de utilidades correspondientes a 630 millones de pesos, si bien es cierto que la fundaciones pueden tener utilidades, las cuales obviamente tienen que ser reinvertidas en ese mismo ejercicio tributario, nos parece que no es razonable, que con recursos públicos vayan a financiar una fundación. La utilidad es a nuestro parecer del 12% bastante altas para cualquier trabajo, es decir, cualquier programa que tenga 12% utilidad es muy alto".

"Es relevante en primer lugar que el valor que se pague por los servicios sea un valor adecuado y acorde al mercado".

Pablo Toloza, Presidente Regional UDI