En plena votación general por el pleno del anteproyecto de nueva constitución, se avizora un cambio relevante y sustantivo, respecto del debido proceso judicial, y del procedimiento racional y justo de las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado.

Al respecto, cabe señalar que la regulación actual del debido proceso es escueta, y su contenido esencial ha sido precisado por la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema, destacando la bilateralidad de la audiencia, la prueba, el derecho al recurso, entre otras garantías.

El artículo 17 Nº 5 ter, del proyecto de nueva constitución regula el derecho a un debido proceso, que comprende, por un lado la garantías básicas aplicables en el ámbito judicial o a cualquier órgano que ejerza jurisdicción, que consisten en: (a) el derecho a ser oído y juzgado por un tribunal competente, independiente, imparcial, predeterminado por ley y establecido con anterioridad a la ocurrencia de los hechos, señalando que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales.

A lo anterior se debe agregar, que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe ser motivada y fundada en un proceso previo, legal y oportunamente tramitado. Y a su vez, la sentencia debe ser dictada en un plazo razonable, con derecho a la ejecución y al respeto a la cosa juzgada.

Si bien lo antes expuesto constituye un claro avance respecto de la norma vigente, por cuanto, específica el contenido del debido proceso, cuestión que no ocurre con la norma actual, obligando a que las sentencias sean fundada, legales y oportunas, dictadas en un plazo razonables. De más esta decir que una sentencia sin fundamentos claros o inoportuna afecta el debido proceso, la justicia y, por ende, la inviolabilidad de la dignidad humana.

Pero el avance más destacable, a nuestro juicio, consiste en consagrar normas especiales para garantizar el debido procedimiento administrativo ante los órganos de la Administración del Estado. En efecto, el proyecto incorpora como contenido de un procedimiento racional y justo, la existencia de garantías que posibiliten que las actuaciones, procedimientos y decisiones sean racionales y justas. A ello, se debe agregar que los órganos de la Administración del Estado, debe otorgar un trato digno, deferente, transparente, oportuno y objetivo, a los ciudadanos y a los interesados que participen en un determinado procedimiento.

Por otra parte, es importante que se eleve a rango constitucional la obligación que las decisiones que emanan de la Administración deben ser debidamente fundadas, esto es, que sean racionalmente legítima, que provengan de la arbitrariedad o del mero caprichos, sino que contengan una razonamiento objetivo. También, es relevante consagrar como parte del debido procedimiento racional y justo, el derecho a impugnar a la decisiones administrativas, a fin que no quepa duda que los actos públicos son impugnables y sujetos a control.

Finalmente, en cuanto al ejercicio de la potestad sancionatoria, señala el proyecto que el ejercicio de los poderes correctivos y sancionadores administrativos estará sometido a criterios de legalidad, eficacia, proporcionalidad e igualdad ante la ley.

Como se puede apreciar, el proyecto de nueva constitución se hace cargo del desarrollo que tanto el legislador, como la doctrina y la jurisprudencia, han efectuado respecto de los elementos de un debido procedimiento administrativo racional, justo y eficiente, a fin de garantizar a las personas el derecho a la tutela judicial efectiva.

Después de una semana en la que el PPD estuvo en el ojo del huracán, primero por las críticas destempladas de su presidenta al Gobierno y luego por la infidencia que una de sus vicepresidentas hizo pública al recordar el rol de la ministra Carolina Tohá en el Caso SQM, la colectividad se reunió ayer para tomar definiciones en su 64 Consejo Nacional.

La principal fue mantenerse en la coalición de Gobierno y proponer ir en una lista única a las elecciones municipales y de gobernadores regionales. Esta lista incluiría al Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad e incluso la Democracia Cristiana.

Para reducir el ruido y las controversias con el Gobierno y la coalición oficialista, la tienda decidió dar paso "a una fase de coordinación a nivel de direcciones políticas y bancadas de alcaldes, concejales, cores, diputados y diputadas, senadores y senadores en la perspectiva de construcción de una nueva estructura que agrupe al Socialismo Democrático".

Además, indicó el PPD, este sería "un modo de reducir la fragmentación de las fuerzas".

La lista única, en tanto, es para "para enfrentar, de mejor modo, las elecciones municipales y regionales del próximo año con una sola candidatura de las fuerzas políticas en cada una de las 16 regiones y en cada una de las 345 comunas del país", definió el partido.

Se trata de "dar una señal de máxima unidad haciendo todos los esfuerzos para seguir cambiando el país, poniendo siempre los intereses y anhelos de las chilenas y chilenos por sobre nuestras diferencias" informó el PPD, que fijó sus elecciones internas para el próximo 27 de agosto.

Cicatriz abierta

En la mañana, la presidenta de la colectividad, Natalia Piergentili, analizó la derrota del oficialismo el pasado 7 de mayo en las elecciones de consejeros constitucionales, donde el PPD quedó sin representación. Recordó que esa vez ir en listas separadas (DC y PPD fueron en la lista Todo por Chile) tenía como objetivo "ampliar la base de apoyo al Gobierno, traer a la DC y revertir la derrota del Apruebo (…) colaborar con el Gobierno y sacarlo de su arrinconamiento".

Sin embargo, continuó, "debemos reconocer que fracasamos y no fuimos capaces de ampliar esa mayoría (...) Los próximos desafíos electorales serán complejos" y "debemos enfrentarlas unidos (... ) Ir separados sería un suicidio".

Aunque reafirmó que el partido ha adherido al Gobierno, Piergentili también reconoció que "no ha sido un camino fácil", porque existen diferencias políticas y de estrategias, pero también "porque el Frente Amplio construyó su identidad criticando nuestra historia lo que ha dejado una cicatriz que aún está cerrando".

A su turno, el exministro Francisco criticó a La Moneda. "Este gobierno se demoró mes y medio en algo obvio: decretar Estado de Excepción en la Macrozona Sur. También se demoró una barbaridad en la infraestructura critica en el norte", afirmó y agregó que "ahora retomamos, creo que gracias a la Carolina (Tohá)". Sobre el Gobierno, comentó: "De qué son sectarios de repente, lo son, pero por sobre ese debate está la amenaza y el futuro de nuestro país".