En una concurrida conferencia de prensa, el fiscal jefe de la Región de Antofagasta, Cristián Aguilar detalló alguna de las primeras diligencias solicitadas en la investigación desformalizada por el denominado Caso Convenios.

Aguilar confirmó que ya cursaron la solicitud de antecedentes tanto a la Contraloría como al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Seremi de Vivienda y Urbanismo relacionados con los convenios que se suscribieron con la Fundación Democracia Viva, liderada por la pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, ambos militantes de Revolución Democrática (RD).

Ante los hechos, Aguilar expresó que, "se ha despachado una orden de investigar a la Bridec de Antofagasta de la PDI y se han derivado diversos requerimientos de información tanto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como a la Contraloría Regional de Antofagasta y a la seremia para los efectos que puedan poner a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes relativos a la existencia de convenios".

A causa de la investigación por oficio, y a pesar de la serie de anuncios de querellas por parte de diversos partidos políticos, Aguilar informó que a la fecha no han recibido ningún antecedente desde Tribunales.

"Cuando se presenta una querella, se hace al juzgado de garantía. El juzgado de garantía se pronuncia sobre su legalidad y remite los antecedentes a la fiscalía. Hasta este momento no hemos recibido como fiscalía ninguna querella proveída por los hechos de esta investigación. Si así ocurre, se añadirán a la investigación ya iniciada, y se revisarán la propuesta de diligencia que contenga cada querella, para ver si procede o no lo que soliciten los abogados querellantes".

Por ello se extendió el conocimiento de la apertura del caso al Concejo de Defensa del Estado para que la entidad adopten las medidas necesarias y pertinentes según corresponda.

Mientras que ante la posibles indagaciones a otras fundaciones que también aparecen contratadas en el marco del programa de Asentamientos Precarios del Serviu y que fueron adjudicadas bajo la gestión del exseremi Carlos Contreras, el persecutor no descartó futuros requerimientos aunque, subrayó que la investigación se encuentra en una fase inicial. "Hasta ahora, la apertura de la investigación de oficio por parte de la Fiscalía dice relación con los convenios de la seremia de vivienda de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva, otros hechos o convenios distintos de esta naturaleza, se da una materia que deberá determinar su oportunidad".

Reunión abortada

A temprana hora de ayer, fuentes del Ministerio de Vivienda habían afirmado la visita del ministro Montes a la capital regional para sostener una entrevista con el fiscal regional, Alberto Ayala, lo que luego fue descartado. Al respecto Aguilar afirmó que a la fecha no han tenido contacto con las autoridades del ministerio.

"Hemos tenido alguna noticia respecto a esa información, pero no hemos recibido ninguna comunicación como Fiscalía respecto a la existencia de una reunión con el señor Ministro de Vivienda... no hemos tenido ningún contacto con el señor Ministro de Vivienda por ahora", indicó Aguilar.

Delitos y penas

Respecto a los posibles delitos que estarían infringiendo los involucrados del caso, el fiscal Aguilar dijo que se investiga la eventual comisión de delitos como el tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o fraude al fisco. Asimismo, con respecto a las penas que podrían arriesgar los involucrados declaró que, "en general las penas son privativas de libertad, las que van desde los 541 días hasta los 10 años en términos muy generales con respecto a las figuras que he hecho mención".

"Estamos esperamos recibir los antecedentes para poder revisarlos y determinar si verdaderamente ha existido un delito y si es atribuible a una o más personas como autores, cómplices o encubridores. Por lo tanto, estamos hablando totalmente en abstracto y de ciertas figuras que eventualmente te podría concurrir si una partida en la base que ha existido algún delito", agregó el persecutor.