El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, tras sostener una reunión con la nueva subsecretaria de la cartera, Gabriela Elgueta, aseguró que no se referiría a las declaraciones que emitió la diputada Catalina Pérez (RD) en el marco del Caso Convenios. Sin embargo, aseguró que el tema "ha quitado tiempo" a objetivos del ministerio que lidera.

"Sin lugar a dudas, hoy día ha habido que destinar tiempo, energía, y preocupaciones a enfrentar las acciones de algunas personas inescrupulosas y de algunos delitos que probablemente se han cometido dentro del ministerio", manifestó en un punto de prensa.

No obstante precisó que "esa misma energía, ese mismo tiempo deberíamos estar dedicándolo a enfrentar los temas de los campamentos, los temas de la vivienda, los temas de perfeccionar nuestros procedimientos y, bueno, esto nos ha quitado tiempo, por lo que esperamos que se resuelva cuanto antes".

La subsecretaria también se refirió a la polémica afirmando que le "parece de la mayor gravedad" y que ha "visto cómo el ministro y la institucionalidad del Estado en su conjunto están enfrentando de manera proactiva en colaboración con la justicia". Pese a ello, enfatizó en que "más no puedo decirles, porque este es mi primer día en el cargo" y lo principal es que el ministerio se enfoque en la meta de construir 260.000 viviendas.

Por otro lado, el secretario de Estado reveló que el lunes habrá una nueva reunión con las fundaciones, con el fin de escuchar "sus propuestas, como también de otros actores de distintos ámbitos".

Vocera

De igual forma la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los descargos sobre el caso Convenios, hechos por la diputada Pérez, afirmando que "en un Estado de derecho es la justicia la que tiene que investigar", aunque ella tiene derecho a defenderse.

Al respecto, la ministra Vallejo sostuvo a Mega que "es obviamente una situación compleja me imagino para la diputada, es evidente (...) Yo creo que ella como todo ser humano y persona en este país tiene derecho a la defensa y a los juicios que se puedan generar en el espacio público", acotando que "a mí no me corresponde referirme (...) a los problemas que puedan tener dentro de un partido".

La ministra expresó que "hay una parte humana en todo esto siempre, ahora en el marco de un Estado de derecho es la justicia la que tiene que investigar, ella tiene también legítima defensa y eso es lo que creo que todos tenemos que respetar".

Además, Vallejo recordó que lo que dijeron desde un inicio como Gobierno sobre el caso, "fue decir que fue un descriterio político enorme como mínimo".

Sobre el caso de los convenios, Vallejo reconoció que para el Gobierno "ha sido un golpe muy duro, porque indigna, porque implica obviamente trabajos adicionales que hay que asumir desde el Gobierno para que pasemos de la indignación a la acción, a tomar medidas cuando se nos levantan las alertas o identificamos casos por ABC motivo (...) o por que las mismas autoridades detectamos irregularidades".

Aunque indicó que "uno no puede generalizar, porque termina haciendo pagar justos por pecadores".

Con ello, recordó que el Presidente Gabriel Boric, ha sido claro en exigir responsabilidades, acotando que cuando él se entera de esto fue "un momento de mucha indignación, pero no tenemos derecho a quedarnos sólo en eso y él ha solicitado lo que ustedes saben y ha dado las señales que todos conocemos, no sólo de establecer las responsabilidades políticas, sino que también la instrucción de 'miremos todo' y asegurémonos de que esto no siga pasando".

Reacciones inmediatas generaron las declaraciones de la diputada Catalina Pérez (RD) en el marco del Caso Convenios. Y es que la parlamentaria, en una nueva intervención pública al respecto, aseguró que cometió "un error de juicio", pero que "jamás he cometido delito".

Congresistas de la oposición remarcaron tras sus dichos que lo importante, es "qué va a determinar la justicia". Ahora bien, indicaron que "si quiere contribuir" debe renunciar a su fuero parlamentario.

"Lo relevante aquí no son las declaraciones de la diputada Catalina Pérez, lo importante es qué va a determinar la justicia para lo cual yo hago un llamado, no solamente a la diputada, sino a todos actores de este deplorable hecho, a que entreguen todos los antecedentes a la brevedad a la justicia, para que determine los grados de culpabilidad de cada uno de los involucrados", afirmó el diputado Francisco Undurraga (EVO).

Desde Renovación Nacional, la parlamentaria Camila Flores enfatizó en que "si la diputada Catalina Pérez realmente quiere contribuir y asumir sus responsabilidades en estos graves hechos que la involucran a ella y su círculo cercano, lo que tiene que hacer es renunciar a su fuero parlamentario y asumir su responsabilidad en una investigación penal como cualquier persona".

Una mirada similar mostró el diputado Juan Irarrázaval (REP) quien manifestó que "hace poco tiempo, a propósito del caso en que estaba envuelto el diputado Mulet, la diputada Pérez había grabado un video diciendo que lo que correspondía era que renuncie a su fuero parlamentario. Por lo tanto, más allá de las cartas y la palabrería, la diputada sabe exactamente lo que tiene que hacer, porque ese es el estándar que ella misma ha fijado".

Desde la UDI, los diputados Juan Manuel Fuenzalida, Cristhian Moreira y Juan Antonio Coloma, emitieron un comunicado en el que remarcaron que "es la justicia la que deberá determinar si cometió algún delito, no ella" y "si corresponde desaforarla o no, pero no es ella la que debe decidirlo".

El gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín afirmó que la acusación en su contra por la transferencia de $4.000 millones a tres fundaciones de su zona, entre ellas Chinquihue, que es presidida por él, son una mezcla de "temas que son peras con manzanas y algunas manzanas podridas, que tienen que ver con lo que otros están haciendo".

En radio Cooperativa, sostuvo que "lo que se está haciendo es poner bajo sospecha a todas las fundaciones, corporaciones, centros de investigaciones, universidades, por una situación que pasa en el norte".

También ayer, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, dijo a CNN que "hay hechos similares (a Democracia Viva) en la región de administraciones pasadas" y que él había levantado el tema. Mientras, en Atacama la fundación Comprometidos anunció acciones legales por la "difusión alejada de la verdad" respecto de la investigación de la Fiscalía tras una denuncia de la diputada Sofía Cid (RN).