El sostenido aumento de homicidios en el país, como parte de una evolución delictiva que presenta cada vez mayor violencia, hoy mantiene a la Región de Antofagasta con la tercera mayor tasa de incidencia de este tipo de este tipo de criminalidad, según detalla el Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados 2018-2022 .

El reporte elaborado por el Centro Nacional para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), entidad creada a fines del año 2022, agrupa diferentes instituciones con el objetivo de homologar las cifras de este delito, de acuerdo con las recomendaciones de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Cifras regionales

Según el informe, la macrozona norte del país concentra la mayor proporción de tasa de víctimas de homicidios consumados por cada 100 mil habitantes en 2022. Este registro lo encabeza la Región de Arica y Parinacota (44 víctimas y tasa de 17,1). Más atrás siguen las regiones de Tarapacá (53 víctimas y tasa de 13,4); Antofagasta, (67 víctimas y tasa de 9,4); Atacama (27 víctimas y tasa de 8,5) y Coquimbo (68 víctimas y tasa de 7,9).

Estos indicadores superan la media de la tasa de nacional de homicidios (6,7) reportada en 2022. "Hemos tomado la decisión de implementar un nuevo plan y una estrategia preventiva para reducir homicidios y delitos violentos de la mano con lo que hemos visto en las mejores prácticas de países como México y también Estados Unidos", dijo el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, durante la presentación del informe. El documento se considera como el primer reporte con una cifra unificada de homicidios consumados en el país.

Según el Informe Nacional de Homicidios Consumados, un total de 27 comunas en el país representan el 50,5% del total de homicidios consumados en 2022. En este listado figuran las comunas de Antofagasta y Calama (ambas con 29 homicidios cada una).

Tras la presentación del informe, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) afirmó que resulta fundamental mantener una estrategia coordinada de largo plazo que permita combatir las bandas criminales. "Es fundamental fortalecer la unidad de SACFI del Ministerio Público, dedicado al análisis criminal y a la investigación de focos criminales. Hay que fortalecer la unidad de foco criminal de la PDI y también fortalecer el OS9 de Carabineros, de manera de que el combate al crimen organizado sea frontal, porque se ha constatado por parte del Ministerio Público que el crimen organizado utiliza el homicidio como una forma de control territorial. Por lo tanto, no estamos en presencia de homicidios al azar, sino que son homicidios planificados, ejecutados por personas desconocidas, la mayoría de ellos utilizando armas de fuego. Tenemos que fortalecer las instituciones del Estado que combaten el crimen organizado y reforzar carabineros, PDI y Ministerio Público", enfatizó.

De acuerdo con el reporte, el registro de víctimas a nivel país muestra un crecimiento sostenido en el tiempo, con excepción de 2021. En 2022 la cifra llega a 1.322 víctimas, equivalente a una tasa de 6,7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Este último registro muestra una fuerte alza comprado a las 906 víctimas de 2021, cuando se registró una tasa de 4,6, que el informe reporta como una de las más bajas de Latinoamericana y el Caribe (19,9) y cercana a la media mundial (5,8), según datos de la UNODC. En 2018, en tanto, se registraron 845 víctimas y una tasa de 4,5.

Escenario delictual

Según el informe, entre las causas de los homicidios a nivel país figuran los asociados a delitos o a grupos organizados. Estos ocurren en el contexto de otro delito; reportan presencia de grupos delictivos o pandillas; ataques efectuados por desconocidos sin aparente provocación (ajuste de cuentas, sicariatos u otros). A estos se suman hallazgos de cadáveres sin participación de terceros, los cometidos en contexto de violencia intrafamiliar y los relacionados a controversias entre conocidos, como en los que no se posee información sobre sus causas, entre otros.

Falta de urgencia

Para la diputada Yovana Ahumada (Ind-exPDG) que la región cuente con la tercera mayor tasa de homicidios consumados no resulta una sorpresa.

"Esto habla de la realidad que vivimos día a día. Lamentablemente, esto es parte hoy de la vida de cada uno de los chilenos en nuestra región. El riesgo, la inseguridad, las bandas de crimen organizado y el que no sepamos quiénes son las personas que andan por la calle. Como lo dije en más de alguna oportunidad, nosotros hoy día no tenemos delincuentes en la calle: tenemos asesinos. Basta con conversar con los vecinos y ver día a día los diarios, donde lamentablemente alguien de nuestra región muere producto de un asalto, de un portonazo. Esa es la realidad, y yo creo que esto es un llamado a atención".

"Nosotros desde el inicio de este Gobierno dijimos que la seguridad era algo urgente y que debían tomarse acciones. Lo que no veo es una urgencia, pero una real urgencia, no simplemente buenas intenciones y dejar que las cosas se den sin colocar la prioridad y hacerse parte del proceso", añadió Ahumada.

Cristian Aliaga, fiscal regional (S) sostuvo que el informe demuestra que, geográficamente, las mayores tasas de homicidios se dan en las cuatro primeras regiones del país, lo que sugiere que este tipo de delitos son más bien un problema macrozonal.

"Observamos varios fenómenos que podrían estar incidiendo, por ejemplo, la mayor presencia de armas fuego en manos de delincuentes, la movilidad irregular que existe desde países vecinos y que es aprovechada por delincuentes para ingresar a territorio nacional, y la aparición de nuevos tipos de delitos, generalmente cometidos con más violencia".

Situación en Calama

"Relevante es también que Calama es la única ciudad del listado que no cuenta con una sección policial especializada permanente para investigar homicidios (BH o OS9), ni con laboratorio criminalístico para apoyar en las pesquisas (Bicrim o Labocar), falencia que fue expuesta por el fiscal regional, Alberto Ayala, en su última cuenta pública", apuntó.

Para Aliaga, los resultados del informe imponen desafíos a todos los actores del sistema, que pasan por fortalecer las dotaciones policiales y de las fiscalías, incorporar más recursos y capacidades tecnológicas, y profundizar las coordinaciones interinstitucionales y macrozonales, de manera de mejorar la labor preventiva y la eficiencia de las investigaciones.

El persecutor destacó que el año 2022 las distintas fiscalías de la Región lograron 32 sentencias condenatorias en investigaciones por homicidios, resultado que está por sobre la media de esclarecimiento de casos.