La necesidad de disminuir la desigualdad que enfrentan distintas zonas del país en materia de seguridad, como la implementación de diversas estrategias para enfrentar la expansión delictual, surge como una de los objetivos centrales del Sistema Nacional de Seguridad Municipal que presentó esta semana la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Un programa de apoyo y asesoría a los municipios para fortalecer sus capacidades en materia de prevención y seguridad pública, que valoró el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

"Nunca más los municipios de Chile van a concursar con otros municipios para obtener los recursos tan necesarios que necesitan en prevención del delito y seguridad", dijo.

Según informaron mediante un comunicado desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, estos recursos se asignarán a través un índice de vulnerabilidad sociodelictual, aplicado de manera transparente y de acuerdo con las necesidades de cada comuna. Este índice contempla factores como gravedad de los delitos, índice de delitos contra la mujer, población comunal y flotante, recursos propios de los municipios, entre otros. Mediante este criterio a las comunas se les distribuirá en dos grupos: urgentes y rotativas. Las primeras recibirán financiamiento permanente y las segundas, año por medio. En total, a 120 ascienden las comunas calificadas como urgentes y a 225 las consideradas como rotativas.

Reacciones

Para Marcelino Carvajal (PPD), alcalde de la comuna de Mejillones y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta (AMRA), resulta necesario un criterio territorial para la distribución de estos recursos.

"Creo que hoy para nadie es ajeno el tema de la seguridad pública. Este tema tenemos que abordarlo de la mejor manera, y cuando decimos mejor manera, todo pasa por recursos, pasa por la falta de policía y la seguridad pública se desborda. Tenemos problemas con algunos extranjeros involucrados siempre en delitos. Este país es largo, y lo que pasa en Arica en la zona fronteriza, no es lo mismo que ocurre en Punta Arenas. En todos los lugares hay problemas de diferente magnitud. Por lo que queremos es que estos recursos, que son una cantidad interesante, lleguen directo a los municipios para que podamos también distribuirlos, y ojalá vengan con una glosa".

"Ojalá que, como parte del reglamento, nos entiendan alguna vez a los alcaldes que debemos tener recursos que nosotros seamos capaces de distribuirlos, porque nosotros tenemos focalizados los puntos más complicados. Siempre vamos a chocar en el tema cómo contratamos o reforzamos con más personal para seguridad; cómo contratamos profesionales para hacer proyectos. Pero no necesitamos tanta orientación o que nos preparen (…) Los alcaldes también tenemos equipos y capacidad, aunque nos faltan más profesionales", opinó Carvajal.

Para la alcaldesa de la comuna de Tocopilla, Ljubica Kurtovic (Ind), en cambio, la seguridad debe priorizarse como una labor del Estado.

"Personalmente no estoy de acuerdo en que los municipios nos hagamos cargo de algunas tareas de seguridad porque siento que el Estado está delegando en los municipios tareas que le corresponde netamente a la policía", afirmó.

"En mi opinión es que el Gobierno pueda fortalecer las policías, porque esas son las medidas que pide la gente. La gente en Chile pide mayor seguridad, no pide inspectores municipales; entonces pienso que está descontextualizado el apoyo o los recursos que entreguen a los municipios para este tema", añadió Kurtovic.

Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito detallaron que el Sistema Nacional de Seguridad Municipal entrega asesoría técnica universal a todas las comunas del país, para la elaboración de diagnósticos y planes, mejorar la gestión interna y externa, así como hacer frente a temas emergentes. También financia proyectos de innovación, con el fin de apoyar iniciativas de prevención que generen conocimiento para el diseño de políticas públicas.

Mayores recursos

Para Eliecer Chamorro (FRVS), alcalde de la comuna de Calama, la implementación de este Sistema Nacional de Seguridad Municipal surge como parte de los requerimientos en materia de seguridad planteados por alcaldes del norte del país.

"Nosotros lo acogemos, es una buena aproximación, sin embargo, hay una asignación de recursos que también es importante destacar. Son asignaciones de recursos desde el punto de vista no postulable, sino que recursos de asignación presupuestaria por cada comuna, dependiendo de los estados críticos que tengamos cada ciudad. Sin embargo, la observación que sí podríamos sacar, aunque valoramos el esfuerzo, es que esa cantidad de recursos es menor. Por ejemplo, de los $150 millones que establece la propuesta de gobierno y lo valoramos".

"Colocar una cámara de televigilancia, en un universo de 12 cámaras, no se financia con $150 millones, es imposible. Por lo tanto, ese monto debería ser mayor. Si ese monto no es mayor, la propuesta que hacíamos los alcaldes del norte (como Amunochi) era que la idea de la Subdere, que tenía un programa de mejoramiento urbano de seguridad, de hasta $140 millones, también pudiera ser bajo asignación y con eso tendría un universo de $290 millones aproximadamente. Con esa complementariedad, la propuesta sería bastante acertada, mucho más efectiva. Sin embargo, como alcalde yo valoro la primera aproximación", añadió Chamorro.

"Ojalá que nos entiendan alguna vez a los alcaldes que debemos tener recursos que nosotros seamos capaces de distribuirlos".

Marcelino Carvajal, Alcalde de Mejillones

"Personalmente no estoy de acuerdo en que los municipios nos hagamos cargo de algunas tareas de seguridad".

Ljubica Kurtovic, Alcaldesa de Tocopilla

"La observación que sí podríamos sacar, aunque valoramos el esfuerzo, es que esa cantidad de recursos es menor".

Eliecer Chamorro, Alcalde de Calama

Una grave denuncia laboral realizó el gremio de trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Antofagasta, luego de que una funcionaria fuera agredida por una pasajera embarazada, quien no podía acceder al vuelo por falta de documentación.

Según consignó 24 Horas Red Antofagasta, la mujer de 30 semanas de embarazo, necesitaba un certificado médico que le permitiera subir al avión, sin embargo, la mujer pese a esta indicación intentó ingresar a la fuerza a través del punto de embarcación, con gritos e insultos contra la funcionaria que le impedía el paso.

Pese a que los funcionarios realizaron la denuncia a Carabineros y constataron lesiones, el dirigente de la DGAC, Luis Osorio, indicó que en circunstancias que se deben esclarecer, "lo que resultó en que finalmente nuestra colega permaneciera durante toda la noche en una celda en circunstancias en que ella había sido la agredida".

La funcionaria en cuestión pasó la noche en una de las celdas de la 5° Comisaría de Carabineros.

Inexplicable

Al respecto, el abogado y académico en derecho aeronáutico, Tito Muñoz indicó que resulta inexplicable que haya quedado en esas circunstancias por disposición del MP. "Fue una pasajera disruptiva que atacó a un funcionario público y ella debió haber sido tratada como víctima".

Desde la DGAC afirman que el procedimiento debió enmarcarse dentro de las disposiciones de la Ley Naim-Retamal. "Se establece expresamente que los funcionarios de la DGAC en su calidad de empleados de un servicio dependiente de las Fuerzas Armadas, deben ser considerados como víctimas o testigos para todos los efectos legales". Desde la institución anunciaron una querella ante el hecho.