Primero una recapitulación, Chile entró, a fuerza de protestas no exentas de violencia callejera, a lo que algunos constitucionalistas llamaron un "momento constituyente", esto es, un tiempo en que se discute, no la reforma de la Constitución vigente, sino que su reemplazo total por una nueva, reconfigurando con ello el pacto político establecido. En Chile, dichos momentos los experimentamos siempre en contextos históricos de quiebres institucionales, como es el caso de los pasados textos constitucionales de 1833, de 1925 y de 1980. De ahí que el acuerdo de 25 de noviembre de 2019 fuera algo excepcional en nuestra historia, pues permitió encauzar el asunto por la vía institucional, mediante un proceso constituyente reglado en la propia Constitución que se estaba desahuciando.

El primer Proceso Constituyente estuvo reglado procedimentalmente, con límites sustanciales mínimos, fue un momento constituyente con hoja en blanco, en el que las fuerzas liberales, progresistas, socialdemócratas y de independientes de izquierda obtuvieron dos tercios para imponer sus términos constitucionales, sin la posibilidad de bloqueo de las fuerzas liberales, conservadoras y de derecha. Por esta razón, cuando dicho proceso naufragó en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, muchos se preguntaron qué es lo que había pasado realmente. ¿Había ocurrido un rechazo a la forma en que se llevó el proceso, a los principales contenidos del texto, o simplemente con voto obligatorio, emergió esa mayoría silenciosa que no salía a marchar en 2019? Con todo, el fracaso del anterior proceso Constituyente no cerró el tema, pues ambos espectros políticos, entendieron desahuciada la actual Carta Fundamental y junto a ello sacaron dos lecciones del proceso anterior: primero, que no es deseable una hoja en blanco que permita la refundación, y segundo, que un proceso técnico como el de redactar normas, reglas y principios constitucionales, no debería ser entregado sólo al ciudadano profano que desconoce dicha técnica. Por lo anterior, para evitar lo primero se introdujeron las denominadas bases constitucionales y para evitar lo segundo, se creó una comisión de expertos para redactar un anteproyecto que cuidase de la buena técnica política legislativa.

Hecha la recapitulación, reflexionemos sobre el texto de Anteproyecto de Constitución Política de la República que acaba de despachar el Comité de Expertos. Se puede afirmar que su contenido es el fruto de un genuino ejercicio de consenso democrático, que cumple con mantener lo mejor del texto constitucional actual, esto es, las bases del modelo económico que han permitido que el país se desarrolle materialmente durante las últimas décadas, a saber: Banco Central autónomo con un objetivo puramente monetarista y con prohibición de financiar directa e indirectamente deuda pública, propiedad privada protegida con indemnización por daño efectivamente causado en caso de expropiación por causa de utilidad pública, libertad económica amplia, principio de no discriminación en el trato que el Estado debe dar a las personas en materias económicas, restricción al Estado para crear empresas estatales -pues solo se puede hacer por ley de quórum calificado-, sistema de concesión minera judicial y con resguardo de derecho de propiedad. Pero también se hace cargo de las deficiencias del texto actual, sobre todo en materia de derechos sociales, pues los perfila de forma responsable promoviendo el desarrollo progresivo de éstos, pero siempre con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. En síntesis, si este anteproyecto se mantiene en sus vigas maestras, el país tendrá una nueva oportunidad para dar vuelta la hoja sobre el tema constituyente y seguir adelante con un texto constitucional robusto institucionalmente y legitimado por el pueblo de Chile en democracia.

Era conocido que el regreso a la presencialidad en los establecimientos educacionales, sería un proceso complejo. Los largos confinamientos, la ausencia de relaciones con compañeros y profesores, y todo el daño psicológico proveniente de la pandemia anticipaba un escenario de conflictos y de dificultades que requerirían de múltiples compromisos para su solución.

Las comunas de la región, unas más que otras, sufrieron lo predicho y hubo varios episodios de violencia entre alumnos, con docentes y apoderados. Ante ello, las distintas autoridades diseñaron planes multidisciplinarios para impedir que los hechos violentos se multiplicaran sin control.

Estas políticas se aplicaron desde las primeras semanas de año lectivo 2022 y el actual análisis arroja que se avanzó, que se logró contener la violencia y que hoy en la mayoría de las unidades educativas de la región se transita por un ambiente de tranquilidad.

El punto negro sigue siendo la capital regional, donde la convivencia está en serio riesgo y no se toman las medidas para revertir esta peligrosa situación.

Hace pocos días se conoció respecto a la agresión de una apoderada a la inspectora jefa del Liceo Domingo Herrera. Este no es un caso aislado, se conocen de otros episodios igual o más violentos.

También es de conocimiento público los problemas de infraestructura y de control de plagas en varios establecimientos. De hecho, el Minsal ha decretado prohibición de funcionamiento al menos en dos colegios, algo insólito en nuestra región.

Las denuncias en la Superintendencia de Educación son 66, la más alta de la macrozona norte y al respecto se hace algo, pero no lo suficiente.

Es tiempo de abordar el problema con la ayuda y las capacidades de todos los involucrados, partiendo por entregar un mejor ambiente a los escolares y promover la sana convivencia entre todos los estamentos.