La Fiscalía Local de Antofagasta informó ayuer que ampliaron la investigación a distintas fundaciones receptoras de recursos públicos.

Esto ocurre tras conocerse el allanamiento realizado por la PDI a Procultura, Urbanismo Social, Tomarte y la Fundación Arte y Cultura Movimiento Fabre, organismos que registraban convenio con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la comuna.

Asimismo, se detalló que el allanamiento a fundaciones realizaron en Antofagasta, Providencia, Las Condes, Ñuñoa y San José de Maipo.

"Como parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Local de Antofagasta, funcionarios de la PDI desarrollaron el jueves recién pasado diligencias de entrada, registro e incautación, a los domicilios de cuatro fundaciones receptoras de recursos públicos en las comunas de Antofagasta, Providencia, Las Condes, Ñuñoa y San José de Maipo", dijo el abogado vocero de la Fiscalía Regional, José Troncoso.

Troncoso, reitera "las diligencias fueron autorizadas por el Juzgado de Garantía de la ciudad de Antofagasta y son ejecutadas bajo el liderazgo del fiscal jefe de Antofagasta, don Cristian Aguilar, quien dirige la pesquisa".

"Actualmente la Fiscalía Local de Antofagasta ha ampliado las diligencias a distintas fundaciones receptoras de recursos públicos, buscando determinar la concurrencia de delitos o la inexistencia de éstos en la asignación o ejecución de proyectos sociales con dichos fondos", completó.

Colaboración

Tras el allanamiento, desde Urbanismo Social señalaron que "desde el primer momento nos comunicamos y pusimos a disposición del fiscal para aportar todos los antecedentes necesarios. Somos los más interesados en que se investigue y se esclarezca todo cuanto antes".

En tanto, los abogados representante de Procultura, Susana Borzutzky y Felipe Barruel, declararon que "en concordancia a la denuncia presentada, donde se requirió a la autoridad del Ministerio Público investigar los hechos, con total transparencia, se entregó voluntariamente toda la información solicitada a fin que se esclarezcan los hechos y a los responsables de los mismos".

El Caso Convenios se inició hace tres semanas con Democracia Viva. En el marco de esta indagatoria se allanó el domicilio de su representante legal Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, a quien también se le incautó el computador, junto con su celular.

En el caso de Democracia Viva, la fiscalía indaga el traspaso de 426 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda, mediante convenios suscritos entre octubre y diciembre de 2020. Además de Andrade, está involucrado el exseremi Carlos Contreras. Los dos fueron expulsados de Revolución Democrática, mientras que la diputada fue suspendida de su militancia.

Los problemas en la seremi de Desarrollo Social de Atacama se complican y la cartera que lidera el ministro Giorgio Jackson vuelve a ser afectada con nuevos antecedentes en el marco del Caso Convenios.

La senadora Yasna Provoste (DC) se reunió con el fiscal regional de Atacama para entregar más antecedentes y solicitar que las indagatorias referidas al traspaso de recursos públicos a las fundaciones privadas durante los años 2022 y 2023 se amplíen a toda la seremi.

Si bien el órgano investigador se encuentra abocado en el convenio suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la Región de Atacama y la Fundación Comprometidos (la que recibió $128 millones para entregar agua potable en camiones aljibes a cuatro campamentos de Copiapó, monto que en mayo se elevó a $190 millones) la parlamentaria pidió incluir a la seremi de Desarrollo Social en las indagatorias ante posibles irregularidades.

La información entregada por Provoste se enmarca en la gestión del programa Noche Digna, servicio que es prestado por dos fundaciones en la región: Fundación Visible y Fundación Atacama Sueños.

El pasado martes la senadora DC alertó sobre la Fundación Visible a la cual se le asignó $160 millones "sin contar con los requisitos necesarios para aquello", a lo que el ministro de Desarrollo Social ordenó que una comisión investigadora viajara a la región norteña para recabar la información e identificar la forma en que se ha actuado en las distintas reparticiones.

En menos de 24 horas Jackson notificó ante el Congreso Nacional que se realizaron los primeros hallazgos en Atacama y al menos un concurso no se habría ajustado de manera estricta a los criterios establecidos en las bases de licitación.

Ahora, en la solicitud que hace llegar Provoste al fiscal regional se incorpora el de la Fundación Atacama Sueños. "Esta fundación se adjudicó fondos públicos referidos al Plan Noche Digna en la Región de Atacama. La primera adjudicación en la Región se hizo efectiva el mismo día en que Atacama Sueños inició actividades en el Servicio de Impuestos Internos, por lo que se trataba de una fundación sin experiencia en la gestión de este tipo de programas", detalló Provoste en el documento.

Es más, "la Resolución Exenta N° 717 de la seremi de Desarrollo Social y Familias de la Región de Atacama declaró desierto el concurso en el componente "Ruta Social" del Programa Noche Digna en la Región, pero luego asigna dicho componente a la Fundación Atacama Sueños, que había sido mal evaluada en el mismo acto administrativo", continúa el documento.

Luego, "para el presente año, la Fundación Atacama Sueños se adjudicó otros dos fondos del programa Noche Digna, para la gestión del Albergue Copiapó y la Ruta Protege Copiapó, por 134 millones de pesos. La resolución ahora indica que tiene una gran experiencia en la implementación de iniciativas para personas en situación de calle con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia", denuncia Provoste.

Tras el consejo de gabinete, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la polémica en marco del Caso Convenios.

La secretaria de Estado sostuvo que "lo que nos importa es proteger la capacidad del Estado de hacer bien su trabajo, de ocupar bien los recursos que son de toda la población, y de responder a la confianza que la ciudadanía entrega cuando elige un Gobierno, cultivando también una respuesta que sea transparente y que se haga cargo de enfrentar de manera nítida y clara, y de la perspectiva de la justicia, cuando hay duda y discusión respecto a cómo se están ejecutando las labores que nos corresponden".

"La manera en que analizamos hoy día este caso, y que los ministros participaron de esta discusión, nos hace confirmar aquí una vez más y que nos parece muy importante: y es que sabemos que al enfrentar casos como este, se pone a prueba nuestros estándares en esta materia, y esa prueba la vamos a enfrentar con toda la convicción y toda la firmeza que corresponde ante la duda de casos de probidad", añadió.

En esa línea, también dijo que "no vamos a caer en caer en cacería de brujas, no vamos a caer en buscar chivos expiatorios, porque sembrar dudas respecto de personas cuando no hay pruebas de su responsabilidad, también es una forma de corrupción y eso nuestro Gobierno no lo va a avalar respecto de los nuestros, ni tampoco respecto de actores que sean de otras agrupaciones o de otros gobiernos".