La Corte de Apelaciones de Antofagasta condenó a la Municipalidad de María Elena a pagar una indemnización total de $110.000.000 por concepto de daño moral, a los padres y hermanos de paciente que falleció en agosto de 2019, en un consultorio rural, por un shock anafiláctico provocado por medicamento suministrado en el centro asistencial.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jasna Pavlich Núñez y Juan Opazo Lagos- revocó la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de María Elena, que rechazó la demanda.

"(…) es un hecho de la causa que Marco Alejandro Araya Órdenes con fecha 16 de agosto de 2019 concurrió al Consultorio de Salud Rural Municipal de María Elena en horas de la mañana, solicitando atención por el dolor que presentaba en un dedo, que se habría apretado con la puerta de un auto, siendo atendido por un médico de dicho centro quien le recetó el medicamento Ketoprofeno intramuscular, la inmovilización con férula y la toma de una radiografía de la mano derecha y, además dispuso la ingesta de Ketoprofeno cada ocho (8) horas; luego, en el mismo establecimiento y el mismo día, se le administró endovenosa un medicamento. Posteriormente, presentó mareos y estando en el interior del consultorio sufrió un desmayo, presentando un cuadro médico compatible con shock anafiláctico o reacción alérgica aguda al medicamento administrado, siendo atendido por personal del mismo centro y posteriormente sufrió un paro cardio respiratorio del cual no se pudo recuperar, falleciendo en el lugar", consigna el fallo.

Ficha clínica

La resolución agrega que consta en la ficha clínica del occiso, que sufría de asma bronquial en tratamiento desde los 15 años de edad, y su causa de muerte "(…) fue resultado de un angloedema-anafilaxis o, una reacción alérgica a fármacos o una sobredosis del fármaco administrado".

Por lo que "(…) es posible concluir que se incumplió con una cuestión básica de la praxis médica y de sentido común, en primer lugar, revisar los antecedentes o ficha médica para cerciorarse si el paciente presentaba alguna enfermedad que pudiera motivar una reacción distinta a la normalmente esperable y, en segundo lugar, no se le administró el medicamento en los términos prescritos en la receta médica luego de la atención de salud prestada el mismo día y en el mismo establecimiento, y ante dicha omisión el paciente sufrió un paro cardio respiratorio que le desencadenó la muerte".

"Es decir, se está en presencia de un hecho culposamente ejecutado, que produjo un resultado dañoso por lo que consecuentemente la I. Municipalidad de María Elena, de la cual depende el Consultorio de Salud Rural, se encuentra obligada a la reparación", concluye.

Por tanto, se resolvió que: "Se acoge, condenándose a la I. Municipalidad de María Elena a pagar a la parte demandante las sumas que se indican a continuación por concepto de indemnización por daño moral con reajustes e intereses conforme a lo dicho en el fundamento decimoctavo de esta sentencia: a los padres demandantes, doña Niria Magaly Órdenes Salazar y don Marco Antonio Araya Veragua, la suma de $35.000.000 a cada uno. A los hermanos, don Gustavo Alfonso Araya Órdenes y don Sebastián Stefan Araya Órdenes, la suma de $20.000.000 a cada uno".

El Tribunal de Juicio en lo Penal de Antofagasta condenó a 12 años de cárcel a Manuel Riquelme V., de 53 años de edad, por el delito de femicidio frustrado cometido en contra de su exconviviente en febrero del año pasado en esta ciudad.

La lectura de sentencia fue dada a conocer luego que el tribunal estimara la culpabilidad en esta querella presentada por SernamEG, el 28 de marzo de 2022, a menos de un mes después de acontecidos los hechos en donde el sujeto intentó incendiar con diluyente la habitación en donde se encontraba la mujer de 54 años.

Cabe mencionar que éste fue el segundo femicidio frustrado ocurrido el año pasado en la región, de un total de siete.

Sobre la sentencia, la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco Pizarro, destacó que, "estamos finalizando un proceso de obtención de justicia, lo cual es muy relevante para toda mujer sobreviviente de violencia de género. En este caso queremos destacar que el tribunal acogió la máxima pena que solicitada nuestra abogada regional".

Junto al SernamEG como querellante, el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos dependiente del Ministerio del Interior actuó desde los primeros momentos con acompañamiento sicológico. En tanto que el Circuito Intersectorial de Femicidios sesionó en varias oportunidades para tratar este caso y coordinar acciones conjuntas para el establecimiento de medidas judiciales y entregar servicio reparatorio a la afectada. La pareja en alusión no contaba con descendencia en común.

Hasta la fecha este año la región contabiliza cuatro femicidios frustrados. A diferencia de 2022, donde hubo un femicidio consumado, este año la región no cuenta con este tipo de crímenes.

Carrasco Pizarro destacó el trabajo de orientación que entrega el SernamEG a través del fono 1455, el WhatsApp +569 9700 7000 y el chat 1455 disponible en la web del SernamEG.

La Fiscalía de Taltal formalizó a seis personas detenidas por OS7 de Carabineros durante allanamientos en las ciudades de Antofagasta y Alto Hospicio, operaciones en las cuales, además de droga, se incautaron precursores químicos para el abultamiento de la sustancia.

Los detenidos fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas, pero a tres de ellos también se les imputó el delito de tenencia de precursores, quedando todos en prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad.

Según detalló el fiscal jefe de Taltal, Ricardo Castro Lillo, la investigación se inicia en virtud de información obtenida a través de técnicas de investigación de la Ley 20.000, lo cual conduce a una serie de allanamientos donde participan funcionarios policiales de las regiones de Antofagasta y Tarapacá, dirigidos por el Ministerio Público.

De esta manera, se logra la incautación de 5 kilos 469 gramos de pasta base de cocaína, 5 kilos 297 gramos de clorhidrato de cocaína, y 26 kilos 989 gramos de marihuana, además de una pistola de aire comprimido y 1 chaleco antibalas.

A esto se suma el hallazgo de bidones con ácido muriático, frascos de soda cáustica y bicarbonato de sodio, todos elementos químicos esenciales para preparación de drogas, como también pesas digitales, celulares y otros artículos.

A petición del Ministerio Público, el Juzgado de Garantía de Taltal dispuso que todos los detenidos quedaron en prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad, con un plazo de investigación de 100 días.