Secciones

  • Portada
  • Actualidad
  • Actualidad general
  • Opinión
  • Clasificados
  • Servicios
  • Deportes

Cinco proyectos de ley en discusión buscan endurecer penas por robos de cables

SEGURIDAD. La Región de Antofagasta figura entre de las zonas del país con mayor cantidad de querellas y denuncias por robo de cables para sustraer este mineral.
E-mail Compartir

Claudio Cerda Santander

La diversificación y alta reincidencia en el robo de cableado para extraer cobre, una contingencia causante de frecuentes interrupciones a los servicios de telecomunicaciones, hoy enfrenta propuestas legislativas para enfrentar esta variante delictual. Una medida que se suma a las continuas denuncias de las compañías afectadas para perseguir a los responsables de estos ataques.

Según datos de Chile Telcos -Asociación Chilena de Telecomunicaciones AG que agrupa a las mayores empresas en servicios de internet, telefonía móvil y fija y de TV pagada- el robo de cables figura como la principal causa del corte del servicio de telecomunicaciones a los usuarios. Un registro en que la Región de Antofagasta se ubica en el quinto lugar (4,33%), de un total de 5.946 querellas y denuncias por esta causa registradas en 2022 a nivel país. Le anteceden las regiones Metropolitana (70,7%), O'Higgins (6,64%), Biobío (5,78%) y Valparaíso (4,60%).

El robo de cobre extendido en regiones del norte del país, en tanto, ha llevado al Gobierno a incluir una serie de medidas como parte de la Política Nacional contra el Crimen Organizado para enfrentar este tipo de delitos. Como evidencia de este panorama delictual, desde CGE, compañía de distribución eléctrica que atiende a más de 3 millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, informaron que entre enero y diciembre de 2022 se registraron 854 eventos de robo de cables en redes de baja y media tensión a lo largo de su zona de concesión.

Debido a estos robos las bandas delictuales se han apropiado ilegalmente de más de 42 toneladas de cable de cobre, con un valor estimado en más de $363 millones de pesos. Mientras que el gasto en que ha debido incurrir la compañía para normalizar los servicios eléctricos y la infraestructura dañada asciende a $2.977 millones en el mismo período.

Paulo Cruz, gerente zonal de CGE, señala que en el último año estas bandas delictuales han sustraído más de 169.236 metros de cable de cobre (169,2 kilómetros). Una cifra que representa un incremento de 217% en cantidad de metros de cable robado respecto de los 53,3 kilómetros sustraídos por delincuentes entre enero y diciembre de 2021. "El robo de conductores afecta a toda la comunidad, ya que provoca interrupciones en el suministro eléctrico, y puede afectar la seguridad de la población, causando accidentes, incluso con resultados de muerte, para las personas que manipulan las instalaciones sin autorización", dijo.

Desde CGE informaron además que participan de manera activa en las mesas de trabajo que las autoridades de distintas regiones, incluyendo Antofagasta, han impulsado para combatir este delito. Además comentaron que en los casos en que identifican afectación a las redes presentan las respectivas denuncias ante Carabineros y Ministerio Público, para luego interponer acciones legales que permitan perseguir a los autores de estos delitos.

Urgencia legislativa

Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de Chile Telcos, afirma que debe avanzarse en las propuestas legislativas para enfrentar el creciente robo de cobre, que afecta a las empresas de telecomunicaciones. "Hay cinco proyectos en el Congreso, tres que partieron por la Cámara de Diputados y dos por el Senado. Uno ya se aprobó en el Senado y está en la Cámara de Diputados ahora y debería ser ley en algún minuto. Estamos pidiéndole al Gobierno que lo incluya dentro de la carpeta de proyectos prioritarios por seguridad y ojalá lo tramite con urgencia. Una vez que eso ocurra vamos a tener mayor capacidad de persecución para un delito súper específico, grabado con penas más fuertes". De acuerdo a datos de Chile Telcos, entre enero y octubre de 2022 se registraron 376 eventos vandálicos y robos en la región de Antofagasta. El 95% de estos casos se concentran en la ciudad, con un promedio de 37,6 eventos mensuales.

Penas de prisión

En tanto, entre las propuestas legislativas para enfrentar el creciente robo de cobre figura la propuesta del diputado por la Región de Antofagasta José Miguel Castro (RN). "En agosto de 2022, presenté un proyecto de ley que busca tipificar el delito de robo de cobre en todas sus formas, incluyendo el robo de cables. Esta propuesta establece penas que van desde prisión mayor en su grado mínimo hasta medio, junto con una pena accesoria equivalente al doble del valor comercial del objeto robado. Sin embargo, hasta el momento, este proyecto no ha tenido avances significativos, motivo por el cual he solicitado su urgente inclusión en la agenda legislativa", dijo.

"Es innegable el considerable aumento en la comisión de delitos en diversas áreas, y la delincuencia ha permeado el país en su totalidad. La población vive con altos niveles de temor, desconfianza e inseguridad, por lo que resulta fundamental priorizar con premura todos los proyectos relacionados con el endurecimiento de penas y el fortalecimiento del marco normativo contra la delincuencia, abarcando todo tipo de delitos, incluido el robo de cobre, una problemática que afecta de manera significativa al norte del país y, en particular, a mi distrito", añadió.

"El robo de conductores afecta a toda la comunidad, ya que provoca interrupciones en el suministro eléctrico, y puede afectar la seguridad de la población".

Paulo Cruz, Gerente zonal CGE

PDI investiga muerte de hombre de 61 años en Antofagasta

E-mail Compartir

La Brigada de Homicidios de la PDI Antofagasta, en coordinación con la Fiscalía Local iniciaron la investigación por la muerte de una persona de 61 años, de nacionalidad chilena, quien fue ingresada la noche de ayer en el Hospital Regional.

Los oficiales fueron notificados por el fiscal de turno iniciando las diligencias investigativas. Estas pericias permitieron determinar, en primera instancia, que no tendría lesiones atribuibles a terceras personas, aunque enfatizaron que la causa precisa de muerte será determinada por la autopsia de rigor.

Sobre los antecedentes del caso, PDI indicó que la víctima se hallaba en su domicilio en calle Juan Bolívar y presentó problemas de salud por lo que debió ser trasladado hasta el centro médico regional donde finalmente falleció.


Dos detenidos en prisión preventiva por almacenamiento ilegal de explosivos en Calama

La Fiscalía de Calama formalizó ayer a dos imputados de nacionalidad venezolana detenidos el viernes último por funcionarios de OS7 de Carabineros.

El primero de los imputados, de sexo femenino, fue formalizado por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de municiones, tráfico de drogas en pequeñas cantidades y almacenamiento ilegal de explosivos, mientras que el segundo, de sexo masculino, fue formalizado por almacenamiento ilegal de explosivos.

Por petición del Ministerio Público, ambos detenidos quedaron en prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad.

El juzgado de garantía de Calama decretó un plazo de investigación de 100 días.