La bomba de racimo del caso de la Fundación Democracia Viva ha terminado por develar un mecanismo de defraudación a la fe pública y las arcas fiscales que supera por lejos los $426 millones de pesos que recibió esa organización, ligada a la diputada Catalina Pérez y a otros militantes de Revolución Democrática. Hoy la Fiscalía indaga posibles tráficos de influencias, fraudes al Fisco y malversación de fondos públicos por más de $14 mil millones, en ocho regiones.

El Gobierno, que debe facilitar las investigaciones y, además, abrir espacios para superar la crisis a partir de la transparencia y claridad en la conducción, sólo la ha agravado con una colección de gafes que se incrementa a diario. Desde el "error político" inicial de la dirigencia de Revolución Democrática, pasando por el respaldo irrestricto del propio Presidente Gabriel Boric al ahora renunciado exseremi de El Maule, y coronando con el nuevo tropezón del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien debió rectificar sus dichos respecto que los recursos que se entregaron a fundaciones ligadas al actual oficialismo se iniciaron en el gobierno anterior, en una paradoja insostenible. Por si fuera poco, de nuevo el Presidente Boric puso en duda el "cuándo se enteró La Moneda" de los traspasos irregulares a las fundaciones, dejando aún abierta la respuesta.

El punto central es que, cuando más liderazgo se necesita para no dejar abandonados a los miles de habitantes de campamentos, a las familias que no cuentan con lo más básico para una subsistencia digna, los encargados de hacerlo no han asumido su rol como corresponde.

No basta con retórica y frases grandilocuentes, con condenas y promesas de que a partir de ahora no se repetirá. Tampoco con recurrir a las soluciones de largo plazo como si fuera la panacea. Por eso, el anuncio de la creación de una comisión de expertos que ayuden a desarrollar "un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro" en un plazo de 45 días, más allá de la buena intención y el impecable currículum y experiencia pública de sus seis integrantes, se queda corto.

Lo que demanda hoy el escenario es claridad y capacidad de gestión, parar la hemorragia y darle "continuidad de giro" de las políticas públicas. Por un lado, se deben tomar decisiones administrativas y conformar equipos, pero de trabajo. ¿Dónde está el encargado de campamentos anunciando un plan de acción para atender las obras no ejecutadas?

¿Dónde está la nueva subsecretaria de Vivienda entregando un informe sobre el daño social del fraude? Pero, además, se deben asumir las responsabilidades políticas a tiempo, sin defensas corporativas… Por ejemplo, ¿dónde está la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que hasta hace unos meses condujo el fundador de RD Miguel Crispi, explicando los cuestionados convenios con los gobiernos regionales? Gobernar es complejo, es cierto, pero lo que no puede ocurrir es que los encargados de hacerlo se nieguen a cumplir con su deber.

Lo del nepotismo, amiguismo y hasta el clientelismo son prácticas que por décadas son aplicadas por los gobiernos de turno, y pese a las críticas y esfuerzos por erradicarlas se mantienen. Es posible entender que cuando se llega al poder se quiera gobernar con personas de confianza, lo que no significa la inclusión de amigos, correligionarios o familiares en cargos para los que no tienen ninguna experiencia y que solo lo hacen por estar en la lista de beneficiados de la autoridad en ejercicio.

Obviamente que es una mala práctica y que no se condice con los discursos de gobernar con los más capacitados o de terminar con los "pitutos" en los cargos públicos. Todo queda en las palabras y, lamentabemente, la experiencia nos indica que está lejos de terminar, porque se ha enquistado en la forma de hacer política.

Y lo más preocupante, es que no son pocos. Es un listado grande lo que posibilita que malos elementos busquen la forma de aprovecharse, muchas veces no a título personal, sino con fines partidistas.

Y es que del clientelismo, el recibir regalos y favores a cambio del voto, se salta al ofrecimiento de un cargo en el aparataje público por el voto o por trabajar para cierta candidatura.

Es decir, unos más y otros menos, se sirven del Estado. Lo ven como un verdadero "botín" y reparten los cargos públicos y en las empresas estatales. Cargos con buena remuneración y que se ve como la justa recompensa.

Se pensó que con el cambio generacional sería distinto. Pero no ha sido así. Durante este gobierno se han creado 94 mil nuevos empleos públicos y no sólo los cargos de confianza son ocupados por militantes de partidos del oficialismo, también otros que debieron llegar por carrera funcionaria o un cargo de alta dirección pública.

Se ve difícil que situaciones así terminen, mientras nuestra política no dé ese salto de calidad y se entienda bien qué es el servicio público.

En los últimos tiempos, Chile ha estado inmerso en un importante proceso de cambio: la redacción de una nueva constitución. Sin embargo, a pesar de la trascendencia de esta tarea, parece existir una desafección preocupante entre la población y este proceso histórico. Las noticias sobre la corrupción, la inseguridad, la inmigración ilegal y el alto costo de vida han inundado el ambiente nacional y regional, acaparando la atención de la ciudadanía, y relegando la discusión constitucional a un segundo plano. Sumado a esto, se adiciona la polarización política exacerbada por las redes sociales, lo cual ha generado una barrera que impide que las personas valoren y participen activamente en este crucial desafío.

La desconexión de la población puede entenderse a través del concepto de desafección política, que se refiere a la falta de interés, confianza y participación en la vida política. La corrupción y otros problemas contingentes han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones, generando escepticismo sobre la capacidad del proceso constitucional para abordar los problemas que afectan la vida cotidiana de las personas. Es fundamental reconstruir las confianzas, mostrando a los ciudadanos cómo una nueva constitución puede ser una herramienta para abordar estos problemas.

La desafección, también puede atribuirse a la percepción de falta de representatividad. Es esencial fomentar la participación ciudadana en el proceso y garantizar que los diversos sectores de la sociedad estén representados en la redacción de la nueva constitución. Mecanismos impulsados por las universidades regionales, como son los diálogos ciudadanos y la incorporación de mecanismos de democracia directa pueden permitir que la ciudadanía se sienta un actor activo.

En el mundo y en Chile, las redes sociales han sido una herramienta de gran alcance para movilizar a la sociedad y dar voz a temas importantes. Sin embargo, también han contribuido a amplificar los problemas coyunturales, generando una polarización política que ha opacado e invisibilizado el debate constitucional. Es necesario promover un uso responsable de las redes sociales, fomentando la difusión de información objetiva y alentando un debate constructivo que permita a la población comprender la relevancia de una nueva constitución.

La comunicación política desempeña un papel fundamental en la conexión entre la población y el proceso constitucional. Es necesario que las autoridades y los actores políticos comuniquen de manera efectiva y clara los objetivos, avances y desafíos del proceso. Esto implica utilizar un lenguaje accesible, evitar la jerga técnica y destacar cómo una nueva constitución puede abordar los problemas concretos que preocupan a los diferentes segmentos de la sociedad.

En conclusión , la preocupante desafección entre la población y el proceso constitucional en Chile es un desafío que debe abordarse de manera urgente y efectiva. Para superar esta brecha, es fundamental reconstruir la confianza ciudadana. La redacción de una constitución es una oportunidad única para construir un país y una región más justa y democrática, pero solo podremos lograrlo si la población se involucra activamente en el actual desafío.