Consejo Minero expuso sus propuestas al nuevo proceso constitucional
INDUSTRIA. Organización expuso como parte del ciclo de audiencias públicas.
En el marco del proceso constitucional en curso, el Consejo Minero expuso ante la Secretaría de Participación Ciudadana en su Audiencia Pública designada en la Universidad Andrés Bello, organismo encargado de transmitir las iniciativas civiles para ser debatidas por los consejeros.
En la instancia, el presidente ejecutivo del CM, Joaquín Villarino, expresó la necesidad de que la normativa constitucional tenga certeza legal, suficiencia y eficiencia, de modo de posibilitar el desarrollo competitivo y sustentable del sector minero.
Según indicó en su presentación, lo anterior deriva de algunas particularidades de la actividad minera, como son sus altas inversiones, los múltiples riesgos a la que está sometida y los extensos plazos para obtener los permisos necesarios para un proyecto minero. Esto se suma a los escenarios fluctuantes durante la operación, lo cual hace que los proyectos nuevos se hagan viables en plazos sobre los 20 años.
Regulación adecuada
"Una regulación adecuada para el sector minero permitirá que Chile se siga beneficiando por muchos años más de los diversos aportes que ha venido haciendo la minería al país durante su historia", indicó Villarino, dando cuenta que la minería representa un 60% de las exportaciones del país; un 15% de su Producto Interno Bruto, alcanzando el 25% si se incluye su encadenamiento productivo; un 15% de la inversión en Chile, un 12% de los ingresos fiscales; y un 11% del empleo directo e indirecto.
Durante su intervención, el ejecutivo también señaló que "las normas sobre minería contenidas en el Anteproyecto de Nueva Constitución que aprobó la Comisión de Expertos incluyen los elementos y cumplen los requisitos necesarios para una regulación adecuada de la minería a nivel constitucional". No obstante, se sugirió "que se declare que la generalidad de las sustancias minerales será concesible, a excepción de las que señale una ley de quórum calificado".
Asimismo, el gremio de la gran minería sugirió ajustes en algunas normas que no son mineras, pero que tienen relación directa con el entorno minero, específicamente en materia laboral, de aguas y de destinación local de impuestos.