Durante la jornada de ayer, Revolución Democrática presentó una querella en contra de todos quienes resulten responsables de los hechos referidos a los convenios suscritos entre el Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, en base a los delitos investigados por el Ministerio Público.

En la instancia, el timonel de tienda, Juan Ignacio Latorre, fue consultado por el punto de inflexión que hubo en el Partido para presentar una acción legal de lo que en un principio se consideró como un error político.

"A medida que han ido apareciendo antecedentes, y eso ha sido parte de lo complejo del caso, en que en una primera etapa no teníamos todos los antecedentes y la información que teníamos era que estaba todo en regla (...) hay sospecha de corrupción, hay sospecha de una organización que se forma, que tiene muy poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado de muy amplia diversidad de temas para sacar provecho de los recursos públicos", sostuvo.

En ese sentido, precisó que "los antecedentes iniciales que teníamos, tanto el Gobierno como nosotros, era que acá en principio no había nada que estuviera fuera de regla, sino que había más bien un descriterio político, pero en la medida que se van conociendo más antecedentes, hay ya sospecha de delitos y obviamente por eso entra la Fiscalía".

Requerido por la interpelación que la oposición anunció para el titular de Vivienda, Carlos Montes (PS), el senador calificó la medida como "un aprovechamiento político" del sector.

"El ministro Montes en mi opinión, además como ministro y su trayectoria política, está haciendo un muy buen trabajo en el ministerio de Vivienda con todos los desafíos que tenemos en términos de déficit habitacional, pero en este caso, él ha tomado una actitud proactiva de llegar hasta las últimas consecuencias y tiene el respaldo del Presidente de la República", sostuvo.

En cuanto a la salida de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, Latorre apuntó que "ella pagó una responsabilidad política como un cargo de confianza del Presidente de la República. Sin embargo, y quiero decirlo, hay una gran valoración por su trabajo profesional en otras áreas".

Además, el partido dio a conocer que se suspendió la militancia de la diputada Pérez y que se pidió la expulsión de Contreras y Andrade.

Andrade

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, fundador de RD, expuso en radio Cooperativa que "es gravísimo, y para quienes formamos parte durante tanto tiempo de este proyecto es súper doloroso".

Por otra parte, también se conoció la primera reacción de Daniel Andrade (Democracia Viva) ante este caso: presentó un escrito ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en el que solicita ser parte de la investigación de oficio de la Fiscalía de Antofagasta.

"Atendida la existencia de una querella criminal interpuesta en este procedimiento en contra de quienes resulten responsables por la comisión de los delitos de cohecho agravado y fraude al Fisco, en cuya relación de hechos se alude directamente a mi persona (...), solicito a que se me tenga como parte o interviniente en este procedimiento penal, en calidad de imputado, para todos los efectos legales", planteó la expareja de la diputada Pérez.

Asimismo expuso que "ofrezco poner a disposición del Ministerio Público todos mis dispositivos electrónicos y los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación", autorizando acceso a todas sus cuentas y registros de operaciones o movimientos.

Diputados de la bancada UDI llamaron al Presidente Gabriel Boric a revocar el decreto que busca crear la Comisión Asesora contra la Desinformación, luego de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestara su "preocupación" por la iniciativa impulsada por el Gobierno.

El organismo señaló que el Ejecutivo debe "evitar la tentación de instaurar mecanismos de censura" y agregó que "comisiones y otras formas gubernamentales de vigilancia suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos negativos sobre las libertades de expresión y de prensa".

Tras la publicación del decreto en el Diario Oficial, los diputados Juan Antonio Coloma, Natalia Romero y Marco Antonio Sulantay anunciaron que acudirían al Tribunal Constitucional (TC) para revertir la medida, argumentando que atentaba contra un derecho fundamental ya consagrado, como es la libertad de expresión.

Además, estimaron que cualquier modificación que se requiera hacer debería ser por la vía de una modificación legal, y no mediante un decreto como lo propuso el Ejecutivo.

"Las graves advertencias que acaba de realizar la SIP no vienen más que a confirmar todos los cuestionamientos que le hemos hecho al Gobierno, porque durante más de un año han demostrado su absoluta obsesión por replicar los mismos modelos dictatoriales de otros países, donde por medio del control de medios y una limitación de la libertad de expresión buscan censurar a todos los que piensan distinto a ellos", cuestionaron los legisladores.

Por lo mismo, y considerando que la bancada UDI anunció que durante la primera semana de julio ingresará el requerimiento al Tribunal Constitucional, Coloma, Romero y Sulantay emplazaron al Presidente Boric a revocar el decreto ante de esa fecha, asegurando que "si realmente siente un compromiso por nuestra democracia, hoy mismo debería cancelar y suspender esta comisión".