Recientemente la firma Movistar incorporó a la comuna de Taltal a su oferta de internet domiciliario de fibra óptica. Proyecto que se lanzó junto a la comunidad y la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel), entidad que valoró este avance que significará una mejora en las conexiones de los taltalinos y taltalinas.

La iniciativa permitirá mejorar el acceso a contenidos digitales y brindar mayor capacidad de dispositivos, lo que se traduce en la realización de trámites online, conexiones más óptimas y un avance en la calidad de vida, mediante este proyecto de fibra óptica, el cual -de acuerdo a la Subtel- busca extenderse por todo Chile.

"El proyecto Fibra Óptica Nacional tiene como objetivo desplegar redes de fibra óptica desde Arica hasta Los Lagos, estableciendo puntos de acceso que permitan a las compañías llevar internet de alta velocidad a estas zonas y en la Región de Antofagasta se tienen previstos 25 de estos puntos que permitirán llegar con internet a localidades como Caleta Coloso, Paposo, Toconao, Taltal, entre otros", comentó el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, quien participó en la ceremonia realizada en Taltal.

En esa línea la Subtel anunció que impulsará el proyecto Última Milla, el cual busca llevar conectividad en zonas donde no hay oferta comercial de fibra óptica. "En el caso de la región de Antofagasta ya se presentó al Gore un anteproyecto que considera llegar a diferentes localidades como Caleta Paquica, Tres Marías, Caleta Indígena, etcétera. En el caso de tecnologías móviles, 5G ya se encuentra operativo en todas las capitales regionales y provinciales del país, y con las contraprestaciones alcanzaremos zonas rurales mejorando su conectividad a 4G de alta velocidad. En el caso de la región, podemos decir que Antofagasta, Calama, Mejillones, San Pedro de Atacama, Taltal, entre otras localidades, ya cuentan con 5G", explicó Araya.

Brecha digital

Durante la ceremonia se hizo énfasis que como mayo es el Mes de las Telecomunicaciones y uno de los focos importantes de la Subtel es disminuir la alfabetización digital, por lo que esperan que durante los próximos años tengan a la mayor parte de la población conectada a internet con medidas de educación para grupos etarios que lo requieran, en este caso los adultos mayores.

"Se trata de un grupo que no es nativo digital y que delincuentes se aprovechan de su desconocimiento en materias digitales para engañarlos y estafarlos", dijo Araya sobre este grupo al cual el gobierno busca incluirlos en talleres para evitar que sean víctimas de delitos digitales y saquen un buen provecho de las conectividades.

El subsecretario destacó que la pandemia sacó a la luz una cara oculta de Chile en materia de conectividad, motivando a las empresas a reforzar sus canales de atención y reparar las fallas en la red. Esto se ejemplificó cuando los casos de personas que debían subir cerros para hacer una videollamada de emergencia y niños en lugares apartados para lograr acceder a clases online.

"Hoy estamos discutiendo en el Congreso el proyecto de ley que busca consagrar internet como servicio público. La aprobación de este proyecto nos permitirá contar con mayores herramientas para fiscalizar la entrega de servicios por parte de las compañías y por otro lado, avanzar en mecanismos que nos permitan disminuir la brecha de acceso, que no solo tiene que ver con cobertura sino también con capacidad de pago", señaló finalmente el subsecretario Claudio Araya.

Felipe Román, Presidente de la Federación Minera de Chile, que aglutina a 14 sindicatos desde Arica hasta Santiago que representan a 9 mil trabajadores de la gran minería privada del país, señaló que "sin duda el primer aporte, y el más significativo, es la capacidad de capturar nuevos recursos por parte del Estado para el gasto público. Igual de significativa es la cuota regional que establece el royalty para las regiones mineras, ya que permitirá ponernos al día con la infraestructura necesaria en materia de vialidad, vivienda y provisión de servicios públicos y sociales. Lo importante de este proyecto es sostener que los fondos recaudados deben ir en la línea del desarrollo social y económico del país".

El dirigente de la multigremial añadió que "por otro lado, creemos que el cálculo para su cobro debe pasar por el Estado, no podemos seguir fiándonos de reportes de terceras partes involucradas, con posibles conflictos de interés. En la misma línea, creemos que por ningún motivo se debe considerar el 10% sobre el capital invertido o fijo, ni tampoco operar luego de algún costo operacional o de negocio".

Por otra parte, desde el sector de los supervisores de la minería, manifestaron sus críticas a la reacción de las empresas ante la aprobación de la iniciativa.

Celso Pardo, Presidente del Sindicato de Supervisores de Minera Centinela y ex presidente de la Federación de Supervisores de Antofagasta Minerals, indicó que "lamentablemente las empresas mineras han tratado de "demonizar" este proyecto, señalando que se ahuyentará la inversión colocando en riesgo la actividad".

"Por años las mineras se han aprovechado de la falta de una regulación eficaz en materia de tributación, lo cual les ha permitido pagar lo mínimo ante el impacto ambiental que han provocado. El proyecto de permitirá recaudar mayores recursos para el país obligando a las empresas a pagar lo que siempre deberían haber cancelado por la extracción de nuestros recursos minerales", sentenció el dirigente.

Gobierno

En el marco de su visita este sábado a la comuna de San Pedro de Atacama, la ministra de Minería, Marcela Hernando señaló que "a diferencia de los anteriores proyectos de royalty, la nueva normativa aprobada permitirá beneficiar no sólo a las zonas productoras, sino que también a comunas vulnerables".

La personera de Estado agregó que "la iniciativa tuvo un apoyo transversal. En el caso de Antofagasta son más de 22 mil millones de pesos que van a llegar a los fondos regionales, que los gobiernos locales y municipios podrán utilizar de forma mucho más flexible, no existiendo limitaciones para su inversión. Es una propuesta que sienta un precedente para la inyección de recursos tanto a nivel regional como comunal".

Cabe destacar, que el Royalty Minero establece un impuesto ad valorem del 1% sobre las ventas de cobre de empresas que superen las 50.000 toneladas de cobre fino, así como un impuesto que oscila entre el 8% y el 26%, dependiendo del margen operativo de la minera. Asimismo, incluye la creación de tres fondos para distribuir fondos entre los Gobiernos Regionales y las comunas mineras, por un total de 450 millones de dólares.